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Uruguay habilita los primeros ‘sandboxes’ de IA y datos, un paso previo a una futura regulación tecnológica
Un decreto crea entornos controlados de prueba y espacios de datos para experimentar con proyectos basados en inteligencia artificial, bajo supervisión estatal y con garantías en derechos y protección de datos
El Poder Ejecutivo aprobó el 2 de diciembre un decreto que, por primera vez, habilita espacios regulados para probar nuevas tecnologías. Se trata de los llamados “entornos controlados de prueba”, conocidos como sandboxes regulatorios, y de los “espacios de datos”, dos instrumentos pensados para que proyectos basados en datos e inteligencia artificial (IA) puedan experimentarse en condiciones reales, sin quedar bloqueados por regulaciones que no contemplen este tipo de tecnologías.
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El decreto funciona como un anticipo a la regulación de la IA que Uruguay tiene en agenda. Aunque ese debate todavía no llegó al Parlamento, la norma empieza a dar respuestas a un problema común en todo el mundo: permitir que la tecnología avance sin dejar derechos desprotegidos ni vacíos legales.
Los entornos controlados de prueba son espacios temporales y supervisados donde empresas, startups, organismos públicos, universidades u organizaciones de la sociedad civil pueden probar tecnologías que todavía no encajan completamente en la regulación vigente, pero que tienen potencial de uso real en el futuro.
El decreto los define como “espacios de experimentación temporales puestos a disposición en ámbitos específicos y dirigidos a un público definido, sujetos a la supervisión y control de entidades públicas competentes”.
En otros países esta forma de trabajar ya se usa en áreas como fintech, salud digital o movilidad. En vez de frenar la innovación, el Estado permite hacer pruebas controladas y por tiempo limitado, con reglas y responsabilidades claras.
Flexibilizar
Un punto importante del decreto es que las excepciones regulatorias serán temporales y acotadas. El texto es claro al señalar que estas flexibilizaciones “no podrán vulnerar disposiciones legales o constitucionales vigentes, deberán ser consistentes con las obligaciones en materia de derechos humanos” y estarán bajo la responsabilidad directa de la entidad pública que las otorgue.
Ningún entorno de prueba podrá durar más de dos años, y todos los proyectos deberán incluir evaluaciones de impacto, sobre todo en materia de protección de datos personales, un aspecto sensible cuando se trata de sistemas de IA.
El decreto subraya que la innovación tecnológica debe ir acompañada de principios claros. Entre ellos enumera “equidad, no discriminación, responsabilidad, rendición de cuentas, transparencia, auditoría e innovación segura”, además del respeto a “la dignidad humana, al sistema democrático y la forma republicana de gobierno”.
Uno de los grandes debates internacionales sobre IA tiene que ver con sesgos algorítmicos, decisiones automatizadas opacas y daños difíciles de atribuir, por ejemplo, en diagnósticos médicos asistidos por IA o en sistemas que procesan grandes volúmenes de datos personales. Justamente, una de las preguntas que los sandboxes buscan contestar es quién responde si algo sale mal. El decreto obliga a que cada iniciativa anticipe “la estimación de eventuales perjuicios ocasionados a los sujetos alcanzados por el proyecto, las alternativas de resarcimiento y las garantías adoptadas”.
Computadora
Espacios de datos
Junto con los entornos de prueba, el decreto regula los “espacios de datos”, destinados a la “reutilización de información en poder del Estado y de otros actores” y definidos como infraestructuras “sustentadas en previsiones preexistentes de gobernanza, organización y gestión”.
Estos espacios son un elemento necesario para el desarrollo de la IA, que requiere grandes volúmenes de datos para entrenar modelos. El texto aclara que deberán respetarse “estándares de interoperabilidad, seguridad de la información, datos abiertos y protección de datos personales”, y establece que, “en todos los casos en que se pretenda utilizar información personal, se requerirá la opinión favorable de la Unidad Reguladora y de Control de Datos Personales (URCDP)”.
Un comité para evaluar y monitorear
El decreto crea el Comité Técnico de Evaluación de Entornos Controlados, presidido por la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic) e integrado por la URCDP, el Ministerio de Industria y la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, entre otros organismos.
Este comité será el encargado de definir criterios, evaluar solicitudes, monitorear proyectos y proponer cambios normativos futuros. También podrá convocar a expertos de la academia, el sector privado y la sociedad civil, lo que refuerza un enfoque multisectorial que ya se anticipa como central en la futura ley de IA.
El origen legal: el artículo 75
El germen del decreto está en el artículo 75 de la Ley 20.212, de la Rendición de Cuentas de 2023, que estableció de manera explícita la necesidad de promover estos mecanismos. Allí se indica que “se promoverá la creación de entornos controlados de prueba con el objetivo de poner en práctica proyectos tecnológicos de innovación” y que estos deberán contar con informes técnicos, protocolos de actuación, evaluaciones de impacto y mecanismos de rendición de cuentas. Ese artículo también ordenó que la Agesic elaborara la reglamentación y la elevara al Poder Ejecutivo, un mandato que ahora se materializa con este decreto.
Agesic
La mirada del sector tecnológico
En la Cámara Uruguaya de Tecnologías de la Información (CUTI) ven el decreto con buenos ojos. Su presidente, Amílcar Perea, sostiene que los sandboxes son una herramienta necesaria para que Uruguay no quede rezagado en un escenario tecnológico cada vez más competitivo.
“Desde nuestra inserción global, poder contar con estos instrumentos es más que beneficioso. Estamos hablando de terrenos que hay que recorrer sin restricciones regulatorias que terminen ahorcando la innovación”, señaló a Búsqueda. En ese sentido, subrayó que la IA ya es parte obligatoria del negocio tecnológico: “Hoy la IA es mandatoria en todo lo que hacemos. Es una gran oportunidad para Uruguay”.
Perea ubicó el decreto en un contexto internacional cada vez más competitivo. “Estamos compitiendo en la Champions League del mundo tecnológico. Cerca del 80% de lo que exportamos va a Estados Unidos y al Reino Unido”, explicó, y recordó que hace poco tiempo la CUTI realizó un encuentro con más de 200 CEO del sector para discutir cómo aprovechar las oportunidades y, al mismo tiempo, cómo enfrentar los riesgos asociados a la IA. “Una de las líneas de acción que surgió con fuerza fue justamente impulsar los sandboxes para la innovación”, dijo.
Consultado sobre si el decreto puede leerse como un paso previo a una regulación más amplia, Perea aseguró que “en la cámara conviven empresas nacionales, que son la mayoría, y grandes jugadores internacionales que apuestan a Uruguay”. “Estamos trabajando juntos para entender qué tipo de regulación se necesita porque tiene que ser a favor del desarrollo de la innovación”, afirmó.
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Amílcar Perea, presidente de la CUTI.
Javier Calvelo / adhocFOTOS
En ese punto, marcó distancia con algunos enfoques regulatorios externos. “Hay modelos, como el europeo, que son difíciles de compatibilizar con la innovación porque frenan capacidades. De hecho, Europa hoy enfrenta problemas con esa línea. Nosotros preferimos una regulación que esté a favor del cuidado de la gente y del desarrollo, que promueva el conocimiento y no inhiba la innovación”, sostuvo.
Sobre los tiempos de impacto real del decreto, Perea llamó a tener una mirada estratégica. “Hay que entenderlo como un plan que mira hacia 2026. En tecnología las cosas se necesitan para hoy, pero esto forma parte de un proceso más amplio”, explicó. En ese marco, destacó recientes misiones oficiales enviadas a Estados Unidos junto con autoridades del Ministerio de Industria y agencias de promoción, donde empresas uruguayas interactuaron con organismos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial y la Organización de los Estados Americanos.
“Para que esas oportunidades se concreten, no alcanza solo con los sandboxes. Se necesitan instrumentos, servicios y condiciones para generar propiedad intelectual en Uruguay, y luego venderla al mundo”, señaló. Hoy en día, explicó, cerca del 70% de las empresas del sector son de servicios y venden horas de trabajo, mientras que el 30% desarrolla productos. “La industria quiere mover esa aguja y generar más productos propios desde Uruguay”, indicó a Búsqueda.
