El Mercosur y un guiño a Heber en sus reclamos a la Justicia por los narcos presos

La discusión suele darse en la Subcomisión de Trabajo de Narcocriminalidad del Mercosur, un grupo dependiente de los Ministerios Públicos (REMPM) del bloque. En agosto representantes de Uruguay, Argentina, Brasil y Paraguay analizaron en específico la narcocriminalidad en prisiones.

“Se considera que los máximos representantes de los Ministerios Públicos de los países de la región deben extremar las precauciones para que, de manera urgente, todos los órganos que conforman la administración pública de los países de la región dispongan de medidas en el ámbito de sus respectivas competencias para prevenir los diversos factores que facilitan o promueven este tipo de maniobras y, sobre todo, que se inste al Poder Judicial a implementar un abordaje interinstitucional del tema, de manera coordinada e integral”, añade el documento.

El pedido por más control a los narcos presos también fue realizado en Uruguay por el ministro del Interior, Luis Alberto Heber. La semana pasada criticó de forma reiterada a la jueza de Crimen Organizado de 2o turno, María Helena Mainard, por la fuga de Juan Antonio González Bica, uno de los principales distribuidores de droga del país, y por ordenar que se flexibilice la seguridad a Ricardo Cáceres, jefe del microtráfico en la capital.

“Ahí tenemos al Ricardito, aquel que cortaba dedos y orejas y que presentó un recurso de habeas corpus a la jueza Mainard. La jueza hizo lugar y la decisión determina que ahora nosotros al Ricardito tenemos que darle clases de educación y cultura e instancias de salir de la reclusión para poder trabajar. ¡Guau! ¿Para qué hacemos nosotros una cárcel de máxima seguridad?”, se quejó el ministro.

Su posición fue apoyada por Álvaro Delgado, secretario de Presidencia y precandidato a presidente por el Partido Nacional. “Yo entiendo la impotencia que siente el ministro Heber, porque en algunos casos no se entienden algunas decisiones. Hemos estado charlando con algún magistrado para tratar de entender algunas cosas más”, dijo el viernes 15 en rueda de prensa.

La Asociación de Magistrados del Uruguay respondió a Heber con un comunicado en el que manifiesta su “total rechazo” a “constantes ataques de índole personal y a la labor profesional” de algunos jueces.

“Significan la clara afectación de la independencia judicial, así como el evidente y preocupante desconocimiento de los pilares del sistema republicano”, sostuvieron los magistrados, que lamentaron que la “agresión provenga de un actor político de la más elevada responsabilidad institucional”.

La Subcomisión de Trabajo de Narcocriminalidad del Mercosur ya había debatido en mayo la “amenaza cometida por organizaciones criminales complejas desde el interior de establecimientos penitenciarios”. Durante una reunión en Buenos Aires se analizó “la implementación de medidas especiales de seguridad destinadas a internos de alto perfil, con el propósito de prevenir la permanencia de graves actividades criminales que son cometidas por parte de organizaciones ya apresadas”, dice el acta de ese encuentro.

Dos meses antes, la Policía Federal Argentina había evitado el escape de un jefe narco argentino de la cárcel de Ezeiza. Esteban Lindor Alvarado, condenado a prisión perpetua por narcotráfico, lavado de activos, atentado y homicidio, es acusado de ser uno de los capos del microtráfico de marihuana y cocaína en la ciudad de Rosario y de abastecer a grupos en otras zonas de Argentina. Se descubrió que había adquirido un helicóptero en Paraguay y lo tenía en un campo de Gualeguaychú a la espera de ser usado para fugarse del Penal de Ezeiza. En julio, con su plan frustrado, la Justicia ordenó que fuera trasladado a otro centro.

Mucho más cinematográfico fue el caso de César Ortiz, integrante de un clan paraguayo dedicado al microtráfico de crack en las ciudades de Asunción y Concepción. ABC Color informó que el año pasado se escapó vestido de mujer por la puerta principal del Penal de Tacumbú, disfrazado de manera muy rudimentaria con peluca, manicura, pollera, joyas y hasta un corpiño.

Mientras desde el Mercosur se pide más control y Heber exige a la Justicia más restricciones a los narcos encarcelados, el Ministerio del Interior comprará tecnología con la intención de cortar las comunicaciones de los líderes encerrados con sus operaciones en el exterior. Identificará todos los celulares activos en un centro de reclusión, incluso los de los policías y otros funcionarios, para determinar dónde se ubican y a qué números llaman aquellos teléfonos que no están autorizados. “Son apuestas que vamos haciendo a medida que aparecen cosas nuevas. Antes se buscó con un inhibidor que no servía porque inhibía incluso los celulares de las ciudades cercanas a las cárceles”, dijo Heber a Búsqueda.