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Al mismo tiempo que prepara la llegada de las vacunas contra el Covid-19 y el plan de inoculación, el gobierno de la coalición multicolor empezó a considerar un eventual incremento de gastos y otras medidas que este año estimulen la economía, así como a determinados sectores.
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Pero la discusión a la interna del oficialismo recién empieza y hay posiciones diversas, dijeron a Búsqueda fuentes políticas. Algunos partidos, como Cabildo Abierto, son proclives a dar apoyos particularmente a las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes), por entender que han sido de las más golpeadas por la emergencia sanitaria a causa de la pandemia. Referentes cabildantes, incluido su líder, el senador Guido Manini Ríos, plantearon con insistencia esa cuestión en las últimas semanas. El reclamo de medidas para las Mipymes y, por otro lado, aumentar el gasto social, encuentra sintonía en el Frente Amplio.
Una de las fuentes aseguró que el presidente Luis Lacalle Pou comentó en algunas conversaciones con integrantes del Poder Ejecutivo su visión de que este debería ser un año donde se podría habilitar cierta expansión del gasto, siempre que la situación fiscal lo permita y sin perder de vista el propósito de abatir gradualmente el desequilibrio en las cuentas públicas. Otro informante dijo que algunos integrantes del equipo económico comparten esa visión, aunque otros son partidarios de mantener la austeridad a rajatabla.
De consensuar una decisión en el sentido de habilitar cierto aumento del gasto, ello podría tener cabida a través de la primera Rendición de Cuentas del período de gobierno. Pero esta no es la única acción en carpeta del gobierno pensando en cómo reactivar la economía y, según dijo una de las fuentes, se considera impulsar obras de infraestructura. Un plan —el “Fondo de Infraestructura Coronavirus”, diseñado junto a CPA/Ferrere, CSI Ingenieros y el estudio Jiménez de Aréchaga— le fue entregado al gobierno el año pasado por empresarios del sector de la construcción y es visto con agrado por algunos jerarcas. La inversión en centros educativos, hospitales, viviendas y obras viales propuesta es de US$ 1.950 millones, y generaría 11.200 empleos directos durante tres años (Búsqueda Nº 2.095).
Otro que reclama poner en práctica medidas de ese estilo es el exministro de Economía blanco Ignacio de Posadas. En una misiva que se publica en la sección Cartas al Director de esta edición de Búsqueda, el abogado plantea instrumentar una “suerte de Plan Marshall” —el programa de recuperación de la economía europea tras la Segunda Guerra Mundial— y explica que “no se trata de hacer Arenas, ni regasificadoras, ni puertos de aguas profundas ni centrales de ciclo combinado”, sino de “invertir inteligentemente” y, “atado”, un “plan de competitividad”.
Admite que no hay dudas de que el momento actual del país “no es el ideal para salir a aumentar el gasto” debido al “agujero fiscal enorme” que dejó “la herencia más la pandemia” de coronavirus. “Pero precisamos hacer algo para tratar de salir del pozo. Algo más que las propuestas de una renta básica y el aumento del gasto corriente (que propone Astori). Nada de eso reanimará la economía. Tampoco resultará hacer las de Macri y sentarse a esperar que vengan inversiones”, sostiene De Posadas.
Revisión.
A todo esto, las proyecciones macroeconómicas se encuentran en fase de revisión, para darlas a conocer en febrero. Es un trabajo que la ministra Azucena Arbeleche anunció que se haría de manera semestral, en este caso para ajustar lo que se estimó como base para la ley de Presupuesto. Su cartera asume que la contracción del Producto Bruto Interno en 2020 fue mayor a la estimada inicialmente, a la vez que el rebote este año sería más débil, lo que tiene implicancias fiscales.
El déficit se ubicó en US$ 1.769 millones en los 12 meses cerrados en diciembre, un monto que equivale a 5,3% del Producto Bruto Interno (PBI). Pero eso incluye ingresos por los llamados “cincuentones” que dejaron su AFAP y volvieron a aportar solo al Banco de Previsión Social (BPS); si se los excluye, el desequilibrio rondó los US$ 2.000 millones, es decir 6,0% del PBI según las cifras informadas por el Ministerio de Economía.
