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“Hay que tener un sistema de traslados que ande bien”, dijo en enero de 2019 a Búsqueda el entonces presidente de la Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), Marcos Carámbula. Era uno de los objetivos de “rediseño institucional” de su gestión, iniciada 10 meses antes, luego de la ruidosa remoción de su antecesora, Susana Muñiz. No sucedió entonces ni ahora.
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“El tema de las ambulancias siempre ha sido río revuelto”, sostuvo el presidente de ASSE, Leonardo Cipriani, consultado por Búsqueda. El río revuelto, azotado además por la pandemia, les trajo una solución de emergencia llamada ITHG, una empresa originalmente dedicada a los servicios marítimos que, además, no tenía autorización para hacer traslados en ambulancia.
El prestador público de salud siempre defendió su vínculo con esta empresa, duramente cuestionado tanto por la oposición como por el Tribunal de Cuentas (TCR), que le observó 237 compras directas por casi US$ 20 millones entre julio de 2021 y marzo de 2023. De hecho, ASSE decidió en agosto dejar sin efecto dos licitaciones que había impulsado a principios de este año para regularizar el sistema de traslados, ambas ganadas por ITHG, luego de fuertes observaciones por parte del TCR que incluso motivaron su derivación a Defensa de la Competencia, del Ministerio de Economía.
Ahora el organismo intenta alcanzar aquel objetivo señalado por Carámbula, el de tener un sistema de traslados en ambulancia por todo el territorio nacional, por el camino inédito de los convenios marco, según dijo Cipriani a Búsqueda. Para esto, que las autoridades consideran un cambio de paradigma, hubo un trabajo en conjunto con la Agencia Reguladora de Compras Estatales (ARCE). “Con esto vamos a solucionar todo, los traslados especializados y los comunes, con la mayor transparencia posible”, afirmó.
El convenio marco es un proceso para que el Estado pueda contratar “bienes, servicios y obras de uso generalizado” a través de una tienda virtual una vez establecidas las condiciones técnicas y comerciales para las ofertas. Este fue subido por ARCE el 21 de agosto y hay plazo hasta el 22 de setiembre para presentar ofertas. José Antonio Rodríguez, director de SAME 105, el servicio de urgencias de ASSE, dijo a Búsqueda que hay “mucha adhesión y mucha expectativa” de empresas de ambulancia de todo el país. “Es la máxima transparencia en el tema”, calificó, a tono con Cipriani.
Entre los elementos más destacados para escuchar ofertas de empresas de todo el país está la división en tres zonas: la uno refiere a un radio de 25 kilómetros desde la base, la dos, de 25 a 50 kilómetros, y la tres va desde los 50 kilómetros en adelante, en todo el territorio nacional. Para cada una de ellas se pide cotización para servicios de ambulancia medicalizada en adultos y niños y neonatal, de ambulancia no medicalizada en adultos y niños, espera por traslado de pacientes y equipo técnico para traslado en ambulancia. En total son 17 ítems.
Reacciones
Esta iniciativa provocó distintas reacciones en el sector. La Cámara de Emergencias Móviles, que había impugnado la licitación pública 3/2023 para traslados medicalizados que impulsaba ASSE, dejada sin efecto en junio, aún no fijó postura sobre el convenio marco. Sí lo hicieron, a título individual, algunas de sus 44 empresas asociadas.
De aquí partieron algunas de las valoraciones más positivas. El director de Udemm de San José de Mayo, Jorge Díaz, destacó la división en zonas, lo que valoriza “a los pacientes graves, cuando el tiempo es crucial”. El gerente general de SAPP, cuya área es la zona este de Canelones, Sergio Pérez, resaltó el mismo punto: “Era lo que pedían las emergencias”. Este último destacó también que en el convenio marco no se pida a las empresas requisitos que habían “desconcertado” a la cámara, “como una sala de capacitación especial” o certificaciones a las tripulaciones emitidas por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), la Escuela de Técnicas en Urgencias Médicas (ETUM) o la propia ASSE. Las empresas habían señalado que estos requisitos favorecían a una firma en particular, en referencia a ITHG, postura que había tenido el respaldo del TCR.
La implementación de las zonas es considerada fundamental para la sobrevivencia económica de las empresas chicas del interior, que dependen en gran medida de poder vender traslados, indicó Díaz.
Por su parte, la Cámara Uruguaya de Ambulancias sin Asistencia (Cuasa) está analizando recurrir el convenio marco, tal como varias de las 15 firmas que la integran habían hecho con la licitación pública 2/2023 sobre traslados no medicalizados, una de las dos que ASSE dejó sin efecto en agosto. “Hay algunas especificaciones en el pliego que no son muy ‘potables’. Una de ellas habla de ‘obras de uso generalizado’. Eso es más para lapiceras u hojas de papel A4, que ya se ven en la tienda virtual, que para otra cosa. Además, nosotros trabajaríamos para una sola unidad ejecutora, no para todo el Estado”, dijo a Búsqueda su presidenta, Jenny Caraballo.
Cipriani destacó que SAME 105 pasó durante su gestión de 19 ambulancias —“de las que funcionaban siete”— a 40, y que el tiempo de llegada a los domicilios pasó de 149 minutos —“una aberración”, en sus palabras— a “entre 12 y 15”. Según el jerarca, la contratación de ITHG, con la que niega todo direccionamiento en las licitaciones, permitió “no tener colapsos” en las puertas de emergencia durante la pandemia. Y agregó que, al tener que seguir manteniendo la operativa, se continuará trabajando con esta empresa hasta que no concluya el llamado con el convenio marco.
“Nada de esto cambia las irregularidades que se cometieron con ITHG”, dijo a Búsqueda la diputada frenteamplista Lucía Etcheverry, quien sigue de cerca el tema. Similar concepto manejan en la Cuasa. Esta legisladora indicó que realizó el 23 de agosto un pedido de acceso a información a ASSE en el que solicitó los expedientes a través de los cuales se elaboraron las licitaciones ahora dejadas sin efecto.
“¿Cómo puede ser que un área especializada (de ASSE) haya introducido condiciones difíciles de cumplir para empresas ya habilitadas?, ¿cómo pudo poner condiciones tan direccionadas?, ¿quién las autorizó?”, se preguntó. A su vez, también le pidió información a SAME 105 sobre las condiciones laborales —cantidad de traslados, número de personal, cumplimiento de los laudos— en ITHG.
