Como fundamento de la iniciativa, el texto sostiene que la expansión de los entornos digitales está configurando “una nueva realidad social, educativa, cultural y relacional”. Según el documento, estas tecnologías ya forman parte de la manera en que las personas “se comunican, aprenden, trabajan, juegan, se informan, construyen identidad, participan y se vinculan”.
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Pablo Vignali / adhocFOTOS
También advierte sobre riesgos vinculados a “la exposición de datos, la privacidad”, la violencia digital, la circulación no consentida de imágenes, los contenidos dañinos, la discriminación y “la interacción con sistemas de inteligencia artificial”.
El documento señala, además, que muchos de los problemas que aparecen en estos entornos “no son completamente nuevos”, pero adquieren “nuevas escalas, velocidades y formas de persistencia”. Entre otros fenómenos, menciona la viralización de contenidos, el tratamiento masivo de datos, la personalización algorítmica y el desarrollo de la IA generativa.
Por esa razón, sostiene que la consulta busca evitar “respuestas simplificadas” y que el debate no puede reducirse a estar “a favor” o “en contra” de la tecnología ni a elegir entre “prohibir” o “permitir”. En cambio, plantea que no todos los casos son iguales y que hay que tener en cuenta las diferencias entre edades, los contextos y sus usos.
Goñi entiende que la consulta permitirá incorporar información que hoy no está disponible para el sistema político. “Es la primera consulta en Uruguay. Yo conozco un solo lugar en el mundo donde se haya hecho algo parecido que es el Reino Unido. Todos los actores involucrados van a participar y van a decir cosas nuevas”, afirmó a Búsqueda.
Qué se preguntará sobre inteligencia artificial
Goñi explicó que la consulta también buscará conocer cómo se está utilizando la IA en distintos ámbitos y qué demandas surgen desde la sociedad. “Vamos a preguntar para qué se usa, cómo se usa, de qué sirve. En los docentes, por ejemplo, en qué les sirve y en qué no les sirve. Qué pasa con los derechos de autor, con los exámenes, con los usos permitidos. Todo eso es inteligencia artificial”, señaló.
A su juicio, el debate no debe quedar reducido a restricciones. “Cuando hablo de abordar regulatoriamente la inteligencia artificial no estoy hablando solamente de prohibiciones”, sostuvo.
El legislador considera que uno de los hallazgos que puede surgir del proceso es la necesidad de fortalecer la formación en estas tecnologías. “Estoy convencido de que formar en capacidades de inteligencia artificial hoy es como aprender a leer y escribir. Hay que poner recursos ahí porque va a marcar diferencias enormes”, afirmó.
La inclusión de los jóvenes
El documento prevé distintas modalidades de participación para asegurar “amplitud, diversidad, profundidad y utilidad de los aportes”. Entre ellas habrá una “consulta abierta digital” a través de la Plataforma de Participación Ciudadana Digital para recibir opiniones de distintos públicos, además de “mesas de intercambio, talleres, encuentros técnicos y espacios sectoriales”.
También prevé “espacios específicos con adolescentes”, diseñados con “lenguajes, tiempos, mediaciones y salvaguardas adecuadas”. Según el texto, la participación de niñas, niños y adolescentes “deberá desarrollarse mediante formatos adecuados a su edad, contexto, lenguaje, autonomía progresiva y condiciones de protección”. También señala que “se buscará que su participación sea significativa, segura y no meramente simbólica”.
Goñi dijo que la inclusión de los jóvenes es uno de los elementos más novedosos de la propuesta. “Los adolescentes van a decir cosas que los padres no van a decir. Van a aportar cosas distintas a los especialistas y a los docentes”, sostuvo.
Sin embargo, aclaró que la consulta no supone que todas las opiniones tendrán el mismo peso en la toma de decisiones. “Si un pediatra te dice que hay daños irreversibles en determinadas capacidades, eso también tiene un valor. Lo importante es escuchar todas las perspectivas”, indicó.
El legislador insistió, además, en que la regulación de estos temas requiere involucrar a quienes después deberán aplicar o convivir con las medidas que eventualmente se adopten. “Está demostrado que, si los padres no se meten, los docentes no se meten y los niños no se meten, no es posible. Las reglas funcionan mejor cuando quienes van a vivir con ellas participaron de su construcción”, afirmó.
De junio a noviembre
Una vez lanzado, el cronograma prevé que entre julio y setiembre se desarrollará la fase de “consulta abierta”. Durante octubre se realizará el “análisis y validación” de los resultados, mientras que noviembre estará dedicado a la presentación del “Informe final con insumos para deliberación parlamentaria”.
El documento establece que los aportes podrán utilizarse para “identificar riesgos y oportunidades”, detectar “vacíos regulatorios”, “distinguir responsabilidades entre familias, centros educativos, plataformas, organismos públicos y comunidad” y “definir posibles líneas de acción legislativa, no legislativa, educativa, preventiva o de coordinación”.
También señala que servirán para “fortalecer capacidades de ciudadanía digital e inteligencia artificial”, “orientar futuras agendas parlamentarias, políticas públicas o instancias de cooperación interinstitucional“ y “generar aprendizajes metodológicos sobre participación pública en temas complejos”.
“Nos va a permitir identificar dónde están las mayores oportunidades que hay que facilitar y dónde están los daños más claros. En algunos casos habrá que generar restricciones. En otros, tal vez la mejor respuesta sea una capacitación más efectiva”, afirmó Goñi.
Al ser consultado sobre el presupuesto que demandará el proceso, el presidente de la Cámara de Diputados afirmó que hoy “sobre la mesa, costo adicional no hay” y explicó que las distintas instituciones que participarán de la consulta ya desarrollan actividades vinculadas al tema y por eso no se requiere de inversión. Sin embargo, admitió que podrían aparecer algunos gastos más adelante, ya que “algunos me pueden pedir una encuesta más, unos talleres más”. Sobre quién financiará la iniciativa, respondió que será “el Parlamento”.
El Reino Unido endurece el control sobre las redes sociales
La iniciativa uruguaya toma como una de sus referencias la experiencia del Reino Unido, que este lunes anunció que prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años.
La medida, impulsada por el gobierno de Keir Starmer, alcanzará a plataformas como TikTok, Instagram, Facebook, Snapchat, YouTube y X, y prevé mecanismos de verificación de edad para impedir el acceso de niños y adolescentes.
Embed - Reino Unido prohibirá las redes sociales a menores de 16 años
El gobierno británico justificó la decisión por la preocupación creciente sobre los efectos de las redes sociales en la salud mental y el bienestar de los menores.
La decisión surgió tras un amplio proceso de consulta pública nacional que reunió más de 116.000 respuestas.
En ella, un 91% de los padres que respondieron declaró apoyar una prohibición de las plataformas para los menores de 16 años.
