La Secretaría Antilavado dice que hay un “aumento exponencial de los delitos vinculados” al crimen organizado

Esa solicitud, iniciada en febrero, cuenta con un informe negativo de la Asesoría Jurídica de la Prosecretaría de la Presidencia, según el expediente al que accedió Búsqueda.

Chediak se reunió en febrero de este año con la prosecretaria Mariana Cabrera para plantearle que quería llenar esos cargos antes del cambio de gobierno y quedó con la tarea de presentar algún mecanismo para cumplir el objetivo.

La idea inicial que presentó la secretaría era aprobar un proyecto de ley interpretativo del artículo de la Rendición de Cuentas para poder ocupar esos cargos con personal que ya trabaja en la oficina en régimen de pase en comisión.

La Oficina Nacional del Servicio Civil no puso reparos legales a la iniciativa. Con ese primer informe favorable, la Senaclaft elevó un borrador de proyecto de ley con una larga exposición de motivos y un artículo único.

El documento recuerda que dentro de las “principales vulnerabilidades” del sistema antilavado, según expertos locales y extranjeros, está el hecho de que la Senaclaft “no cuenta aún con la estructura organizacional, ni con los recursos humanos y materiales” necesarios para cumplir bien con sus funciones. Esto afecta la capacidad de controlar el sistema y de colaborar con las investigaciones que desarrolla la fiscalía especializada en el tema. De hecho, señala la secretaría, la última evaluación nacional expuso los escasos resultados obtenidos en el combate al blanqueo. Y añade que todos los funcionarios con los que cuenta la oficina tienen formación en el área, pero están en comisión, lo que expone al organismo a que “sean solicitados por sus organismos de origen o sujetos a los avatares de los cambios de gobierno”.

El borrador advierte que el funcionamiento del sistema antilavado no mejoró. “Las vulnerabilidades antes referidas se han visto potenciadas por la presencia de lo que aparentemente es el primer cartel de drogas uruguayo y el aumento exponencial de los delitos vinculados a la criminalidad organizada, lo que evidencia un cambio en la matriz delincuencial, lo que ha generado una fuerte presión sobre el sistema” y el “reclamo constante por parte de la academia, los especialistas y los organismos internacionales, solicitando mayores controles relacionados con el lavado de activos y sobre todo mayor represión del mencionado delito, para contrarrestar el crecimiento del crimen organizado”.

El documento dice que, además de investigar los casos que llegan, la Senaclaft debe “robustecer el sistema preventivo” para “lograr una temprana detección” del delito, explica. “Nuestro país cuenta con un importante desafío en lo que respecta al número de los Reportes de Operaciones Sospechosas en el Sector no Financiero, que requiere de medidas en el corto plazo”.

El borrador recuerda que Uruguay se comprometió con los organismos internacionales a tomar medidas para mejorar su desempeño en el combate al lavado, para lo cual debe tomar diversas acciones, una de ellas es estructurar a la Senaclaft. “Desde la última evaluación mutua (año 2019) a la fecha se viene postergando lo que ha sido una clara recomendación (junto con otras) marcada por los evaluadores, que en caso de no ser cumplidas en un futuro cercano pueden traer un sinnúmero de consecuencias negativas para el país”, advierte.

El artículo que acompaña a la exposición de motivos establece que se interpretará la Rendición de Cuentas “en el sentido de que los funcionarios que se desempeñan” en la secretaría podrán ser “incorporados” a los cargos creados.

Doble negativa

La Asesoría Jurídica de Presidencia entregó a la prosecretaria, en abril, un informe en el que se opone a la solución propuesta por la Senaclaft.

La “ley interpretativa” no es el camino “idóneo para el fin perseguido”, dice el documento, porque “la norma que se pretende interpretar no contiene previsión alguna respecto al mecanismo por el cual serán ocupados los cargos creados por la misma” norma. Y agrega: “Mal puede interpretarse algo que no existe”.

El informe reconoce que hay “múltiples antecedentes de incorporación de funcionarios que se encuentran prestando funciones en régimen de pase en comisión en el Estado” mediante leyes, pero no con “carácter interpretativo”.

A su vez, recomienda, en caso de avanzar, analizar con cuidado si esa iniciativa viola la Constitución. Señala en particular los artículos 8 y 60; el primero consagra la igualdad de derechos, mientras que el segundo refiere a la carrera funcional en el Estado.

El propio Chediak, que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia, elaboró una respuesta al informe crítico de la Asesoría Jurídica de Presidencia. Reconoció que era una medida excepcional, pero agregó que la historia de Uruguay está “plagada de normas de carácter excepcional que fundan su sanción en cuestiones de interés general”. Insistió en que el pedido de la Senaclaft de presupuestar 15 cargos a pocos meses del cambio de gobierno responde al interés general, porque apunta a fortalecer al organismo de combate al lavado de activos.

Sobre el final de su respuesta, Chediak sugiere a la prosecretaria que, para salvar las objeciones de la asesoría, podría cambiar la redacción del proyecto sin mencionar el “carácter interpretativo” de la propuesta.

La asesoría, sin embargo, no aceptó la nueva argumentación de la Secretaría Antilavado ni la redacción alternativa. Sostiene en una breve respuesta dirigida a la prosecretaria que el escrito de Chediak no levanta sus objeciones, por lo cual “ratifica lo expresado oportunamente”. Y en cuanto a la reformulación del artículo único, la asesoría “informa que no merece observaciones diferentes a las oportunamente formuladas”.