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Argentina rechaza pedido de Uruguay de monitorear el impacto en el Río de la Plata del vertido de un caño colector de Buenos Aires
El gobierno de Lacalle Pou está preocupado por el efecto que tendrá sobre la calidad del agua la puesta en marcha del Sistema Riachuelo, que liberará los efluentes de parte del sistema cloacal de la capital argentina a 14 km de su costa
El gobierno argentino define al Sistema Riachuelo como una “mega obra de infraestructura”, la primera “gran ampliación del sistema troncal de cloacas” del área metropolitana de Bueno Aires en 70 años. Un cambio que, aduce, permitirá mejorar el servicio que le brinda a 4,3 millones de vecinos de la capital y, en el futuro, sumar a esa red de cloacas a 1,5 millones de habitantes. La puesta en marcha de ese nuevo sistema, que incluye una planta de pretratamiento y un caño de 14 kilómetros que liberará su contenido en el Río de la Plata, según Argentina, redundará en una disminución de la contaminación del Riachuelo.
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Ante el avance de la obra y la cercanía de su puesta en funcionamiento, la Delegación Uruguaya (Delur) ante la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) propuso en junio a su contraparte argentina “establecer un monitoreo permanente y conjunto de las aguas y sedimentos del Río de la Plata en la zona de afectación derivada de la operativa del citado colector”. Sin embargo, la propuesta fue rechazada, según consta en documentos de la comisión a los que accedió Búsqueda.
En una carta que presentó en la CARP, fechada el 3 de agosto, la Delegación Argentina (Delar) explicó que se opone al pedido de Uruguay porque considera que ya brindó información suficiente. El proyecto de la obra, dice la carta, fue aprobado por la CARP en 2009 después de superar los trámites de rigor. “En consecuencia, habiendo concluido el procedimiento de información y consultas previas establecido en los artículos 17 a 22 del tratado, la evaluación del impacto de la obra sobre el régimen del río ya ha sido llevado a cabo en los términos requeridos por ese instrumento”, agrega.
Sostiene que, guiada por un espíritu de “colaboración” y “buena voluntad”, la Delar “ha compartido con Uruguay información relativa a la calidad de las aguas”. Además, la misiva, firmada por el embajador Diego Tettamanti, dice que Argentina “ha llevado a cabo una evaluación exhaustiva y ha diseñado, a través de las autoridades competentes, un sistema eficiente y calificado de gestión ambiental que ha sido informado en detalle” a Uruguay.
Como consecuencia, concluye, la representación argentina “no considera necesario el establecimiento de un mecanismo como el propuesto”.
Preocupante
La Delur respondió el 12 de agosto, mediante una carta firmada por su presidente Alem García. En ese documento, el gobierno uruguayo deja constancia de que “recibe con preocupación los fundamentos” utilizados por Argentina para rechazar la instalación de un mecanismo de monitoreo. Implican “un desconocimiento de claras disposiciones del Tratado del Río de la Plata y su Frente Marítimo”, advierte.
Uruguay considera que la evacuación de las consultas previas a la autorización de la obra, un requisito establecido en el tratado, “no implica que se han extinguido las obligaciones con relación a la prevención de la contaminación, de información y cooperación en la materia”.
En la carta, la Delur cita el artículo 66 del tratado, en el que se establece como función de la CARP “promover la realización conjunta de estudios e investigaciones de carácter científico, con especial relevancia a la evaluación, conservación y preservación de los recursos vivos y su racional explotación y la prevención y eliminación de la contaminación y otros efectos nocivos que puedan derivar del uso, exploración y explotación de las aguas del río”.
Ese artículo, argumenta Uruguay, explica por qué el “monitoreo conjunto” de la calidad del agua “es pertinente no solo en atención al volumen y naturaleza de efluentes que involucra la puesta en funcionamiento de tan importante obra”, sino que además es una de las tareas asignadas a la CARP.
“Pretender sustraer del ámbito de la CARP el ejercicio de tan importante cometido con relación al evidente impacto que tendrá la operativa del citado emisario importa un desconocimiento de las disposiciones del Tratado”, sostiene la Delur en la carta.
El gobierno de Lacalle Pou afirma que la respuesta de Argentina no es consistente con las normas y, por lo tanto, “reitera el planteo de monitoreo conjunto” del Río de la Plata una vez que comience a operar el Sistema Riachuelo.
Ese diferendo no es el único que mantienen las delegaciones de Uruguay y Argentina ante la CARP, las que han cruzado cartas con discrepancias sobre temas como el dragado del puerto de Montevideo y la construcción de otro “emisario fluvial” de Buenos Aires, pero en ese caso para una planta depuradora en Berazategui.
En el caso del puerto, el gobierno de Alberto Fernández informó por carta que nunca autorizó su dragado a 14 metros, una aspiración de las autoridades uruguayas. Sobre el tema del emisario fue la Delur la que advirtió a su contraparte que la obra no contaba con el aval de la CARP.
