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La “junta anticorrupción” recibe una decena de denuncias contra intendencias de Montevideo y Canelones
El directorio, con mayoría oficialista, definirá este jueves si cambia el criterio anterior y analiza casos dentro del plazo de 90 días previos a las elecciones
Gabriela di Longo, presidenta de la Jutep. Fotos: Mauricio Zina / adhocFOTOS
La reunión del jueves de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) incluye un punto que promete un debate duro entre sus integrantes: el alcance del artículo 18 de la denominada ley cristal. El directorio deberá decidir si acepta y avanza sobre denuncias de presunta corrupción contra políticos dentro de los 90 días previos a la elección, o mantiene la interpretación jurídica vigente que implica recibirlas pero no tratarlas.
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La discusión en la “junta anticorrupción“, donde el oficialismo tiene mayoría, se producirá a dos meses de las elecciones y con un condimento que da más peso a la definición: en los últimos 20 días recibió una decena de denuncias que en alguna medida involucran a los integrantes de la fórmula presidencial del Frente Amplio, los exintendentes Yamandú Orsi y Carolina Cosse.
Desde el 30 de julio hasta este miércoles, la Jutep recibió seis denuncias contra la Intendencia de Montevideo y cuatro contra la de Canelones, dijeron a Búsqueda fuentes de la junta. Algunos casos involucrarían directamente a Orsi y otros a Cosse, aunque también hay denuncias sobre episodios posteriores a sus respectivas renuncias para encarar la campaña. La intendencia de Salto, también en poder del Frente Amplio, fue objeto de una denuncia.
Entre las denuncias contra Orsi y la intendencia de Canelones están las que presentó el diputado Alfonso Lereté. El legislador aseguró que hubo más de 500 ingresos directos a la intendencia, la que “deja en tela de juicio su accionar, la ética y el buen decoro, abonando la tesis del clientelismo, el amiguismo y la corrupción“. Esa afirmación es disputada por las autoridades departamentales, que entregaron a El País datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil que controvierten la cifra presentada por Lereté.
Varias acusaciones llegaron al organismo después de que la Jutep resolviera, a fines de julio, enviar a Fiscalía un informe de su asesoría letrada sobre presuntas irregularidades cometidas en la Intendencia de Florida, dirigida por Guillermo López (Partido Nacional). En esos días, además, varios jerarcas de la Intendencia de Artigas, también gobernada por los blancos, fueron condenados por diversos delitos contra la administración pública.
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Yamandú Orsi y Carolina Cosse previo a la entrega del documento de reforma carcelario en el Palacio Legislativo en Montevideo, agosto 2024.
Mauricio Zina / adhocFOTOS
Análisis de los artículos
En el orden del día de la sesión de este jueves, el Directorio de la Jutep tiene un punto dedicado al análisis del artículo 18 de la ley cristal, que junto con el 38 refiere a la recepción de denuncias y su análisis en los 90 días previos al acto eleccionario.
La norma establece en su artículo 38 que “la Junta Asesora no recibirá denuncias contra funcionarios que hayan presentado declaración jurada y se postulen a cargos electivos ni procederá a la apertura de sus sobres dentro de los noventa días anteriores al fijado para el acto eleccionario”. Agrega que si las denuncias fueron hechas antes de los 90 días, “es obligación” del organismo “dictar resolución en el caso con una anticipación de por lo menos 30 días al acto eleccionario”.
El artículo 18 dice que “si durante el año electoral se formula una denuncia o se procede a la apertura del sobre por cualquiera de las causales indicadas en el artículo 15“, vinculado a las declaraciones juradas, “referente a un funcionario que se postule a cualquier cargo electivo, el interesado podrá urgir a la junta a que dicte la resolución con una anticipación de, por lo menos, treinta días al acto eleccionario. La junta no recibirá denuncias dentro de los noventa días anteriores al acto eleccionario“.
Una de las dudas que surgen de la redacción de los artículos es que ambos mencionan las denuncias vinculadas con las declaraciones juradas de bienes y no en términos generales, informó el 7 de agosto Búsqueda.
Consultados sobre su posición, la presidenta de la Jutep, Gabriela di Longo (Cabildo Abierto), y el vicepresidente, Guillermo Ortiz (Partido Nacional), dijeron que no adelantarían su voto ni sus argumentos.
Di Longo dijo a Búsqueda a comienzos de agosto que la ley establece que la junta debe tratar en particular los casos de denuncias presentadas antes del plazo de 90 días que refieran “a candidatos” y que hoy las únicas en carrera son las fórmulas presidenciales.
La vocal Ana Ferraris (Frente Amplio) dijo a Búsqueda esta semana que le preocupa el camino que está recorriendo la Jutep. “No es serio estar discutiendo el sentido y el alcance del artículo 18 a 60 y pocos días de las elecciones, mientras corren los 90 días“, dijo. “En todo caso, si alguien tenía un conflicto con la norma, lo tendríamos que haber discutido antes“.
“Me parece una barbaridad, que es una prueba más del mal manejo que se está haciendo desde la conducción de la Jutep“, dijo Ferraris. Recordó que dos semanas atrás la mayoría oficialista cambió un criterio, según el cual la junta no investiga casos mientras están en Fiscalía, para poder reactivar dos expedientes contra integrantes del Frente Amplio.
“Todo esto en campaña electoral no huele bien“, cuestionó.
Las últimas decisiones de la Jutep también provocaron críticas de su expresidente Ricardo Gil Iribarne. Las autoridades actuales del organismo están “pensando en algo que no es la sanidad ética del país, sino en los intereses partidarios“, declaró a Informativo Sarandí. “Los hechos de estos últimos días no me dejan sacar otra conclusión“.
Interrogado por los periodistas, Gil dijo que su posición se basaba en hechos: “Hace tres días se cambió el criterio histórico de aplicar un decreto y se lo interpreta para no hacer lo que el decreto dice que hay que hacer; cuando el mismo día, en base a esa decisión que se acaba de tomar, está tibiecita, se eligen dos expedientes vinculados a la oposición y se los saca para darle prioridad cuando hay doscientos; cuando en la misma semana se plantea otro cambio de interpretación de una norma legal, para poder admitir en los 90 días previos a las elecciones denuncias contra los candidatos, cosa que también está clarísima que no se puede hacer (...) cuando dentro de los 90 días se recibieron cuatro denuncias contra la Intendencia de Canelones, que estuvo a cargo de un candidato, y contra la Intendencia de Montevideo, que estuvo a cargo de otro candidato (...). No me cambies criterios en períodos electorales. Me parece que esos son cambios intencionales“.
Gil dijo a Búsqueda que la ley es clara en cuanto a que la Jutep no puede recibir denuncias contra los candidatos en los tres meses previos a las elecciones.
