Astesiano tenía al menos otros dos celulares, según consta en chats en poder de la Justicia que son parte de la investigación

Uno de los chats del celular personal de Astesiano en poder de Fiscalía es con otro número que tenía agendado como “Alejandro Presidencia Mío”. Búsqueda confirmó con fuentes políticas que ese número era utilizado por el excustodio.

“Sr. habilitamos 5.000 carecieras (correspondencia) del Guardián con los teléfonos, ninguno arroja ningún vínculo o maniobras y ninguno en 100 días para atrás tiene contacto con personas de PREXPOL o los cel mensionados” (sic), dice el mensaje, cuyo contenido había sido informado por la diaria porque estaba en otro chat.

Es que ese mismo mensaje que Astesiano se reenvió de un teléfono a otro el 4 de setiembre de este año a las 15:20:58, se lo mandó luego, a las 15:21:28, desde su celular personal a un importante empresario agropecuario argentino que le había pedido que investigara teléfonos y actividades cerca de sus propiedades.

Astesiano fue detenido en setiembre luego de que la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno, a cargo de Gabriela Fossati, lo acusara de ser parte de una red que gestionaba pasaportes uruguayos de manera irregular. A partir de la evidencia recogida en esa causa —que incluye miles de mensajes de Astesiano con decenas de personas— Fossati decidió abrir una segunda investigación que analiza otros posibles delitos con el custodio como partícipe, informó el martes 29 el programa Así nos va, de Radio Carve.

La decisión se da en la semana más intensa desde que el caso comenzó, hace dos meses. El lunes 28 Fossati declaró a El Observador que del celular de Astesiano descartó desde el inicio las comunicaciones entre él y Lacalle Pou debido a un “requisito” de Presidencia de la República.

El miércoles 30, en rueda de prensa el mandatario dijo que el día de la detención de Astesiano se comunicó con el fiscal de Corte, Juan Gómez, para indicarle que en el celular incautado había muchos mensajes de índole personal y familiar. Lo mismo hizo después el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. “Sé que el ministro del Interior transmitió la preocupación de la reserva de las conversaciones privadas y se aceptó de tal manera”, afirmó. “Nosotros no obstruimos en nada a la Justicia”, añadió.

Minutos más tarde, la Fiscalía General de la Nación afirmó que las palabras de Heber a Gómez fueron derivadas a la Fiscalía de Flagrancia de 12º turno para que definiera sobre los mensajes entre Astesiano y Lacalle Pou. “En cada caso concreto, la decisión de qué información incorporar a la carpeta de investigación y qué información desechar corresponde únicamente al equipo fiscal que lleva adelante la investigación, de acuerdo con el principio de independencia técnica”, indicó el organismo en un comunicado de prensa. Aclaró además que la preservación del derecho a la intimidad de las personas, protegido por los estándares internacionales, “puede verse afectado en el marco de la interceptación de las comunicaciones o de la incautación de los dispositivos electrónicos”.

Según señalaron a Búsqueda fuentes judiciales, Fossati dio la orden de quitar los mensajes entre el presidente y su custodio a Claudio Correa, director general de Información e Inteligencia Policial. Esta repartición fue la que llevó adelante la investigación sobre el caso pasaportes con el equipo fiscal y Correa fue quien detuvo a Astesiano el 25 de setiembre en la residencia de Suárez y Reyes, tras informar al presidente de las acusaciones que pesaban en su contra. De acuerdo con las fuentes, existen sospechas de que Correa eliminó del celular de Astesiano mensajes con otras personas, además de los que intercambió con Lacalle Pou.

El miércoles 30 de noviembre, Informativo Sarandí informó que Correa fue citado por Fossati para declarar como indagado. Además de él ya habían sido citados otras autoridades policiales: los subdirectores de la institución, Héctor Ferreira y Jorge Berriel, y el director general de Fiscalización de Empresas del ministerio, Henry de León. Desde octubre Interior lleva adelante una investigación administrativa sobre Ferreira y De León. “Los jerarcas cuentan con el respaldo ministerial salvo que se demuestre lo contrario, momento en el que se actuará con todo el rigor de la ley”, anunció en su momento la Secretaría de Estado en un comunicado de prensa.

El Ministerio del Interior tuvo que volver a pronunciarse oficialmente en las últimas horas tras la divulgación en VTV Noticias de chats entre Ferreira y Astesiano. Entre otras cosas, Ferreira afirma que le ordenará a la Dirección de Información e Inteligencia Policial que “viche todo” sobre el exnovio de la hija de Astesiano, denunciado por violencia doméstica. “Ferreira derivó la denuncia a una Comisaría Especializada de Violencia Doméstica y de Género. Ello demuestra la falsedad de la noticia surgida de los chats”, dijo Interior el miércoles 30 de noviembre.

En el mismo comunicado, el ministerio indica que solicitó informaciones de urgencia a distintas dependencias policiales para determinar si alguna inició algún tipo de investigación sobre los senadores frenteamplistas Mario Bergara y Charles Carrera. La decisión se produjo tras una publicación de la diaria el lunes 28. El artículo, basándose en chats de Astesiano, sostiene que Vertical Skies, una empresa de seguridad con base en Estados Unidos, le encomendó en marzo al custodio que armara “fichas” con información personal sobre ambos legisladores. La compañía, manejada por un retirado militar uruguayo, buscaba datos aparentemente para presionar a Bergara y Carrera y lograr que retiraran la denuncia sobre presuntas ilegalidades en la firma del acuerdo del gobierno con Katoen Natie para la concesión de una terminal en el Puerto de Montevideo.

La posibilidad del espionaje a dos senadores de la República fue repudiada por buena parte del sistema político. “Esto no es grave, es gravísimo”, dijo Álvaro Delgado, secretario de Presidencia, tras declarar el martes 29 como testigo en el caso Astesiano junto al prosecretario de la Presidencia, Rodrigo Ferrés.

En una conferencia de prensa, el presidente del Frente Amplio, Fernando Pereira, pidió el “rechazo inmediato a estas prácticas mafiosas” y “encontrar a los responsables de semejante barbarie”. El País informó que la oposición pidió a la vicepresidenta Beatriz Argimón una sesión extraordinaria en el Senado para tratar el tema.

El Ministerio del Interior informó que ninguna división policial recibió órdenes ni recabó ninguna información sobre los senadores. De todas formas, una revisión llevada a cabo en el Sistema de Gestión en Seguridad Pública (SGSP) determinó que hubo este año tres ingresos a la ficha de Charles Carrera: dos justificados por una denuncia presentada por el legislador y por otras presentadas contra él. Una tercera, sin embargo, no tuvo “justificación alguna”. En agosto una funcionaria de la Dirección Nacional de Migración con asiento en Aceguá ingresó al sistema para ver información del senador del Movimiento de Participación Popular y por eso se dispuso un sumario con separación del cargo.