• Cotizaciones
    domingo 16 de junio de 2024

    El presidente de la AUF admite extorsiones de las barras y pide sanciones porque sino "van a manejar hasta quién entra a las concentraciones"

    Según Ignacio Alonso son "grupos casi mafiosos" que "defienden más a su agrupación que a su club" y presionan a los directivos con "entradas y viajes" a cambio de no generar desmanes. La fiscal de Corte evalúa crear una fiscalía deportiva y el Parlamento estudia quitarles sus libretas de conducir y los beneficios del Mides

    "La Doce es la única barra en el mundo que creó una fundación legal para blanquear ingresos ilegales provenientes de la extorsión a políticos, empresarios y deportistas, así como del financiamiento inescrupuloso a través de la reventa de entradas, el manejo de los micros para llevar hinchas al interior, el estacionamiento en las calles de La Boca cada vez que hay un partido y el merchandising. Eso sin contar el porcentaje aportado por los concesionarios de los puestos de venta de bebidas y comidas del estadio. Por sus manos también pasa la plata de la venta de drogas en La Bombonera y sus alrededores, y los tours de turistas que quieren ir a la popular. Quien no paga se expone a que la vida se le complique". Gustavo Grabia es el periodista argentino más especializado en el funcionamiento de las barras bravas y en 2011 escribió un libro sobre la más conocida de todas: La Doce, la verdadera historia de la barra brava de Boca.

    Allí cuenta su origen, sus integrantes, sus disputas, sus conexiones, sus delitos y sus abultados ingresos económicos. Hinchadas como La Doce y otras pioneras del fútbol argentino marcaron el camino para otras en el resto del mundo, incluido Uruguay. Aquí, con Nacional y Peñarol a la cabeza, desde hace décadas se adoptaron de las tribunas argentinas ciertas costumbres folklóricas como cánticos y recibimientos, y otras más complejas como las actividades ilícitas de hinchadas organizadas que a base de violencia ganaron poder dentro de los clubes y las asociaciones de fútbol. Varias de esas actividades -reventa de entradas, comercio de drogas y control de cuidacoches- ya fueron demostradas en Uruguay; otras -porcentajes en transferencias de jugadores y obtención oficial de cargos dentro de las comisiones directivas- aún no. Pero la posibilidad de que en el futuro puedan suceder preocupa al presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), Ignacio Alonso.

    "Los directivos reciben todo tipo de presiones. Esto está supercomprobado, incluso a nivel personal. Las barras les dicen a los dirigentes: 'Mirá que el club recibe $ 500.000 de multa', 'Conseguime esas veinte entradas porque yo a estos los controlo', 'Mirá que puede haber puntos', 'Para el clásico necesitamos el transporte', 'Para ir a Porto Alegre precisamos que saquen cinco o seis ómnibus gratis', y así va dándose la escalada de las prerrogativas y de los pedidos", señaló en el Parlamento.

    El planteo de Alonso no es nuevo para el fútbol uruguayo: de forma más o menos abierta, públicamente algunos dirigentes de clubes lo han admitido. Incluso Nacional y Peñarol estuvieron institucionalmente relacionados con barras bravas, así como integrantes del sistema político. Pero sí es inusual que un presidente de la AUF sea tan tajante respecto a la operativa de las barras bravas en Uruguay, frente a legisladores y acompañado en su comparecencia por autoridades del Poder Ejecutivo.

    Alonso estuvo el jueves 18 en la Comisión Especial de Deporte y Juventud de la Cámara de Senadores. La delegación la completaron el jefe de Seguridad de la AUF, Rafael Peña; el secretario nacional del Deporte, Sebastián Bauzá; y el gerente de la Secretaría Nacional del Deporte (SND), Gerardo Lorente. "Los compañeros de la Secretaría Nacional del Deporte, más allá de que están en otro plano, también han sido dirigentes y cada uno sabe perfectamente de lo que hablo", dijo Alonso sobre su denuncia.

    Peña, un expolicía en el cargo de la AUF desde 2017, reafirmó que efectivamente "la dirigencia a veces sufre la presión de estas barras". Aunque valoró que la seguridad en el fútbol uruguayo mejoró respecto a 2016, sostuvo que en el último año y medio se produjo un "incremento sistemático de los eventos de violencia" en las canchas. "Creo que gran parte de esto guarda relación con la pospandemia, ya que a nivel general se ha notado un problema de impunidad o de desinhibición, por parte de las personas, con respecto a las reglas establecidas", describió.

    Bauzá coincidió en que el fútbol sufre un momento particular en donde se producen incidentes hasta "en un partido de Defensor Sporting, que antes jamás iba a clasificarse como partido violento". El secretario nacional del Deporte destacó que el gobierno, a través de decretos y de la Ley de Urgente Consideración (LUC), solucionó dificultades del registro que impide ingresos a espectáculos deportivos, al crear una lista única y clasificar las penas en leves, graves y gravísimas hasta alcanzar los 15 años de inhabilitación para entrar a un estadio. Ahora aboga por más cambios: "Las medidas tienen que ser otras".

    Tanto para la AUF como para el Poder Ejecutivo, una de estas medidas es ampliar los sistemas de cámaras de videovigilancia en las canchas. Actualmente solo están disponibles en el Estadio Centenario, el Gran Parque Central y el Campeón del Siglo, pero se estudian ofertas para instalarlos en otros escenarios, al menos con una capacidad ténica básica. La otra propuesta es que el Poder Legislativo incremente las penas a los violentos para disminuir la influencia de las barras. "Sino empiezan a profundizarse las actividades de estos grupos que se transforman en casi mafiosos. Cuando queramos acordar, vamos a estar en una situación como la de otros países donde manejan los estacionamientos, los conciertos y hasta quién entra o no a las concentraciones", dijo Alonso en referencia a Argentina.

    Actualmente los incidentes en el fútbol se sancionan vía el Código Disciplinario de la AUF, que establece que los clubes son responsables del comportamiento de sus jugadores, oficiales, miembros, parciales, aficionados, así como de cualquier otra persona que ejerza o pudiera ejercer en su nombre cualquier función en ocasión del partido. Añade que los clubes son responsables por los hechos ocurridos en el recinto del estadio y/o escenario deportivo, antes, durante y después del partido del cual sean participantes. Estos podrán derivar en una advertencia, reprensión, amonestación o apercibimiento; multa; determinación de dar por terminado un partido y su resultado; deducción de puntos; cierre de hasta dos períodos de transferencias; obligación de jugar como locatario a puerta cerrada; descalificación de competiciones en curso y/o exclusión de futuras competiciones; prohibición de acceder a próximos torneos internacionales de clubes y de integrar la delegación oficial de las selecciones nacionales en cualquier tipo de torneo o partidos amistosos.

    "A las barras eso les genera poder, porque cuanto mayor es la pena sobre su club, mayor es la herramienta que tienen para ir a presionar a sus dirigentes para sacar beneficios propios, tales como entradas, viajes, cupos en los partidos en los que hay límite de aforo y otras prerrogativas que consiguen. Hay gente que es más hincha de la barra que del club, defienden más a su agrupación que a su club, se sienten más identificados con la barra", planteó Alonso. "Hoy sentimos que debemos combatir la sensación de impunidad que tienen una cantidad de espectadores que están concurriendo a determinadas parcialidades. Realmente se tiene que acabar la sensación de impunidad y si el 'hincha' -entre comillas- cree que la única sanción que habrá ante un acto de violencia es la que va a caer sobre su institución, se equivoca", agregó.

    Reclamó a los senadores elaborar "respuestas legislativas que puedan afectar la vida de los que quieren entrar en este círculo y que sientan que no solamente hay sanciones sobre los clubes".

    Sergio Botana, del Partido Nacional, afirmó que la Comisión Especial de Deporte y Juventud ya estudia esa posibilidad y entre otras medidas discutió imponer multas económicas directamente a los violentos y quitarles su licencia de conducir y transferencias del Estado, como son ayudas del Ministerio de Desarollo Social y beneficios del Banco de Previsión Social. "Podríamos pensar también en algún tipo de impedimento que complique su trabajo diario, como el no acceso a determinados certificados por cierto tiempo. En definitiva, cosas que hagan que la gente piense antes de actuar", concluyó Botana.

    Lastimosa. En 2018 la Asociación Uruguaya de Fútbol le encargó a la Universidad de la República, a través de la Facultad de Ciencias Sociales y la Facultad de Psicología, que investigue el significado del fútbol en la sociedad uruguaya. En el capítulo sobre violencia de ese documento, el equipo académico coordinado por el sociólogo Felipe Arocena se enfoca en el concepto de aguante. "La definición de aguante que realizan estos grupos de hinchas difiere de la que efectúan otros actores del espectáculo futbolístico. Aguantar no pasa por alentar todo el partido, ni por concurrir a los partidos de su equipo sin importar que le vaya bien o mal deportivamente. Aguante para los integrantes de las barras es pelear, afrontar con valentía el combate físico. No basta con sostener discursivamente el aguante, sino que hay que pelearse", argumenta la investigación.

    Más del 90% de los que tienen prohibido entrar a espectáculos deportivos es por actos relacionados al fútbol: prender bengalas, participar en riñas, desplegar banderas amenazantes, entre otros. Coloquialmente denominada "lista negra", el registro se creó en 2017, originalmente limitado al fútbol y al básquetbol. En 2021 la Secretaría Nacional del Deporte lo amplió al autorizar a todas las federaciones deportivas del país a sumar personas. De marzo de 2020 a hoy la lista creció un 144%, de 620 a 1515 integrantes. 1142 son uruguayos y 374 son extranjeros, de los cuales 330 son brasileños que, entre otros partidos, vinieron a ver a Athletico Paranaense, Flamengo, Fortaleza, Palmeiras y Red Bull Bragantino durante las finales de la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana disputadas en 2021 y 2023 en Montevideo y Maldonado.

    Todos los incluidos en la lista tienen derecho a solicitar a la federación que lo inscribió que le informe de los motivos y de la duración de la medida. También tienen derecho, en cualquier momento y por única vez, a solicitar la revisión de la medida al presentar descargos y pedir el diligenciamiento de prueba. La AUF recibe al menos tres personas al día. Peña, quien se retiró de la Policía Nacional con el grado de comisario general tras 46 años de servicio, aseguró que en estas entrevistas cara a cara suele encontrarse "con gente que prácticamente no sabe hablar ni escribir".

    "A veces tienen que presentar una nota para explicar su situación y no saben escribir. Se trata de personas a las que es difícil entender, no sé si por la formación cultural o por el uso de algún tipo de sustancia", dijo en el Senado. "Es algo muy triste, hay momentos en que la situación es lastimosa; yo soy abuelo y a veces me da mucha lástima ver a los gurises que van, porque no tienen ningún interés en nada, lo único que los mueve es el club", explicó.

    Estos casos particulares son parte de un panorama más amplio. Según Peña en muchas de las entrevistas notó que las "personas venían buscando un sentido de éxito y de gloria, y el único momento de su vida que lo encontraban era cuando estaban cerca de su club". Afirmó incluso que, en los análisis de las cámaras de videovigilancia de los partidos, el área de Seguridad de la AUF nota como al entrar a la tribuna a "algunos representantes de las barras les hacen un espacio y los saludan como grandes personalidades".

    "Es algo que vamos a tener que atender desde el punto de vista social", indicó. Para Alonso estas conductas generan "una atracción", "despiertan admiración" y "afectan la psicología" de los hinchas adolescentes que concurren al fútbol. "Luego eso se va culturizando y la situación es peor. Es increíble el fenómeno culturalmente, pero es así", lamentó, en un diagnóstico desalentador similar a lo que en el libro de Gustavo Grabia afirma Rafael Di Zeo, líder emblemático de la barra brava de Boca Juniors: "La violencia en el fútbol no se va terminar nunca. Porque esto es una escuela. Es herencia, herencia y herencia".

    Impulsado por la AUF, en octubre el Ministerio del Interior presentó la Dirección General de Seguridad en el Deporte, a cargo del ex subdirector de Hechos Complejos, Álvaro García. Esta nueva unidad policial está exclusivamente dirigida a la prevención, investigación y operación de todos los eventos deportivos en el país. Más allá de este paso con Interior, a nivel judicial la AUF y la Secretaría Nacional del Deporte propusieron a la Fiscalía General de la Nación que se cree una fiscalía deportiva.

    A inicios de año mantuvieron conversaciones con Mónica Ferrero, la fiscal de Corte subrogante, y esperan resultados concretos para 2025. "No se habló de una fiscalía exclusiva de carácter deportivo. No queremos un sistema igual al de Brasil, donde para cada partido hay una fiscalía con una dependencia que se instala en el estadio. Eso para nosotros es imposible", explicó Peña. Ferrero señaló a Búsqueda que antes deben "evaluarse recursos" de la Fiscalía General de la Nación porque la atención a incidentes de violencia en el fútbol ocurre en todos los departamentos del país. En caso de concretarse, será una fiscalía semiespecializada: en su semana de turno atenderá distintos delitos y en las otras tres semanas se dedicará exclusivamente al fútbol.

    "Me parece bien interesante esa formulación de que no sea exclusiva, me parece muy inteligente que tenga esa especialidad. Seguramente, tengamos que ver cómo le damos forma desde el punto de vista de la ley para que pueda funcionar debidamente", valoró Botana.

    En diciembre de 2021 el fiscal letrado penal de Montevideo de la Fiscalía de Flagrancia y Turno de 9° turno, Fernando Romano, actuó de oficio para investigar cánticos de jugadores y dirigentes de Peñarol en alusión a hinchas asesinados de Nacional. Desde entonces Romano tomó numerosos casos de violencia en el fútbol; generalmente, tras las declaraciones de los involucrados, las investigaciones quedaron archivadas. "Los fiscales de Flagrancia tenemos aproximadamente 400, 500 carpetas de investigación activas. A veces uno no puede judicializar todos los casos. Tratamos de judicializar lo menos posible porque tendríamos trabajo extra", afirmó Romano el miércoles 10 en una conferencia académica en el Parlamento organizada por Siembra Uy.

    En la charla explicó que se enfocó en hechos de violencia deportiva por "un tema de actitud personal", porque le gusta el fútbol. "Se podrá cuestionar mi actuación dado que mucha gente ha entendido que no correspondía, que había cosas más importantes, pero yo entendía que había que hacer una intervención, no para reprimir sino para que a través de la intervención determinados estamentos de violencia no se sucedieran". Hoy abandonó la tarea de tomar de oficio casos sobre fútbol y estos, de ser necesario, los asume el turno correspondiente.

    El último recayó el domingo 14 en la fiscal letrada penal de Montevideo de Flagrancia y Turno de 12º turno, Sabrina Flores, quien de ofició investigó una pelea entre futbolistas de Defensor Sporting y River Plate tras el partido que jugaron por la octava fecha del torneo Apertura del Campeonato Uruguayo de Primera División.

    Información Nacional
    2024-05-02T00:49:00