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Cuatro de los narcos más poderosos del país fueron procesados desde 2020, pero lograron salir de la cárcel
Juan González Bica y Miguel Ángel Leal da Costa se fugaron; Juan Vigorito quedó en libertad y Antoni Suárez estaba en una comunidad terapéutica de adictos
Un oficial de la Dirección General de Represión del Tráfico Ilícito de Drogas tras un operativo. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El Ministerio del Interior tiene un problema con los narcotraficantes. En lo que denomina una “guerra contra la droga”, el ministerio ha destacado el crecimiento desde 2020 en la cantidad de allanamientos, bocas de venta clausuradas, sustancias incautadas y bandas identificadas. Ese trabajo culmina con delincuentes imputados que el Instituto Nacional de Rehabilitación decidió reunir en un sector del Penal de Libertad para mantenerlos monitoreados y reducir su influencia en las operaciones que continúan en el exterior. El sector hoy está sobrepoblado y ya no es tan sencillo controlar la actividad de los narcos presos. Algunos son derivados a la Unidad 25 de máxima seguridad que funciona en Santiago Vázquez, pero allí han reclamado que las condiciones de reclusión vulneran sus derechos y la Justicia exigió a Interior flexibilizar el régimen de vigilancia. A todo este contexto se le sumó ahora un punto más grave: los principales capos narcos de Uruguay directamente logran irse de la cárcel.
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La utilización de documentos médicos falsificados para conseguir la prisión domiciliaria de reclusos desembocó en la fuga de dos distribuidores que alimentan las bocas de droga de Montevideo, Canelones y San José. Un tercero, dedicado al mismo modelo de negocio, consiguió con ese tipo de documento ser derivado de la cárcel a un centro de rehabilitación para adictos. Cuando se descubrió la maniobra, se ordenó que fuera nuevamente enviado al Penal de Libertad.
Se trata de líderes de organizaciones dedicadas al abastecimiento de pasta base, cocaína y marihuana que se encuentran en el medio de la escala de poder del narcotráfico: por debajo del comercio internacional pero arriba del todo en la escena local, como los verdaderos jugadores que manejan el consumo en Uruguay. Son quienes venden la droga a los 49 clanes familiares de microtráfico, que luego la sacan al mercado mediante las bocas.
La estrategia de la Policía se basa en atacar a estos 49 clanes con las brigadas antidrogas de Montevideo y Canelones y dejar en manos de la Dirección General de Represión al Tráfico Ilícito de Drogas (DGRTID) a los distribuidores, unidad que ha actuado a través de procedimientos de envergadura en coordinación generalmente con la Fiscalía Penal de Montevideo de Estupefacientes de 1er turno, a cargo de la fiscal Mónica Ferrero.
Notificación roja de Interpol para González Bica y Leal da Costa
Uno de los narcos golpeados fue Juan Antonio González Bica en junio de 2022 a través de la operación Pitágoras. Se lo imputó por un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de organización y financiación, en reiteración real con un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de transporte, un delito de tráfico ilícito de estupefacientes en la modalidad de posesión y depósito, un delito de tráfico interno de armas de fuego y un delito de conversión y transferencia en la modalidad de autolavado, todos en régimen de reiteración real, en calidad de autor. En mayo, la jueza María Helena Mainard dispuso que se le otorgara prisión domiciliaria por afecciones de salud atestiguadas con informes falsos, elaborados por un estafador y su abogada defensora. González Bica salió de la cárcel y desde junio está prófugo. Hoy es requerido por Interpol.
El mes pasado también se confirmó la fuga de Miguel Ángel Leal da Costa, otro buscado por Interpol a quien la jueza Adriana Chamsarián había ordenado prisión domiciliaria sosteniéndose en documentación médica apócrifa. Leal da Costa estaba detenido desde febrero tras un allanamiento donde se incautaron 17 kilos de cocaína, 20 kilos de pasta base y US$ 98.000.
Mediante la misma modalidad de informes médicos falsificados la Justicia ordenó que otro distribuidor, Antoni Suárez López, fuera ubicado en un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, según informó El País el 10 de setiembre. Suárez López, cuya base es Villa Española, había sido arrestado en diciembre de 2021 con armas de fuego, vehículos de alta gama y pasta base que, colocada para el narcomenudeo, le iba a reportar US$ 1,2 millones. Hasta hace tres semanas residía en la comunidad terapéutica Bethania, adonde suelen ir delincuentes primarios y condenados por delitos leves. Cuando el escándalo estalló se dispuso su retorno al Penal de Libertad.
Quien está fuera de prisión amparado legalmente con libertad anticipada es Juan Antonio Vigorito, el Juano, un narco de 45 años con operaciones principalmente en Ciudad de la Costa y seis períodos en prisión. La última fue desde noviembre de 2019, cuando fue arrestado en el marco de la operación Tarawa. Imputado en setiembre de 2020 por los delitos de suministro de estupefacientes y lavado de activos, Vigorito estuvo inicialmente en Santiago Vázquez bajo un régimen relativamente distendido. Luego se lo trasladó al Penal de Libertad.
Una de las últimas operaciones fuertes de la DGRTID fue en junio para intentar detener a Walter Abel Irañeta. Tras tareas de investigación e inteligencia, se allanaron nueve viviendas en Canelones y Montevideo, se desmanteló parte de su grupo, pero no se dio con su paradero. “Es una de las organizaciones que entendemos que es proveedora de sustancia a otros grupos criminales o clanes, que no es un tema menor para la Policía, ya que el combate al microtráfico es fundamental para tener líneas de investigación que nos lleven a grupos que están en otros niveles como en este caso”, afirmó en conferencia de prensa Juan Rodríguez, director de Investigaciones de la Policía.
Por el momento, los distribuidores que sí están encarcelados son un hijo y su padre. Claudio Rodríguez Cruz, de 37 años, y Washington Rodríguez Olivera, de 59 años y apodado Calidad, quienes abastecen a sitios de venta en el Cerro, Paso de la Arena y Ciudad del Plata. Acusados de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes en la modalidad de almacenamiento y depósito, el primero está en la cárcel de máxima seguridad de Santiago Vázquez y el segundo en el Penal de Libertad. Los arrestaron con estupefaciantes ingresados vía Brasil por $ 1,8 millones, cuya ganancia aproximada tras la venta local era de US$ 4,5 millones.
Con el objetivo de frenar el poder de estos narcotraficantes, estén detenidos o en libertad, el ministerio incluyó en la Rendición de Cuentas un artículo para habilitar el decomiso ampliado de bienes, que el ministro Luis Alberto Heber calificó como una “herramienta vital e indispensable que puede dar resultado en la guerra contra el narcotráfico”.
“Es pegarle a la plata; es pegarle al dinero”, indicó Heber el 26 de julio ante la Comisión de Presupuesto integrada con la de Hacienda de la Cámara de Representantes. La iniciativa permite que el Estado se quede con los bienes patrimoniales de los delincuentes que no son objeto de las operaciones policiales. “La figura sería la más eficaz para cortar el ciclo criminal, ya que observamos que las personas son formalizadas y son condenadas, pero sus bienes se mantienen prácticamente intactos, salvo aquellos que logramos incautar o decomisar en el abreviado o que son objeto del hecho”, añadió el ministro.
