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No solo en fútbol. Argentina es un país de cracs. Los politólogos no son la excepción. Martín D’Alessandro está en la lista corta de mis colegas favoritos. La semana pasada escribió para Búsqueda que Argentina está “al borde del abismo”. Desde luego, me dejó pensando. Puede que tenga razón y que ese gran país esté por dar otro salto al vacío. Por cierto, no soy un experto en el tema. Pero, a veces, cierta distancia geográfica y afectiva puede ser útil. Por eso, antes de tomarme bien en serio las señales de alarma, quiero subrayar aspectos positivos del proceso político argentino. Desde mi punto de vista, si se mira la trayectoria de mediano plazo, es posible advertir tres aprendizajes muy significativos. Empecemos por ahí.
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Primero: consolidación democrática. Hace cuatro décadas que la democracia no se interrumpe. Pese al desastre de 2001, pese a la crisis actual, pese a varios mandatos presidenciales interrumpidos, la regla de oro se sigue cumpliendo: hay elecciones libres y justas. Claro, persisten graves problemas tanto en el plano institucional como en el de las prácticas políticas. En el informe Democracy Index, Argentina (No 50) aparece en la extensa lista de democracias fallidas: la competencia electoral convive con defectos relativamente graves. En esta lista, aclaro, figuran países como EE.UU. (No 30), Italia (No 34) y Colombia (No 53). Los problemas políticos de Argentina no son menores. Pero la democracia, a pesar de todos los pesares, sigue caminando (ver gráfico).
Segundo: rotación de partidos en el gobierno. Argentina pasó de la alternancia entre regímenes democráticos y regímenes autoritarios (desde la década de los 30 a la de los 80) a la alternancia entre partidos (desde mediados de los años 80 hasta ahora). Hubo gobiernos encabezados por el radicalismo (Raúl Alfonsín, Fernando de la Rúa), el justicialismo (Carlos Menem, Eduardo Duhalde, Néstor Kirchner, Cristina Fernández, Alberto Fernández) y Propuesta Republicana (Mauricio Macri). Como resultará obvio, si los partidos gobernantes cambian es porque el electorado no está conforme con ellos. Pero esto, y no lo contrario, es lo normal en los regímenes democráticos.
Tercero: diferenciación programática. Se ha ido esbozando y, si mi interpretación es correcta, también consolidando una competencia política con dos bloques ideológicamente diferenciados: un bloque de izquierda (estatista, con énfasis en la igualdad), de un lado; un bloque liberal (mercadófilo, con énfasis en la libertad), del otro. Durante la elección de 2023 esto ha podido advertirse con claridad: de un lado, Sergio Massa y Myriam Bregman; del otro, Patricia Bullrich y Javier Milei. El caso de Carlos Menem, que viniendo desde la tradición justicialista tradicional lideró durante la década de los 90 uno de los virajes hacia el liberalismo económico más extraordinarios de América Latina (según Susan Stokes, “neoliberalism by surprise”), es excepcional.
Esta última afirmación me conduce directamente a mi primera alarma. Supongamos que Sergio Massa el domingo 22 consigue pasar al balotaje (lo considero muy probable). Supongamos que, en noviembre, logra la singular hazaña de ser electo en la segunda vuelta (esto sí me asombraría). Teniendo en cuenta que el justicialismo se destaca por su insólita capacidad para adaptarse a las circunstancias (es un camaleón de manual), no habría que asombrarse si se aleja de sus promesas de campaña de tenor neodesarrollista y se convierte “pragmáticamente” en una versión light del Menem presidente. No me pronuncio sobre el fondo de las políticas públicas. No me corresponde. Pero, en términos de la estructura de la competencia electoral, esto sería un retroceso. Si las políticas públicas son opuestas a las promesas electorales, con independencia de sus resultados concretos en términos de bienestar, la democracia termina sufriendo.
No parece muy arriesgado decir que, tarde o temprano, en primera o segunda vuelta, va a ganar la oposición. En este caso, no hay que esperar una distancia tan significativa entre promesas de campaña y propuestas de políticas públicas. Lo que propone la oposición es parecido a lo que se escuchó en Uruguay durante la campaña electoral de los partidos que hoy están en el gobierno: ley, orden, mercado, empresa. Lo que propone la oposición en Argentina va, también, en el mismo sentido de las promesas hechas por Macri hace casi una década durante la campaña que lo llevó a la presidencia. El gran desafío de un gobierno encabezado por Milei o Bullrich será el de cumplir con sus promesas. Al fin de cuentas, también Macri sorprendió a sus votantes. Les ofreció liberalismo económico, pero gobernó más pendiente de las encuestas que de cumplir con la palabra empeñada.
No sé si Milei será electo presidente. Es posible. La furia de muchos argentinos, perfectamente comprensible, está muy extendida por todo el territorio geográfico y sociológico como se pudo verificar en las PASO. Por otro lado, también es cierto que Bullrich pasó de anodina a protagonista. Se dice que los debates no mueven la aguja. Veremos. En todo caso, la presencia de Milei (como presidente o como aliado) obligará al nuevo gobierno a asumir su papel en la política y en la economía. Con Milei o con Bullrich, el énfasis estará puesto en reparar el primer piso de la economía (inflación, déficit fiscal, ambiente de negocios, apertura comercial).
Gane quien gane, el próximo presidente no tendrá mayoría en el Congreso. Cuando están en minoría, los presidentes argentinos suelen tomar por el atajo de llevar adelante sus principales políticas públicas mediante el recurso constitucional del decreto de necesidad y urgencia (DNU; artículo 99, inciso 3). El DNU entra en vigencia en cuanto es aprobado por “acuerdo general de ministros”, pero puede ser derogado por el Congreso. En principio, este instrumento debería ser usado solo “cuando circunstancias excepcionales hicieran imposible seguir los trámites ordinarios previstos por esta Constitución para la sanción de las leyes, y no se trate de normas que regulen materia penal, tributaria, electoral o el régimen de los partidos políticos”. Pero, en los hechos, ha sido usado cientos de veces para todo tipo de asuntos y por gobernantes de todos los partidos.
Gane quien gane, este mecanismo será utilizado con frecuencia. Permite adoptar decisiones con rapidez, pero inhibe lo que más precisa Argentina: el desarrollo de prácticas de negociación, facilitando comportamientos oportunistas. Los partidos argentinos aprendieron a competir en democracia y a diferenciarse programáticamente. No es poco. Ahora tienen que aprender a cooperar. La responsabilidad deberá prevalecer sobre la ambición, tanto en el gobierno como en la oposición. En este sentido, no puedo ser optimista. Temo que este aprendizaje tenga que seguir esperando.
