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    En 2023 se fugaron 48 personas con tobillera electrónica

    Escaparon también otras 39 con prisión domiciliaria controlada mediante visitas

    La fuga del narcotraficante Juan Antonio González Bica, que cumplía prisión domiciliaria con una tobillera electrónica, volvió a poner en el centro de la atención pública esa pena alternativa que se implementó durante los últimos gobiernos frenteamplistas para dar respuesta a los delitos de violencia doméstica. También dejó expuestas las dificultades que tiene su control, que muchas veces se materializan en fugas.

    Según información de la Dirección Nacional de Supervisión de Libertad Asistida del Instituto Nacional de Rehabilitación, a la que accedió Búsqueda, entre enero y setiembre de este año 48 personas que tenían tobillera se sacaron el dispositivo y se fugaron.

    A partir de esos episodios, el Ministerio del Interior debió declarar como hurtadas cerca de 20 tobilleras —de casos donde no fueron ubicadas—, cinco fueron destruidas de forma irremediable y el resto fueron recuperadas después de daños mínimos, por ejemplo, por el corte de la correa. En aquellos casos en los que los dispositivos debieron ser desafectados del stock, las personas fueron castigadas según las penas establecidas en el Código Penal.

    La verificación del cumplimiento de las medidas privativas de libertad se realiza de dos formas: a través de las tobilleras electrónicas que emiten alertas si se infringe la distancia de alejamiento o por “planilla”, que consiste en monitorear a la persona a través de visitas periódicas a los domicilios de los condenados.

    La oficina encargada de controlar el cumplimiento de ambos mecanismos es la de Supervisión de la Libertad Asistida, que también se encarga de las libertades a prueba o de tareas comunitarias determinadas a partir de la “ley de faltas”. Para ello, cuenta con cerca de 80 funcionarios, de los cuales 65 fueron contratados en marzo de este año.

    Un grupo de 28 de ellos trabaja en la mesa central de monitoreo de tobilleras electrónicas de todo el país, que cuenta —por turno— con entre cinco y siete personas que observan pantallas atendiendo la llegada de una alerta de una de las 340 tobilleras electrónicas instaladas en la actualidad. Por otro lado trabajan los funcionarios encargados del control por planilla, que son 31 para Montevideo y cuentan con dos móviles policiales para visitar los domicilios de las personas y controlar que cumplan con la condena que recibieron. En la mayoría de los casos van dos veces por semana, en horarios aleatorios, aunque pueden incrementar los controles en caso de un aumento del riesgo.

    En lo que va del año también se produjeron fugas de personas que eran controladas por planilla. Fueron 39, por lo que en total escaparon 87 personas a las medidas privativas de libertad.

    Sistema progresivo.

    En los controles realizados también se constataron incumplimientos: fueron 373 entre enero y julio, de los cuales 195 corresponden a personas con tobilleras y 178 al control presencial por planillas. Fuentes del Ministerio del Interior indicaron a Búsqueda que el concepto de medidas alternativas per se “tiene un mayor incumplimiento que la cárcel” y “no deja de ser progresivo”. En los casos del control por planilla “la idea es no perder ubicación o el contacto” y “no eps una idea de control policial o penitenciario”.

    A su vez, reconocen que hubo un aumento de los incumplimientos en los últimos meses, pero lo justifican con el aumento de funcionarios y por tanto de mayor cantidad de controles en los hogares, aunque todavía los recursos son insuficientes, sobre todo en el caso de los controles por planilla.

    Desde la cartera comenzarán a trabajar el seguimiento con medios electrónicos como celulares o aplicaciones móviles.

    Menos tobilleras.

    Según datos del Ministerio del Interior, actualmente hay 848 con arresto domiciliario, además de las que tienen tobilleras, que en total suman 1.188, una cifra similar a noviembre de 2022, cuando eran 1.151, según había informado El Observador.

    Alrededor de un 80% son hombres, que en su mayoría fueron sometidos a la Justicia por delitos de violencia doméstica —en casos de alto riesgo—, aunque puede ser por cualquier delito mientras cumpla las condiciones para una prisión domiciliaria y por tanto no implique un alto riesgo de fuga o de entorpecer la investigación fiscal.

    A raíz de las fugas de narcotraficantes que cumplían la pena en sus domicilios, uno de ellos, con tobillera electrónica, varios fiscales consultados coincidieron en que posiblemente se reduzcan las solicitudes de utilización de dispositivos electrónicos de monitoreo por cierta desconfianza en el sistema. Uno de ellos consideró que se dará una “retracción” en relación con el pedido de uso de tobilleras electrónicas por parte de los fiscales, por un “principio de actitud defensiva” respecto a las fugas.

    Los fiscales hicieron referencia a las dificultades para efectuar los controles por parte del Ministerio del Interior, sobre todo en el caso de verificación por planilla.

    “Es muy rudimentario, por insuficiencia de recursos, y eso hace que estén en el limbo de confiar en la persona”, señaló uno, que agregó que “el sistema no está preparado para dar respuesta rápida en casos con mucha posibilidad de acceder a medios para fugarse”.

    Asesoramiento técnico.

    En este contexto, y luego de críticas del ministro del Interior Luis Alberto Heber a la actuación de la Justicia, el jerarca y la presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Doris Morales, mantuvieron una reunión este lunes 2 de octubre. En el encuentro no hablaron de la situación de las tobilleras, aunque se refirieron a la necesidad de mejorar la articulación en cuestiones de violencia doméstica, según indicaron a Búsqueda fuentes que participaron del encuentro.

    Fuentes de la cartera consideraron necesaria una “participación real” de la Oficina de Supervisión de la Libertad Asistida como “organismo técnico” en el proceso de selección de las medidas alternativas que se aplican a los condenados porque actualmente reciben la comunicación de la resolución judicial, pero no pueden hacer un asesoramiento previo.

    Información Nacional
    2023-10-04T22:50:00