“Las comisiones binacionales CARU, Salto Grande y CARP tienen un presupuesto conjunto mayor al de toda la Cancillería”. Twitter aún no se llamaba X y Ernesto Talvi, que así iniciaba un hilo de tres tuits, era el ministro de Relaciones Exteriores el 26 de junio de 2020. “Por transparencia y respeto a los contribuyentes, hoy pedimos a las nuevas autoridades informe exhaustivo de ingresos, uso de recursos y situación patrimonial”, siguió.
El entonces canciller anunció que quería saber el “número de funcionarios”, permanentes, contratados o asesores, su “forma de ingreso”, por concurso o designación directa, “remuneraciones y beneficios”, contratos con empresas tercerizadas y licitaciones para inversiones. Talvi subrayó que las delegaciones de la Comisión Administradora del Río Uruguay (CARU), la Comisión Técnica Mixta (CTM) de Salto Grande y la Comisión Administradora del Río de la Plata (CARP) “están en la órbita de competencia de la Cancillería”.
“A él le hacía mucho ruido todo el tema de las comisiones binacionales y sus presupuestos, quería entender y tener más control”, dijo a Búsqueda una fuente de Cancillería cercana a Talvi. Un diplomático añadió que luego de eso empezaron “a llegarle las llamadas” al entonces ministro para que “no se metiera en este tema”.
Él era uno de los ministros mejor evaluados por la población en esos primeros meses del gobierno de Luis Lacalle Pou, sobre todo por la gestión en la pandemia y todo lo vinculado al crucero Greg Mortimer. Pero había abierto varios frentes en la interna del Poder Ejecutivo y del Partido Colorado. Uno de ellos fue vetar a Julio Luis Sanguinetti, hijo del dos veces presidente Julio María Sanguinetti, como delegado —justamente— en la CARU.
Aquel pedido anunciado en Twitter “quedó en la nada”, resumieron las fuentes.
“Cada vez que pedíamos información (a las comisiones) las respuestas eran del tipo ‘este es un organismo internacional, el personal y los estatutos son de un organismo internacional, no del Estado, hay que acordar con Argentina’, que es todo otro mundo, y ponían trabas para darla. No sé si calificarlos de limbo, pero sí estaban muy protegidos”, dijo a Búsqueda un diplomático que estuvo vinculado a estos organismos limítrofes.
Opacidad es un término que se emplea con bastante frecuencia en niveles políticos y diplomáticos a la hora de referirse a estos organismos. Son lugares, empero, muy codiciados para trabajar. “Hay buenos sueldos, ganás en dólares, no tenés mucho para hacer, ¡es como ganarte un premio!”, resumió una fuente del servicio exterior. A su vez, el personal administrativo que ahí trabaja percibe ingresos de seis cifras. El salario de un guardia de seguridad en Salto Grande, sin contabilizar horas extras, anda por los 90.000 pesos. Son lugares por donde también entra mucha plata: los peajes en los puentes de Paysandú y Fray Bentos para la CARU, a US$ 8 los automóviles, o la generación de entre el 40% y el 60% de la electricidad que consume el país a diario en la CTM.
En el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), encargado de aprobar los presupuestos y las partidas, hay más trabas. Un pedido de informes realizado a esta cartera por el senador frenteamplista Constante Mendiondo el 1º de junio de 2022 recibió siempre la misma respuesta a las preguntas sobre el ingreso de personal y gestión de la plantilla, gastos y aportes de la CTM a actividades no relacionadas con el complejo hidroeléctrico: “Esta secretaría de Estado no cuenta con la información solicitada por no corresponder”, puntualizando que se trata de un “organismo internacional intergubernamental” cuyo régimen jurídico “no forma parte de la administración pública” de Uruguay o Argentina.
“No es fácil acceder a la información relacionada a ellos justamente por su carácter binacional, son lugares de varias zonas grises. Y si bien las decisiones importantes se toman en conjunto entre las dos delegaciones, cada una de ellas también tiene bastante autonomía”, afirmó el politólogo Ernesto Nieto, docente del Centro Universitario (Cenur) Litoral Norte de la Universidad de la República (Udelar).
Sede de CARU en Paysandú.
Demasiado
El episodio que derivó en la renuncia el jueves 7 del presidente de la CTM de Salto Grande, Carlos Albisu, no sorprendió a nadie en el litoral norte. Albisu, candidato a la intendencia de Salto en las elecciones departamentales de 2020, líder local de la Lista 404, muy cercano a Lacalle Pou, designó y contrató a 36 personas para el organismo entre abril de 2020 y julio de 2021. De ellos, el 75% fue de forma directa, según informó Brecha en noviembre de 2021.
“No solo son ingresos por la ventana, sino que se crearon cargos dentro del organismo para poner a esta gente, que son dirigentes y militantes, algunos de ellos ediles, de la 404, del Partido Nacional y del Partido Colorado”, dijo a Búsqueda el diputado frenteamplista Nicolás Viera, quien el 3 de octubre llevará adelante la interpelación a los ministros de Relaciones Exteriores y Economía, Francisco Bustillo y Azucena Arbeleche, respectivamente, por este asunto.
El tema no es nuevo. Siete diputados del Frente Amplio (FA), entre ellos Viera, habían realizado un pedido de informes sobre contrataciones y presupuesto a la CTM en 2021. Desde la vuelta a la democracia, se dice que una designación ahí representa un “premio consuelo” al dirigente que pierde la elección departamental y que es un “gobierno paralelo” al ejercido por la Intendencia de Salto, al punto que puede ser un trampolín político. En setiembre de 2020 el expresidente Sanguinetti se refirió a ella como un “ducado”, en Radio Carve. Desde 2015 el presupuesto base anual es de 744 millones de pesos más un aporte complementario de UTE de otros 200 millones. El ingreso de nuevo personal hizo que en 2021 el gasto en salarios en esa comisión superara al año anterior en 2 millones de dólares.
Sin embargo, la aprobación el 17 de agosto por parte del MEF de una partida extra de 200 millones de pesos para el ejercicio 2023 de la CTM fue lo que hizo rodar la cabeza de Albisu y derivó en lo que Nieto no dudó en calificar como “crisis política”. Según explicó a Búsqueda, durante los 15 años de gestión del FA primaron los representantes técnicos y no políticos en la cúpula de esta comisión, que fue presidida por los ingenieros Enrique Topolansky y Gabriel Rodríguez. “Con este nuevo gobierno se volvió al viejo esquema de tomar a la CTM como ‘premio consuelo’, desaparecen los ingenieros y vuelven los excandidatos para Salto y Paysandú, con un tono directamente clientelista, dejando de lado los concursos externos y también los internos para ascender. Además, llamó la atención que no hubiera un representante de la oposición”, expresó.
Según cifras que maneja el Frente, solo hubo siete ingresos por designación directa entre 2007 y 2019.
La ausencia de un integrante de la oposición en la delegación de la CTM es una decisión del gobierno que hoy lamentan dirigentes oficialistas. Tampoco hay representantes opositores en la CARU, el otro organismo binacional al que apunta la coalición de izquierda (ver nota aparte). Sin embargo, fuentes diplomáticas señalaron a Búsqueda que tampoco durante la gestión del FA hubo un “absoluto reinado” de lo técnico: la exdiputada Silvana Charlone, contadora pública, y Eduardo Bandeira, exsecretario privado del expresidente Tabaré Vázquez, fueron designados en la delegación uruguaya.
Lo cuantitativo importa, subrayó Nieto. “El gran aspecto que hizo que esto cobrara notoriedad fue el manejo inusitado de los recursos clientelísticos. Una cosa es colocar cuatro, cinco o seis y otra cosa es más de 30 en tres años, ¡hizo tanto ruido que llegó a Montevideo!”, dijo el docente del Cenur.
Las réplicas del temblor que se llevó al presidente de la CTM no solo provienen de la oposición. “Esta no es la misma coalición de gobierno que había al principio de la gestión”, concluyó el politólogo, apuntando al factor Cabildo Abierto, cuyos legisladores también suscribieron el llamado a sala de los ministros. “El motivo que desencadenó destituir a Irene Moreira como ministra de Vivienda fue el manejo clientelístico de los recursos, ¿y qué es lo que pasó en Salto Grande?”, se preguntó.
Información Nacional
2023-09-13T23:49:00
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