La cuota política en organismos de contralor en debate tras el caso de Álvaro Danza

Elegir a los integrantes del principal órgano anticorrupción en el marco de la distribución política “implica asociar las designaciones en la Junta al momento de los cambios en el Gobierno Nacional, lo que no ha sucedido en los veinte años de existencia del organismo”, escribió Gil en la nota dirigida al entonces ministro de Educación, Pablo da Silveira. “Considero que significa un retroceso cuando la conmoción que el fenómeno de la corrupción ha generado en el mundo entero marca el camino opuesto: preservar a los organismos de control de la influencia de la política partidaria para que puedan responder adecuadamente a las exigencias del momento”.

Es curioso el giro que ha dado esta discusión. Porque ahora las voces airadas que reclaman un organismo con un directorio sin peso político —o sin influencia de la política partidaria— provienen del propio Partido Nacional. Entre los blancos, que en la última reunión de directorio analizaron la actuación de la Jutep, hubo molestia con esta aparición en escena de Gil. Fuentes nacionalistas dijeron a Búsqueda que Gil presidió un organismo anticorrupción donde los tres miembros fueron designados por el entonces presidente Tabaré Vázquez y donde dos “eran de pública adhesión a Vazquez (él y Daniel Borrelli) y eso no pareció incomodarlo”.

Como sea, más allá de rumiar esto en privado, hubo salidas públicas reclamando cambios. “Está claro que así la Jutep no puede seguir”, dijo el senador blanco Martín Lema en rueda de prensa. Y agregó: “Sería deseable que cambie hacia una postura mucho más técnica y no tan política”.

En esa línea, el senador colorado Pedro Bordaberry planteó que los miembros de la junta sean actores no vinculados con lo político partidario: exministros de la Suprema Corte de Justicia, del Tribunal de lo Contencioso Administrativo o exministros de los Tribunales de Apelaciones o profesores grado 5 de universidades. ”La Jutep tiene un problema de credibilidad después de lo que pasó; parece estar muy politizada”, planteó el lunes 10 en rueda de prensa.

En el oficialismo, el senador frenteamplista Eduardo Brenta respondió que fue en “el último período de gobierno que se fue a un esquema de integración cuotificada” y recordó que un proyecto de ley presentado en 2020 pretendía sacar a la Jutep de la órbita del Ejecutivo y pasarla al Parlamento.

Y mientras se espera por la fecha para interpelar al ministro de Educación y Cultura, José Carlos Mahía, por los coletazos del caso Danza en la Jutep, los blancos apuntan las baterías contra la presidenta del organismo, Ana Ferraris, por una “conducta parcializada recurrente”, según fuentes consultadas por Búsqueda. A Ferraris le atribuyen una actitud de “notoria parcialidad” y le recuerdan un “bloqueo constante” de asuntos durante su gestión como vocal en la pasada administración. Ferraris ingresó en 2022 y tuvo cruces con la entonces presidenta, Susana Signorino, y con el vice, Guillermo Ortiz. En este período, además del caso Danza, los blancos señalan que se “extralimitó” en catalogar como acto de corrupción una designación del intendente de Salto, Carlos Albisu, en un cargo de confianza.

En el período pasado, Ferraris denunció que la mayoría, entonces controlada por blancos y cabildantes, era la que encajonaba expedientes que podían complicar a dirigentes oficialistas. Incluso, sostuvo que por dos a uno aprobaron una resolución poco antes de la campaña electoral con el objetivo de tratar casos que solo afectaban a frenteamplistas.

El rechazo a la cuota política

El titular de la asociación civil Uruguay Transparente, Pedro Cribari, dijo a Búsqueda que la organización tiene “desde hace años” una posición de “rechazo a la cuotificación partidaria” de la Jutep. Añadió que es una “buena oportunidad para modificar la forma de integración”.

El abogado Diego Gamarra, experto en Derecho Constitucional y docente en la Universidad Católica, sostuvo que designar a los miembros de la Jutep y de los otros organismos mediante la “cuota política no tiene ningún sentido”. Es una manera de “deslegitimar” a esas instituciones y sus decisiones.

La normativa actual exige que el Directorio de la Jutep será integrado por personas propuestas por el Poder Ejecutivo, cuya venia debe ser aprobada por tres quintos del Senado. Si bien ese mecanismo busca que los partidos políticos deban alcanzar acuerdos, lo que podría facilitar la elección de personas “adecuadas, con cierta imparcialidad”, eso no siempre sucede, opinó Gamarra. “No digo que en general no lo sean, sino que funciona por turnos; no hacen acuerdos genuinos”.

Hay un problema de “cultura política”, opinó Gamarra. “No hay demasiadas respuestas procedimentales, es más un tema de cultura política y de acuerdos”.

“Si los acuerdos son un toma y daca, termina degenerando el sistema”, añadió.

De hecho, hay otros organismos que tienen más independencia administrativa del Poder Ejecutivo que también caen en el reparto de cargos. La posible nueva integración del Tribunal de Cuentas es desde hace tiempo objeto de negociaciones entre los partidos, que no logran acordar cambios que contemplen todos los intereses en juego.

Mientras tanto, el desempeño del tribunal despierta críticas políticas. El Frente Amplio considera que en ese órgano de contralor, presidido por el exsenador nacionalista Francisco Gallinal, se “hace política”. Las controversias sobre su funcionamiento tampoco son nuevas. Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez (2015-2020), la compra de un avión presidencial provocó observaciones del organismo que, después de un cambio de integración del tribunal, fueron levantadas. La oposición de la época criticó con dureza esos manejos.

La falta de acuerdos entre los partidos explica, además, que la Fiscalía General esté a cargo de la fiscal subrogante Mónica Ferrero y no se haya podido designar a un titular desde la renuncia de Jorge Díaz en 2021.

“Es terrible” que los políticos no se pongan de acuerdo para designar a “una persona seria, con cierta distancia de la política, que asegure hacer las cosas bien”, lamentó Gamarra.