Desde el entorno de la subsecretaria dicen que todas sus afirmaciones “están respaldadas en evidencia documental”
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEn el gobierno están convencidos de que la exvicecanciller Carolina Ache grabó algunas de las conversaciones que mantuvo con Roberto Lafluf, asesor en comunicación y estrategia del presidente Luis Lacalle Pou, cuando discutían la eliminación de los whatsapps que la exjerarca intercambió con el entonces subsecretario Guillermo Maciel.
Lafluf, Maciel, el canciller Francisco Bustillo y el ministro del Interior, Luis Alberto Heber, debieron renunciar después de que Búsqueda informara que Ache había denunciado que el gobierno intentó ocultar a la Justicia las comunicaciones vinculadas al narcotraficante Sebastián Marset.
Ache presentó en Fiscalía una grabación en la que se escucha a Bustillo sugiriéndole que perdiera su celular para no entregar los chats. En el gobierno creen que también existen otras grabaciones, una de ellas de conversaciones que tenían a Lafluf como interlocutor, dijeron informantes del oficialismo a Búsqueda.
Consultadas por Búsqueda, fuentes cercanas a la defensa de Ache dijeron que a la exjerarca “nadie la desmintió” y que “todas sus afirmaciones están respaldadas en evidencia documental”.
En su relato ante el fiscal Alejandro Machado, que investiga la entrega de un pasaporte a Marset, Ache relató que el 18 de noviembre del 2022, ante los pedidos de Bustillo de borrar los chats, decidió pedirle a una escribana que labrara un acta que certificara la existencia y el contenido de los mensajes. La Justicia había resuelto que la Cancillería debía entregar esas comunicaciones ante una solicitud de acceso a la información pública de senadores del Frente Amplio.
El 24 de noviembre, fecha límite decretada por la Justicia para cumplir con el fallo, Ache entregó en el despacho del ministro Bustillo un “sobre cerrado” con un documento notarial que incluía el contenido de los chats que mostraban que el gobierno sabía que Marset era un narco “pesado” en momentos en que tramitaba el pasaporte. La entonces viceministra dejó constancia de la entrega en el expediente electrónico en el que se tramitaba el tema.
Los whatsapps no llegaron ese día a la Justicia. A pedido del presidente, Lafluf convocó a Ache al día siguiente a una reunión en el piso 11 de la Torre Ejecutiva, en la que también estaría Maciel, y le sugirió que entrara “por el garaje”.
De acuerdo con la versión de Ache, Lafluf le pidió que borre los mensajes y ella aceptó. Maciel también los eliminó de su celular. Según dijo en Fiscalía, le pidieron algo más: “Que consiga otro escribano y que haga un protocolo con lo que aparecía ahí sin esos mensajes”.
El sábado 26 de noviembre, Ache le escribió a Lafluf para preguntarle si podía hablar por teléfono. Su decisión final estaba tomada: no iba a ir con otro escribano para protocolizar el contenido de su celular sin los mensajes con Maciel. Le dijo que no porque lo que le estaba pidiendo “era un delito”, declaró en Fiscalía.
Ante esto, Lafluf le respondió que tenía que hablar con Lacalle Pou sobre este tema y que la volvería a contactar. Al rato la llamó para decirle que presentara “todo como está” y que lleve de vuelta la documentación a Cancillería. Ache le preguntó por qué, si ya había dado la información, tenía que reiterar la entrega del protocolo de su escribana y el asesor del presidente le respondió: “Porque no está más, porque lo destruí”.
“¿Cómo llegó el protocolo desde el despacho del ministro a las manos de él (Lafluf)?”, se preguntó Ache en Fiscalía. Y respondió: “Desconozco. Y no sé si fue así o no, eso fue lo que me dijo”.
El lunes 28, primer día hábil después de su charla con Lafluf, Ache consiguió de su escribana una copia del acta protocolizada que certificaba la existencia de los mensajes de WhatsApp y su contenido. Con ese documento fue a la Cancillería y se lo entregó en mano a Carlos Mata, el titular de la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Durante la conferencia de prensa en la que anunció las renuncias, el presidente Lacalle Pou reconoció que Lafluf destruyó un documento, pero aseguró que no era parte del expediente.
“Esto no es semántico, no era un expediente, no era parte de un expediente. Era una hoja protocolizada por un escribano”, dijo Lacalle Pou. “Acá pido disculpas si no es del todo exacta la información. El expediente se presenta en la Justicia sin esta documentación. Se termina de presentar esta documentación al otro lunes, con lo cual, insisto, no era parte del expediente”.
“Hoy verificamos en el Gex y no, no era parte del expediente”, añadió.
El hecho de que el documento fuera o no parte de un expediente es una de las claves que deberá dilucidar el fiscal Machado, quien deberá investigar posibles delitos en estas conductas.
Un documento cuyo contenido divulgó Búsqueda la semana pasada parecería controvertir la versión de Lacalle Pou. En el expediente que se tramitaba la entrega de los chats a la Justicia, Ache dejó constancia de que entregaba el sobre cerrado “adjunto al componente físico del presente expediente Gex”.
Búsqueda les pidió a dos expertos en Derecho Administrativo que leyeran el documento completo escrito por Ache y les consultó si el documento entregado por la exjerarca formaba parte del expediente. Los abogados dijeron que, al menos a primera vista, debería concluirse que sí integraba el expediente. Uno de ellos dijo que le parecía “clarísimo” que era parte del expediente. Los profesionales pidieron mantener el nombre en reserva dado el perfil del caso.
Pero aun si el documento no era parte del expediente, Lafluf todavía podría estar en problemas, según consultas de Búsqueda. Es que el artículo 244 del Código Penal dice que comete un delito quien destruya “un documento o certificado verdadero”. El fiscal deberá definir si el testimonio notarial que presentó Ache califica como un “documento o certificado verdadero”.