El gobierno modificó el año pasado el decreto que avaló dar pasaporte a Marset, pero no cambió los requisitos judiciales

El impacto de esta noticia, informada la semana pasada por el diario colombiano El Tiempo, puso en el ojo de la tormenta al gobierno uruguayo nacional e internacionalmente. La hipotética vinculación de Marset fue expuesta de manera sorpresivamente directa por el nuevo presidente colombiano, Gustavo Petro, quien comentó el viernes 12 en su cuenta de Twitter que el asesinato de Pecci fue “cometido por el narcotraficante uruguayo Marset”.

En marzo, Búsqueda informó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, por intermedio de la sección consular de la Embajada de Uruguay en Emiratos Árabes Unidos, le había otorgado el documento en noviembre. Cancillería aclaró que lo hizo luego de la aprobación del Ministerio del Interior a través de la Dirección Nacional de Policía Científica y la Dirección Nacional de Identificación Civil.

Las oficinas consulares son las que inician los trámites de pasaporte solicitados en el exterior. Desde la cárcel Marset ingresó sus huellas dactilares, fotografía y firma. Esa información, así como sus antecedentes, fue analizada por el Ministerio del Interior, que dio el visto bueno para expedir el documento. Tras ser imprimido por Identificación Civil, fue enviado al Departamento de Documentación de Viaje de la Dirección General para Asuntos Consulares y Vinculación de Cancillería para coordinar su entrega al solicitante en los Emiratos Árabes Unidos. Como este proceso, vía valija diplomática, suele ser lento, Marset emitió un poder a nombre del abogado uruguayo Alejandro Balbi, que retiró el documento en Cancillería y se lo dio a un familiar para que se lo lleve directamente.

El miércoles 17 la subsecretaria de Relaciones Exteriores, Carolina Ache, negó que fue quien agilizó este trámite. “En el mes de noviembre de 2021, a su solicitud, recibí en mi despacho de la Cancillería al Dr. Alejandro Balbi, como suelo hacer con tantas personas que me solicitan audiencia. Se limitó a consultarme la fecha de envío de valija diplomática. En ningún momento me pidió que interviniera para agilizar proceso alguno. Tampoco brindé ninguna instrucción a los servicios de Cancillería en relación con este caso. Rechazo cualquier rumor sobre mi participación en este asunto”, afirmó en su cuenta de Twitter.

El Ministerio de Relaciones Exteriores, en preparación de la interpelación, solicitó todas las comunicaciones sobre el tema a sus distintas oficinas. El Observador informó el martes 16 que el embajador en Emiratos Árabes Unidos, Álvaro Ceriani, sugirió en una comunicación con la Cancillería que se tomaran más tiempo para analizar el caso en detalle.

Más allá del rol de Cancillería, Interior señaló que legalmente no tenía impedimentos para denegar el pasaporte a Marset, pese a que estuviera preso en el extranjero, porque el decreto que regula la materia, Nº 129/2014, establece que la denegatoria es únicamente de existir antecedentes judiciales a nivel nacional. El subsecretario Guillermo Maciel declaró en marzo que esa norma, aprobada en el gobierno de José Mujica, disminuyó los requerimientos para obtener un pasaporte que databan de 1993, por lo que el gobierno iba a elaborar un régimen más estricto. Luego de la revelación publicada por El Tiempo el jueves 11, Maciel dijo a Montevideo Portal que aún trabajan en el nuevo decreto, que requerirá a los solicitantes no estar privados de libertad ni tener antecedentes judiciales en el extranjero.

El ministro Luis Alberto Heber dijo, por su parte, que acudirá “con gusto” a la interpelación en el Parlamento “porque la legislación es muy clara” y no había razones para rechazar el pasaporte a Marset. “La normativa está mal hecha. Lo que no sabíamos era que estaba este decreto vigente, que llevaba a flexibilizar los requerimientos. Entonces ese decreto habilitaba a la posibilidad de que pudiera acceder al pasaporte. Y eso es lo que estamos cambiando ahora”, sostuvo en rueda de prensa.

El Ministerio del Interior, sin embargo, sí estaba al tanto de la existencia del decreto. Incluso, modificó dos artículos el año pasado tras una resolución de la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) que establecía que el artículo 22 vulneraba los derechos de las personas en situación de discapacidad por exigirles una autorización expedida por un juez para iniciar el trámite de solicitud de pasaporte. En coordinación con Cancillería y el Ministerio de Desarrollo Social, Interior, entonces liderado por Jorge Larrañaga, derogó el artículo cuestionado en enero de 2021 y modificó otro. Los cambios llevan la firma de Larrañaga, Bustillo y el presidente Luis Lacalle Pou. El proceso de todo el trámite fue publicado dos meses después en el sitio web de la Inddhh.

En rebeldía

Pecci era un fiscal paraguayo enfocado en causas contra el crimen organizado. Fue asesinado por dos sicarios mientras estaba de luna de miel con su esposa en una playa cerca de Cartagena. Una de las cuatro personas condenadas por el hecho declaró a la Justicia de Colombia que la orden provino de la organización liderada por Marset y su socio paraguayo Miguel Ángel Insfrán.

Las agencias de Colombia, Paraguay y Estados Unidos que investigan el homicidio analizan si efectivamente estos fueron los instigadores o la idea partió de otro grupo internacional como el PCC de Brasil. Para eso estudian qué tanto actuó Pecci en A Ultranza Py, el histórico operativo que en marzo desembocó en más de 100 allanamientos en distintos puntos de Paraguay con la finalidad de detener a la organización de Marset e Insfrán. Ambos escaparon y fueron declarados en rebeldía por la jueza penal de Garantías del Crimen Organizado de Paraguay, Rosarito Montanía.

Búsqueda informó en aquel momento que en la investigación sobre A Ultranza Py participó la Agencia de la Unión Europea para la Cooperación Policial (Europol), la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos y la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) de Uruguay, que se sumó al procedimiento con la DEA como enlace. Los intercambios entre las agencias involucradas se dieron durante todo 2021.

Para ese entonces, también la Dirección Nacional de Inteligencia de la Policía Nacional sospechaba que Marset fue el ideólogo de la amenaza recibida en 2020 por Mónica Ferrero, fiscal de Estupefacientes encargada, entre otros operativos, de la incautación en diciembre de 2019 en el Puerto de Montevideo de 4.418 kilos de cocaína en contenedores de soja rumbo a Lomé, Togo. La Policía uruguaya además participa de su búsqueda internacional a partir del requerimiento de Paraguay. Fuentes policiales indicaron que su retorno a Uruguay “es una utopía” y que consideran que puede estar escondido en África, continente donde mantiene contactos por ser parte de su operativa de drogas como escala de la cocaína que viaja a Europa en su destino final.