Heber, enojado con la Justicia por los narcos González Bica y Ricardito: “en EE.UU. les dan cadena perpetua, acá una tobillera”

“Es un tema personal, una indignación mía con la jueza Mainard, no con el Poder Judicial”, apunta Heber. También está molesto por la situación de Ricardo Cáceres, Ricardito, uno de los líderes del microtráfico local, preso en la Unidad 25 del sistema penitenciario, la más nueva del sistema y la única de máxima seguridad donde sus internos están constantemente aislados. Mainard ordenó al Ministerio del Interior a mejorarle sus condiciones de reclusión. “El señor cortó manos, orejas, mandó a matar, y la jueza entiende que es recuperable”, se queja.

A continuación, un resumen de la entrevista.

—En las últimas semanas se lo vio muy atareado en actividades partidarias. También a otros jerarcas del oficialismo y a dirigentes de la oposición. ¿La campaña electoral se adelantó más de lo previsto?

—La campaña electoral comienza una vez que las proclamaciones están hechas y salimos a convocar a la gente para que nos vote. Eso es pura campaña electoral. Lo que hay hoy es precampaña y la hacemos los que estamos en la actividad política. La hace la dirigencia, no la gente, toda esta actividad previa es para presentarle luego a la gente algo estructurado. Si nosotros en Sumar vamos a proclamar a Laura Raffo en marzo, debemos definir qué otros sectores vienen con nosotros y cómo se combinan en los departamentos. Es parte de una tarea de dirigentes, no de la gente. Después de que esté armado el cuadro, saldremos a convocar y ahí participará la gente. Hoy es una precampaña.

—¿No implica salirse de la tarea diaria de gobierno?

—No, el tiempo que usamos en la precampaña se lo quitamos a la familia, no a la gestión. Seguimos haciendo gestión y la gestión la vamos a poner luego a consideración de la gente.

—¿Y cree que la gente apoyará la gestión en seguridad pública?

—Sí, porque nosotros lo que podemos mostrar es que hemos mejorado la situación y la mejoraremos aún más en otros cinco años con el grado de aprendizaje que hemos tenido. Faltan una cantidad de cosas porque no se puede hacer todo en los primeros cinco años. En cinco años no podemos resolver problemas que vienen desde hace décadas agravándose.

—¿Qué cosas se mejoraron?

—Lo más importante es que el presidente de la República desde el 2 de marzo de 2020 planteó la seguridad como uno de los temas principales del país. Ahora, lamentablemente tenemos un tema: el país ha cambiado sustancialmente desde que el narcotráfico ha tomado las dimensiones que ha tomado en todo el mundo. Si uno compara las personas privadas de libertad de la década del 90 y principios de los años 2000 con la actualidad, pasamos de 3.000 a 15.000. ¿Podemos resolver en cinco años todo el problema que tenemos con el narcotráfico? ¿Alguien lo cree? Seríamos un ejemplo en todo el mundo si lo logramos. Pero estamos dando una buena batalla, un buen enfrentamiento y tenemos una política de seguridad definida con la creación de las brigadas departamentales en Montevideo y Canelones, que se dedican a las bocas de pasta base y no se dedica la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas, como sucedía antes. Además construimos toda una inteligencia en drogas, porque de la administración anterior no recibimos ni un papel de cómo se venía trabajando, salvo lo que algunos pueden habernos contado. No recibimos ni un documento. De todas formas, podemos atacar al crimen organizado, pero no vamos a resolver el tema si no atacamos las adicciones. Nosotros pretendemos que el Estado tenga mucha gente que trabaje en esto.

—¿Otras instituciones del Estado respaldan el accionar del Ministerio del Interior contra el narcotráfico?

—Cuando aparece una juez que minimiza a un narcotraficante preso otorgándole una tobillera electrónica para darle prisión domiciliaria, sentimos que estamos solos en la cancha, que no nos están ayudando, que nosotros tenemos que probar las cosas para generar una condena y después igual terminan fugándose. Ahora la Dirección General de Drogas y la fiscal de Estupefacientes, Mónica Ferrero, descubren que hay una organización que se dedica a falsificar documentos para que narcos salgan de la cárcel por supuestos problemas de salud. Entonces la Policía y la Fiscalía supongo que a veces también se sienten solos en esta lucha enorme. A Mónica Ferrero hay que hacerle un monumento como fiscal.

—Algunos la postulan como fiscal general de la Nación.

—Para mí debería ser la próxima fiscal general de la Nación. No tenemos los votos en el Parlamento, no sé por qué... Deberían de decir por qué no se vota a una mujer como ella, que ha dado mil batallas, que la tenemos custodiada porque tiene amenazas. Es una gran mujer, una gran fiscal, que ha hecho una gran cantidad de cosas. Ha sido una mujer a la que realmente el Uruguay le debe mucho. Incluso se la criticó en el caso de Martín Mutio, el de la exportación de 4,5 toneladas de cocaína a Europa, pero hizo la apelación, la ganó y hoy Mutio está preso.

—Dijo que Ferrero está custodiada porque tiene amenazas. ¿Es común eso entre los fiscales que actúan contra el narcotráfico?

—Los que tienen amenazas ciertas son los fiscales, que son los que tenemos que proteger. Yo tuve una de Edwin Parentini y también al principio, cuando asumí, que iba a visitar el Comcar y me dijeron que me iban a esperar. Pero no se sabe si era cierto o era para medirme el aceite.

—Volviendo a la investigación actual de Ferrero y la Policía, ¿hasta dónde llega la red que facilita la prisión domiciliaria para narcotraficantes?

—Hay abogados y hay médicos que estaban certificando presos. Ahora supongo que se revisarán los casos de personas peligrosas que tienen tobillera electrónica. Porque quizás se presentó a las autoridades el argumento de una afección que sufría el narcotraficante, pero Luis Mendoza, director del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), ha dicho de forma escrita que el INR estaba en condiciones para atenderle esa afección y la jueza Mainard determinó que igual se le diera tobillera electrónica y prisión domiciliaria. La misma jueza que al Ricardito, ¿no?

Fiscalía

—¿A qué se refiere?

—Nosotros creamos en el Comcar una cárcel de máxima seguridad. Ya la teníamos prevista en el programa de gobierno porque queríamos el aislamiento de gente que no es recuperable, que son jefes de mafia. Ahora, ahí tenemos al Ricardito, aquel que cortaba dedos y orejas, y que presentó un recurso de habeas corpus a la jueza Mainard. La jueza hizo lugar y la decisión determina que ahora nosotros al Ricardito tenemos que darle clases de educación y cultura e instancias de salir de la reclusión para poder trabajar. ¡Guau! ¿Para qué hacemos nosotros una cárcel de máxima seguridad? ¿Para tratarlos a estos jefes igual que a los reclusos que son víctimas de la droga y a los que sí podemos recuperar?

—¿Un delincuente como Ricardito es irrecuperable?

—El criminal que dirige una organización no va a recuperarse, lamentablemente, porque es una persona que desde adentro de la cárcel busca seguir dominando su organización. ¿Ahora queremos darle un celular para que pueda dirigir su organización? ¿Queremos que salga a trabajar? ¿Pero qué clase de cárcel de máxima seguridad es esa? Que la cárcel tenga las Reglas Mandela, por supuesto. Que la persona privada de libertad tenga una o dos horas de conversación con gente ajena a la institución, como dicen las Reglas Mandela, por supuesto, nosotros estamos cumpliendo con eso. El señor Ricardito cortó manos, orejas, mandó a matar, y la jueza entiende que es recuperable por medio de la educación y el trabajo. ¿Cree que va a dejar su organización y después va a ser carpintero? ¡Carpintero! ¿O que va a dejar su organización para construir bloques de hormigón? Entonces ahí es cuando uno se siente solo en esto y le genera indignación. ¿Cómo no va a generar indignación? Si después que probamos que cometió los delitos y lo tenemos en la cárcel de máxima seguridad quieren sacarlo. ¿Entonces para qué construimos la cárcel?

—¿El Ministerio del Interior va a recurrir la decisión de la jueza?

—Por supuesto que sí. Vamos a realizar la apelación.

—¿Le preocupa que otros presos de la cárcel de máxima seguridad presenten habeas corpus a la Justicia como hizo Ricardito?

—Sí. Este es un delincuente peligroso y atrás de él están esperando el resto de los delincuentes peligrosos para presentar el mismo recurso de habeas corpus. La cárcel de máxima seguridad es para delincuentes peligrosos que no quiero que tengan comunicaciones con el exterior. Después se nos dice que los grandes narcos mandan desde la cárcel. ¡En la cárcel de máxima seguridad no, no mandan! Parentini, por ejemplo, es otro que está en la cárcel de máxima seguridad. Y es otro que estará esperando qué pasa con la situación del Ricardito para ver si presenta un recurso de habeas corpus.

—La cárcel de máxima seguridad aísla a los reclusos, pero tiene un límite de plazas disponibles. En el penal de Libertad, por ejemplo, se acumulan narcos presos que no tienen el mismo control policial. ¿Cómo se cortan sus operaciones criminales con el exterior?

—Vamos a comprar una tecnología que va a identificar todos los celulares que pueda haber en un centro de reclusión, todos los celulares que se están usando en una cárcel. La estamos por comprar. Identifica qué números están autorizados y pertenecen, por ejemplo, a policías y cuáles no, dónde está el celular no identificado y a qué números llama. Así podemos saber perfectamente cómo se comunican las personas privadas de libertad y evitar la comunicación. Son apuestas que vamos haciendo a medida que aparecen cosas nuevas. Antes se buscó con un inhibidor que no servía porque inhibía incluso los celulares de las ciudades cercanas a las cárceles.

—La administración anterior del Ministerio del Interior quedó emparentada ante la opinión pública con la fuga del mafioso italiano Rocco Morabito. ¿Esta administración quedará asociada con el pasaporte entregado a Sebastián Marset?

—No, son dos temas que no tienen nada que ver uno con otro. Morabito fue un papelón internacional: se fue caminando... caminando de la cárcel. Fue un papelón internacional que lo resolvió Jorge Larrañaga con su recaptura, con la ayuda de las Policías de otros países. Al recapturarlo, Uruguay recuperó nuevamente prestigio porque su escape había sido un desprestigio total, espantoso. Fue indignante, la reclusión y el escape de Morabito fueron una vergüenza nacional. Morabito en reclusión conversaba con un poderoso narco mexicano como Gerardo González Valencia. Dos poderosos narcos que hablaban y coordinaban en prisión. González Valencia fue extraditado en 2020 por Uruguay a Estados Unidos y hace poco en Estados Unidos le dieron cadena perpetua. Acá nosotros a los narcos les ponemos tobilleras...

Sebastián Marset

—¿El pasaporte entregado a Marset no alcanza el mismo nivel de desprestigio internacional?

—No tanto como Morabito. Pero sí, lamentablemente le dimos un pasaporte en función de un decreto anterior que estaba vigente. Lo de Marset pasa por un decreto de la Presidencia de José Mujica, que ahora nosotros modificamos, en donde no se pedían antecedentes internacionales, solo nacionales, para otorgar un pasaporte. Con el actual decreto Marset no tendría el pasaporte. Pero según aquel decreto, no teníamos que pedir antecedentes internacionales para otorgar un pasaporte. Ese decreto de la época de Mujica nadie lo entiende y nadie del Frente Amplio sale a decir “yo estaba e hicimos ese decreto por tal razón”. Nadie.

—Usted fue citado como indagado por la entrega del pasaporte a Marset. ¿Asume alguna responsabilidad?

—Voy a ir en octubre a declarar. No tengo ningún problema en ir. Quiero salir ya a declarar, si me citan mañana mejor. Voy a decir exactamente lo mismo que dije en el Parlamento. Esa es la verdad. Ni un punto ni una coma menos. Yo y el subsecretario Guillermo Maciel vamos a ir con mucho gusto a colaborar, como indagados, pero a colaborar con la Justicia. No me preocupa para nada. El fiscal quiere y debe indagar y nosotros estamos dispuestos. No tenemos nada que esconder ni cambiar de lo que dijimos en el Parlamento. Vamos a ir muy tranquilos.

—Marset es hoy un prófugo internacional requerido por Paraguay, pero es uruguayo. Tiene también operaciones narco aquí y el gobierno le otorgó un pasaporte mientras estuvo preso. ¿Pensó en crear una fuerza policial especial para su recaptura?

—¿Oficiales encubiertos que salgan a hacer espionaje? Lo pregunté y lo tuve en mi cabeza: mandar un equipo nuestro al que le tengamos confianza para hacer una labor de investigación de encubierto. Pero no, no parece ser el camino correcto. Es más para las películas. Lo más lógico es coordinar con las Policías de la región y hacer trabajos conjuntos de inteligencia, tener buenos contactos en Argentina, Brasil, Paraguay, Bolivia. Lo mejor es tener un cuerpo de inteligencia que coordine con cuerpos de inteligencia de otros países. A veces tenemos que confiar mucho en las otras Policías, que no haya infiltración, que no nos den mala información, una serie de detalles de los que no participo y se los dejo a los profesionales.

—¿Confía en las fuerzas de seguridad de Bolivia?

—En Bolivia no teníamos buenos contactos. Tenemos una punta desde junio, cuando en una reunión de ministros del Mercosur yo traté de hacer una relación de confianza con el ministro de Gobierno de Bolivia, Eduardo del Castillo. Demoró un poco en el operativo de capturar a Marset, pero estuvo bien dispuesto a hacerlo, lo hizo e igual Marset se nos escapó. Sabemos que son países que tienen dificultades internas para combatir el crimen organizado.

—Esta semana se encontró un cuerpo dentro de un auto calcinado en el Cerro. ¿Hay que acostumbrarse a ese paisaje?

—No, pero no podemos prever todos los problemas de luchas entre bandas. Ahora hay luchas que se están dando en Villa Española y en el Marconi, de las que estamos pendientes. Pero cuando ponemos muchos policías en esos barrios se van afuera a otros barrios a tirotearse y a matarse. Nosotros teníamos preso a uno de los seis distribuidores de estas 49 organizaciones de microtráfico que hemos identificado, de estos 49 clanes que se enfrentan y causan gran parte de los homicidios. Y la jueza lo dejó libre.

—¿Su enojo es específico contra Mainard o una postura contra el Poder Judicial en general?

—Es un tema personal, una indignación mía con la jueza Mainard, no con el Poder Judicial.

—En el combate a los grupos de microtráfico y a los homicidios da la sensación de que la Guardia Republicana se está convirtiendo en la unidad fundamental de la Policía. Usted incluso quiere más integrantes.

—Nosotros precisamos más Guardia Republicana. La presencia de la Guardia Republicana es necesaria. Deberíamos tener una base en Treinta y Tres y otra en Colonia para estar distribuidos en todo el interior del país, y dos unidades más en Montevideo. Además, compramos dos carros blindados para que la Guardia Republicana pueda entrar a los barrios más difíciles. En vez de estar hablando de que las Fuerzas Armadas patrullen la calle, me parece más importante que se refuerce la Guardia Republicana, porque cuando llega a estos barrios se impone, se respeta. Los dos carros blindados son necesarios para actuar en esos barrios. La Guardia Republicana es una fuerza más de choque y en algunos lugares precisamos más eso, no la precisamos para patrullar la rambla.

—A inicios del año pasado, en un acto partidario en plaza Cagancha, mencionó que la mejora en seguridad había permitido que volvieran a utilizarse las carteras en el barrio. ¿Se arrepiente de esa declaración?

—Fue en un acto político, dije lo que me dijeron mis compañeros y mis compañeras. No me arrepiento. No es algo cierto para todos los barrios, no es lamentablemente generalizado en todo Montevideo, aunque me gustaría que fuera. Se quiso generalizar para tratar de minimizar la frase, pero en ese barrio las cosas estaban cambiando.

—Este mes, el ministerio cambió su estrategia de comunicación. ¿Por qué?

—Creemos que debemos aparecer mejor con quien tiene que ser el gran protagonista, que es el policía, no el ministerio. Si ustedes ven las últimas publicaciones del ministerio en redes sociales, hay menos ministro, menos subsecretario y más policías en el accionar. Eso es lo que queremos. Mostrar a la Policía en acción, con las cámaras corporales actuando en un allanamiento. Queremos poner a la Policía en acción para que la gente valore el riesgo que implica entrar a allanar una vivienda. No queremos declaraciones del ministro.

—¿Que usted hable provoca una imagen negativa al ministerio y la Policía?

—El ministro es un ministro político. Doy opiniones políticas y mucha gente no me escucha producto de que pertenezco a un partido político y tengo interés de transmitir éxitos. Por eso mucha gente apagará la televisión. En cambio, no pasa lo mismo si se ve el accionar de la Policía. No olvidemos que hoy la Policía en la población uruguaya tiene más del 70% de aprobación. Está muy por arriba de sindicatos, de partidos políticos, de todo. La gente en términos generales confía en la Policía.

—¿Se cuidará de aquí en adelante en sus declaraciones públicas?

—No no no. Cuidarme, no. Yo puedo hablar cuando hay cosas como lo de la jueza Mainard. No creo que ese sea un tema para que hable la Policía. Ahí es cuando el ministro tiene que aparecer, tiene que jugársela por la Policía. Como cuando me jugué el año pasado con los policías de Durazno acusados de homicidio, que tuve un enfrentamiento con la fiscal, porque para mí habían actuado acorde a la ley de procedimiento policial. Ahí no puedo tener dos actitudes. Acá se tiene una actitud, que es respaldar a los policías, no siempre, obviamente cuando se equivocan tengo que ser el más duro de todos. Pero como soy el más duro de todos para dar una línea, también la Policía espera que cuando se actúe bien el ministro no se calle la boca. Y yo no me callo la boca.

—Ha sido uno de los ministros más criticados en estos casi cuatro años de gobierno. ¿El apoyo del presidente se mantuvo?

—He tenido el apoyo político, el apoyo económico y el apoyo moral del presidente de la República. Siempre, aun cuando ante cada noticia que repercute en la opinión pública me llama para pedirme explicaciones.

—¿El Ministerio del Interior es el más desgastante de todos?

—Sí sí, no hay paz. Uno acá no tiene tranquilidad nunca. El teléfono no lo podés apagar nunca, lo tenés que atender siempre. Es 24 horas. No sé cómo hacían los anteriores ministros.

—¿Le costó más por no tener experiencia en seguridad pública?

—Yo no era un tipo vinculado al tema. Jorge Larrañaga estaba mucho más vinculado, Jaime Trobo era el especialista en el Parlamento. Yo en el Parlamento trabajaba temas de transporte, obras, viviendas, sueldos, asuntos económicos y administrativos. Pero el presidente confió en mi poder de gestión.

—Ya ha dicho que el año que viene dejará el cargo para dedicarse a la campaña electoral. ¿Cuándo se va?

—En los primeros días de marzo, luego de que el presidente presente la Rendición de Cuentas ante el Parlamento. A mí me costó mucho porque vengo de otro palo y he tenido que meterme de lleno en esto. Y lo he hecho con pasión y sin tasa ni medida. Tuve que aprender con zapatos de clavo. La idea es que quien venga después de mí no tenga que aprender.