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    Bajo la mirada de la DEA, agencias de Uruguay y Paraguay quieren actuar juntas contra el narcotráfico

    Ambos países analizan un acuerdo enfocado en operativa policial

    Las conversaciones vienen desde 2021, cuando agencias de seguridad pública de las dos naciones colaboraron estrechamente para el procedimiento que en 2022 actuó en Paraguay contra la organización de narcotráfico liderada por Sebastián Marset.

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    La conexión en aquel momento se dio a través de la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, que ofició de enlace entre la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de la Policía de Uruguay y la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay. A partir de esa colaboración original se generó un vínculo confiable entre ambas partes, que se mantuvo pese a que las jerarquías políticas —Luis Alberto Heber y Zully Rolon— ya dejaron sus cargos.

    Según dijeron fuentes policiales a Búsqueda, la intención ahora es fortalecer esa relación con un acuerdo formal que facilite más colaboraciones a futuro, centradas específicamente en la actuación policial. El objetivo es firmar un acuerdo enfocado “en la parte operativa” que habilite posibles herramientas como el trabajo policial conjunto contra grupos de narcotráfico y crimen organizado.

    La Senad es un organismo autónomo encargado de coordinar y ejecutar la política del gobierno paraguayo en su lucha contra el narcotráfico. Despierta interés en Uruguay porque es financiada y apoyada por la DEA y al no depender de la Policía Nacional de Paraguay y de otros organismos de seguridad del país —como la Aduana— ha logrado mantenerse al margen de actos de corrupción y vínculos con el crimen organizado.

    Organizaciones como la de Marset han demostrado la importancia que para la cocaína producida en Sudamérica —especialmente en Bolivia— tiene la hidrovía Paraná-Paraguay, que desde Asunción traslada la droga a Europa al utilizar como escala puertos de Uruguay, Argentina y Brasil. Estas nuevas rutas marítimas han implicado en los últimos años el crecimiento de actores que en distintos países de la región se asocian para cumplir con diversas etapas del negocio: producción, tránsito, acopio, exportación y lavado de activos. En julio de este año el gobierno paraguayo aceptó compartir con la Aduana de Uruguay las imágenes de escáneres que la Aduana de Paraguay toma a las cargas que arriban en barcazas a sus puertos y que luego hacen trasbordo a buques fluviales que parten desde Montevideo a Europa.

    Actualmente, la Senad tiene un convenio con la Policía Federal de Brasil, denominado Nueva Alianza, que ha permitido realizar más de 40 operativos antidrogas y es observado con interés por Uruguay y Paraguay. Los procedimientos de Nueva Alianza son incursiones periódicas que se realizan de forma conjunta entre fuerzas paraguayas y brasileñas para combatir sobre todo los cultivos ilícitos de marihuana en zonas fronterizas. El último sacó de circulación 27 toneladas de marihuana y destruyó una infraestructura en la cual se procesaban toneladas de esta droga en Amambay, departamento que acoge entre otras ciudades a Pedro Juan Caballero, eje del narcotráfico regional.

    “Entre los temas que ocupó la agenda de las autoridades paraguayas y brasileñas reunidas en Asunción, el fortalecimiento de Nueva Alianza ocupó uno de los centrales. Tanto Paraguay como Brasil apuestan a seguir fortaleciendo este tipo de acciones, que a nivel mundial es considerado como uno de los mayores operativos contra el narcotráfico”, valoró la Senad el 30 de octubre en un comunicado de prensa.

    Además de la Senad, por Paraguay participan de Nueva Alianza el Ministerio Público y ramas militares como la Fuerza Aérea Paraguaya y la Fuerza de Tarea Conjunta. “Es un método diferente, descentralizado, que creo que puede tener éxito en el futuro. Y son las distintas formas en que vamos evolucionando, considerando que el crimen organizado también va mutando en sus distintas formas”, señaló Rolon en agosto.

    En mayo de 2021 Uruguay cerró con la Senad un memorándum de entendimiento, pero es a través de la Junta Nacional de Drogas y centrado mayoritariamente en intercambio de expertos, capacitación de personal y el establecimiento de canales directos de comunicación para el intercambio de información referente a personas que operan en el tráfico de drogas transnacional.