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    Con YPF en sus manos, Fernández gana retos y es comparada con Chávez

    Río de Janeiro. (Gerardo Lissardy, corresponsal para América Latina). Al pasar su pluma para firmar el decreto que intervino la petrolera YPF, la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, se aseguró de hecho el lunes 16 el control de la mayor empresa de su país aun antes de nacionalizarla por ley, en medio de aplausos y gritos de aprobación del grupo que acompañó el anuncio en la Casa Rosada. Pero diversos analistas advierten que los beneficios económicos y políticos que pueda traerle esa medida a nivel doméstico estarán al menos matizados por la lista de problemas que compró con esa medida, que incluyen una nueva hostilidad con un gobierno influyente en el mundo; otra ola de críticas, advertencias y juicios internacionales; el riesgo de haber espantado aún más a los inversores externos, y el enorme desafío de desarrollar el sector energético de ese país con una economía cada vez más cerrada y regulada.

    Fernández procuró cargar de simbolismo el acto en el Salón de la Mujer de la sede presidencial, donde confirmó todos los rumores que circulaban desde hace días sobre la eventual expropiación de la petrolera que controlaba la empresa española Repsol. Lo hizo vestida de negro, por el luto que mantiene desde hace 18 meses tras la muerte de su marido, el ex presidente Néstor Kirchner. A su espalda se veía una imagen de Eva Duarte de Perón enfocada constantemente por las cámaras de la cadena que transmitió su discurso de casi una hora. Y en el grupo de ministros, funcionarios y militantes que participaron activamente del evento, casi como si se tratara de un espectáculo deportivo, destacaba el vicepresidente Amado Boudou, involucrado en un escándalo por sospechas de corrupción que él rechaza.

    Pero la decisión de la presidenta argentina trasciende ampliamente el terreno de los símbolos. El decreto que declaró de utilidad pública y sujeto a expropiación el 51% del patrimonio de YPF es considerado como una de las mayores nacionalizaciones en el área de la energía a escala planetaria desde hace casi una década, cuando Rusia tomó control de la petrolera Yukos. El proyecto de ley que consagra esa nacionalización fue enviado el mismo lunes al Congreso, donde su aprobación es considerada segura ya que Fernández tiene mayorías, mientras los interventores nombrados por la mandataria se hacían cargo de la empresa y directivos españoles eran expulsados de su sede. El gobierno español reaccionó con una declaración de ruptura de “la relación de amistad y cordialidad” con Buenos Aires.

    Para algunos analistas, todo esto significa que Argentina atravesó definitivamente una barrera que hasta ahora su actual gobierno había evitado pasar, asemejándose un poco más al modelo económico impulsado por el presidente venezolano Hugo Chávez, que ha nacionalizado casi toda la industria petrolera de su país, y distanciándose de la economía de mercado basada en el respeto a las inversiones y reglas de juego claras.

    “El modelo kirchnerista desde 2003 no ha sido amigable con el sector privado; sin embargo siempre se preocuparon por diferenciarse del modelo chavista y vieron ciertas líneas que no se podían cruzar. Pero con esto de YPF cruzaron la línea de expropiaciones”, dijo Boris Segura, estratega principal para América Latina de Nomura Securities, en declaraciones a Búsqueda. “El problema con estos temas es que sabes dónde empiezas pero no sabes dónde terminas… Hoy fue YPF, dentro de seis meses pueden ser las empresas productoras de electricidad, dentro de un año pueden ser las cerealeras. ¿Qué evita que se profundice ese tipo de políticas?”, preguntó.

    “El pato de la fiesta”

    Antes de YPF hubo por cierto otras nacionalizaciones de empresas bajo las presidencias del matrimonio Kirchner y Fernández: en 2008 fueron los fondos privados de pensiones y Aerolíneas Argentinas, en 2006 Aguas Argentinas y en 2005 Correo Argentino. Pero la medida respecto a la petrolera tiene un valor particular, en primer lugar por el peso de esa empresa para la economía del país.

    Repsol controlaba YPF desde 1999, en el marco de un proceso de privatización iniciado por el ex presidente Carlos Menem y apoyado por Kirchner, entonces gobernador de la provincia petrolera de Santa Cruz. La empresa española pagó ese año U$S 13.158 millones para lograr la adquisición y hasta esta semana tenía 57,4% de la compañía argentina.

    Uno de los puntos inciertos que dejó la medida de Fernández es cuánto va a pagar el Estado argentino a Repsol por la expropiación de YPF, o de dónde va a provenir ese dinero. Repsol afirmó el martes que espera cobrar U$S 10.500 millones por su parte en la petrolera. Pero la presidenta dejó en manos del Tribunal de Tasaciones de su país la determinación del monto a pagar y el viceministro argentino de Economía, Axel Kicillof, descartó que la suma pueda llegar a esa cifra. “El costo de la empresa vamos a tener que conversarlo”, dijo. Un punto clave aquí es que el valor de mercado de YPF cayó al menos 40% este año debido a los rumores que circulaban en Argentina, alentados por el gobierno y gobernadores provinciales, sobre su posible expropiación. Las acciones de la empresa llegaron a derrumbarse 19% en Wall Street solo el lunes con el anuncio de la expropiación.

    Todo esto augura que la disputa se dirimirá en tribunales internacionales. El presidente de Repsol, Antonio Brufau, acusó a Argentina de buscar “tapar la crisis social y económica que está enfrentando” y anunció que llevará el caso al Tribunal Internacional de Arbitraje del centro de disputas internacionales sobre inversiones (Ciadi) que funciona en la órbita del Banco Mundial. Sin embargo, diversos analistas han notado que Argentina es un visitante conocido de ese centro internacional: las demandas contra el país sudamericano suman un cuarto del total de casos que allí han sido presentadas.

    Argentina ya ha esbozado argumentos de su defensa. La línea central es que la expropiación es de interés público debido a la falta de inversiones y pérdida de productividad en un sector estratégico. Fernández sostuvo en su discurso del lunes que en materia de combustibles su país pasó de tener un superávit de U$S 6.000 millones en 2006 a un déficit de U$S 3.000 millones el año pasado, cuando debió importar casi U$S 10.000 millones de hidrocarburos. “Somos el único país de América y casi del mundo que no maneja sus recursos naturales”, sostuvo. “De proseguir esta política de vaciamiento, de no producción, de no exploración, nos toparíamos con un país inviable”. Su gobierno afirma que Repsol es responsable por esta situación, porque lo acusa de repartir casi la totalidad de sus utilidades entre sus accionistas en lugar de invertirlas en el país.

    Pero la empresa española sostiene que el año pasado invirtió U$S 3.057 millones, un monto récord desde que controla YPF. La diputada argentina Elisa Carrió recordó por su parte que el propio representante del Estado en el Directorio de la petrolera votó a favor del reparto de utilidades entre accionistas. Y Segura afirmó que el deterioro de la balanza comercial energética en Argentina se debe en buena medida a los subsidios y regulaciones del gobierno que favorecieron el consumo en momentos de fuerte crecimiento económico. “En lugar de atacar los problemas del ambiente regulatorio para el sector energético o el tema de los subsidios, es muy fácil encontrar un chivo expiatorio: el pato de la fiesta fue YPF Repsol”, dijo. A su juicio, la expropiación respondió más bien a un cálculo político a corto plazo de Fernández para detener la caída en la popularidad que tuvo en los últimos meses.

    “¿Alguien estará dispuesto?”

    En cualquier caso, los especialistas son escépticos respecto a la posibilidad de que YPF pueda mejorar su desempeño tras ser nacionalizada. Un reto inmediato del Estado argentino, de acuerdo a la propia argumentación del gobierno, será recapitalizar YPF en términos de inversión.

    Sin embargo, como notó un ex funcionario de alto rango de la empresa venezolana PDVSA consultado por Búsqueda, es difícil que esa inversión multimillonaria provenga de un Estado como el argentino, con baja capacidad de ahorro. “El problema se va a agravar. La única forma de solucionarlo en el corto plazo es abrir YPF a inversión privada y que entren capitales. Pero se está yendo en dirección contraria”, notó el experto, que actualmente trabaja como consultor internacional en temas de petróleo y prefirió hablar sin dar el nombre por lo delicado del tema. “Después de esta medida, de haber forzado la situación hasta el límite con los españoles y haberlos expropiado, ¿alguien estará dispuesto a invertir en YPF en el caso de que se abra?”, interrogó.

    Argentina enfrenta además el desafío de desarrollar las grandes reservas de petróleo y gas shale (no convencional) que ha descubierto en los últimos tiempo, consideradas entre las más grandes del planeta. Pero en estos sectores las recompensas recién aparecen a mediano plazo y requieren capital con garantía de retorno por lo menos en cinco años. Los especialistas creen que además de ahuyentar a potenciales inversores extranjeros que pudieran estar dispuestos a realizar esa apuesta, la nacionalización de YPF podría generar una falta de tecnología y conocimiento, que suelen ser aportados por el sector privado.

    El proyecto de ley de expropiación señala que YPF recurrirá a fuentes de financiamiento “internas y externas y a la concertación de asociaciones estratégicas, uniones transitorias de empresas y todo tipo de acuerdos con otras empresas públicas, privadas o mixtas, nacionales o extranjeras”. Algunos han especulado con que el grupo estatal petroquímico chino Sinopec podría estar interesado en participar en el negocio. Medios del país asiático y británicos han informado que Sinopec mantenía conversaciones reservadas desde hace tiempo para comprar a Repsol su parte de YPF, pero la decisión argentina de esta semana habría acabado con esa posibilidad.

    Otro dato que pone en duda la productividad de una YPF en manos del Estado argentino es la futura composición de su capital accionario. De acuerdo al proyecto oficial, el 51% del patrimonio de la empresa expropiado se repartirá casi en mitades entre el gobierno central (51%) y provincias (49%). Eso podría restar capacidad de decisión y ejecutividad a la empresa, y abrir nuevas ventanas por las cuales filtrar consideraciones políticas y no técnicas a la hora de tomar decisiones estratégicas.

    “Profundo malestar”

    La expropiación de YPF expuso nuevamente a Argentina al riesgo de represalias desde el exterior. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, manifestó esta semana su “profundo malestar” por la medida del país sudamericano y sus ministros indicaron que estudian medidas de respuesta. La nacionalización ha sido criticada también por la Comisión Europea e incluso por México, cuyo presidente Felipe Calderón advirtió que puede dañar futuras inversiones en Argentina. En cambio, fue respaldada por el gobierno de Hugo Chávez.

    Sin embargo, aún existe incertidumbre sobre las medidas que podrían tomar Madrid o Europa contra Argentina. El país sudamericano goza de un superávit comercial con España, pero eventuales decisiones para cortar ese intercambio podrían ir contra las normas de la Organización Mundial del Comercio. Y Buenos Aires tiene una vasta experiencia reciente en litigios con el exterior desde que en 2002 decidió dejar de pagar su deuda soberana y más recientemente adoptó una serie de medidas proteccionistas.

    De hecho, la expropiación de YPF reforzó la idea de que el gobierno de Fernández desafía varias reglas de la economía de mercado. Esta misma semana, el Fondo Monetario Internacional reclamó a Argentina que mejore sus datos de inflación y crecimiento económico, que para diversos observadores son manipulados. El organismo internacional previó una expansión del PBI argentino de 4,2% este año y 4% el año próximo, bastante por debajo del 8,9% registrado el año pasado. Arturo Rojas, socio de Analistas Financieros Internacionales, una consultora basada en Madrid, dijo que en este contexto la nacionalización de la petrolera “tiene un componente de actuación populista” por parte de Fernández. “A la vista de la evolución de reservas o del potencial de negocios que hay en Argentina”, agregó, “que el gobierno tome una decisión de ese tipo es una señal muy poco positiva para las inversiones extranjeras”.

    Fuera de Fronteras
    2012-04-19T00:00:00