Obra de saneamiento en Buenos Aires enfrenta a Uruguay y Argentina

El 29 de junio la delegación argentina presentó una nota en la CARP en la que indicó que habían vencido los 180 días para que la contraparte uruguaya formulara “objeciones al proyecto” que había presentado el gobierno de Alberto Fernández. El documento dice, además, que “conforme al compromiso” se envió copia de los pliegos licitatorios, los cuales se rigen bajo las exigencias del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que será uno de los que financie la obra, y que ya se realizó el proceso de precalificación de las empresas que la llevarán adelante, por lo que en esta instancia “no podrían realizarse modificaciones al pliego porque ella afectaría entre otras, el principio de igualdad con los oferentes”.

De acuerdo con ese relato, el proyecto fue presentado por la delegación argentina el 29 de noviembre de 2016. Cerca de un mes después, el 19 de diciembre, la delegación uruguaya envió otra nota indicando que no podía dar su aval “en tan corto plazo” debido a que necesitaba realizar algunas consultas. En ese entonces, Argentina respondió que lamentaba la decisión que transmitió Uruguay.

El 27 de diciembre del 2016 la delegación argentina envió documentación técnica del proyecto, pero para Uruguay fue “incompleta” y así se lo transmitió formalmente en una nueva nota el 26 de enero de 2017. Además, pidió ampliar la información. En abril de ese año Argentina resolvió a anular el llamado a licitación pública para el proyecto.

La nota enviada por Uruguay la semana pasada recuerda que, como quedó registrado en un documento anterior, en la sesión de la CARP del 10 y 11 de julio de 2018 ambas delegaciones aprobaron un informe en el que señalaban “la responsabilidad de ambos países de preservar el medio ambiente en aguas de uso común” y destacaban la importancia del “acceso a la lectura y análisis de los pliegos de la licitación de la obra, previo a su publicación, y una vez adjudicada la misma tener acceso a la lectura y análisis del proyecto ejecutivo y estudio de impacto ambiental”.

La delegación uruguaya en la CARP “no ha prestado su consentimiento ni expresa ni tácticamente al proyecto de obra del emisario subfluvial para la planta depuradora Berazategui”, dice la nota firmada por Alem García. “Por el contrario, dentro de los plazos estipulados” Uruguay planteó que “la información proporcionada no era suficiente ni completa para poder ejercer el derecho a analizar el impacto de la obra”.

Adjunta a la nota, la delegación presentó una nota enviada por el ministro de Ambiente, Adrián Peña, al canciller Francisco Bustillo en la que le transmitió las conclusiones a las que llegó el Área Evaluación de Impacto Ambiental de la cartera luego de analizar la información que recibieron desde Argentina.

Indica que el pliego de licitación se corresponde al proyecto de construcción del emisario Berazategui, pero que “dicha documentación no incluye información o referencia al estudio de impacto ambiental del proyecto, especialmente para la etapa de operación”. Y agrega que se mencionan “los componentes ambientales del proyecto solo de manera lateral y subsidiaria a otros de la obra, sin que figure parte de la documentación a la que el pliego se remite y anuncia como anexos”.

El enfrentamiento por esa obra de saneamiento argentina no es el único tema en el que ambos países tienen discrepancias en la CARP. Semanas atrás, Argentina presentó una nota aclarando que había habilitado que se dragara el Puerto de Montevideo hasta 13 metros de profundidad y no hasta 14 metros como pretende Uruguay.