FA rechazó crear investigadora sobre gestión de la pandemia, pero criticó resultados y estrategia del gobierno

Estas comisiones se crean para analizar “situaciones que se consideren ilícitas o irregulares” cometidas por la administración, pero en este caso el FA no halló “actos ilícitos ni irregulares que ameriten la conformación de la solicitada comisión investigadora”, planteó Preve, y concluyó que “en lo referente a los aspectos jurídicos no hay ilegalidad ni inconstitucionalidad en lo actuado”.

Por último, Preve expresó que “si bien el gobierno implementó medidas económicas para hacer frente a la pandemia, su alcance y magnitud fueron limitados en comparación con la dimensión del problema”. Además, sostuvo que “la decisión de privilegiar el cumplimiento de objetivos fiscales sobre una mayor inversión en protección social llevó a que el país no aprovechara al máximo los recursos disponibles para mitigar el impacto de la crisis en los sectores más vulnerados”. En suma, afirmó, “hubo una respuesta insuficiente en términos sanitarios, de reducción de la pobreza y apoyo a los sectores más vulnerados, dejando en evidencia las restricciones de la estrategia adoptada”.

El informe del Partido Nacional

La Comisión Preinvestigadora ante la que presentó su denuncia Salle —y que estuvo integrada por su padre, Gustavo Salle, el otro diputado de Identidad Soberana, y por Preve y Abdala— tuvo 48 horas, como dispone la normativa, para analizar la documentación aportada por la solicitante.

Abdala rechazó, la noche del jueves 20, la petición de crear la comisión investigadora porque “la diputada denunciante plantea un objeto de investigación de extraordinaria amplitud, el cual desborda los límites de la competencia de las comisiones investigadoras y, aún, la función de contralor y fiscalización del Parlamento, en la medida en que buena parte de los hechos denunciados trasciende las fronteras del territorio nacional”.

El diputado blanco planteó que Salle “no precisó ni individualizó los hechos o actos concretos que estaría proponiendo investigar describiendo, como hubiera correspondido, un objeto razonablemente delimitado”.

El legislador nacionalista expresó también que “carecen de la necesaria evidencia científica como para poder sostenerse” las referencias de Salle acerca de que se “inflaron” las cifras de enfermos, “a la falta de efectividad de las vacunas y su posible correlación con el aumento de la mortalidad, el agravamiento de distintas enfermedades, la disminución de la natalidad, el incremento en un 80% de los abortos espontáneos, los trastornos en el sistema reproductivo de los seres humanos, o las alteraciones genéticas”.

Tras desmontar los argumentos de la denunciante, Abdala defendió la gestión del Poder Ejecutivo: “Se negoció y concretó la compra de vacunas con tal eficacia y acierto que el país se ubicó en el grupo de países con una política de vacunación universal, y entre los de mayor número de dosis administradas cada 100.000 habitantes, con altísimos niveles de testeo, lo que redundó en menos muertes por millón de habitantes en comparación con los países de la región”.

Además, el diputado blanco recordó que “el gasto público social con cargo al Fondo Covid 19” fue de US$ 2.430 millones, de los cuales US$ 807 millones se destinaron a medidas sanitarias, US$ 418 millones a políticas sociales y US$ 1.250 millones al mantenimiento del empleo y de los ingresos.

En contrapartida, Preve cuestionó en su informe la instrumentación de este fondo, al considerar que “fue un instrumento pensado para un momento particular, en el que se requería de flexibilidad para autorizar gastos de tipo excepcional”, pero por el que “se financiaron gastos con carácter más permanente que hubiese sido esperable que se canalizaran por la vía presupuestal”. Por ejemplo, “gastos no asociados a la emergencia sanitaria en medicamentos, recursos humanos en la Administración de los Servicios de Salud del Estado, gastos de los refugios del Ministerio de Desarrollo Social, o incluso tobilleras del Ministerio del Interior”.