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A finales de junio, el abogado de la sociedad anónima estatal Servicios Logísticos Ferroviarios (Self), Pedro Méndez, decidió presentar una denuncia de acoso laboral ante la Inspección General del Trabajo. Los hechos relatados eran catalogados como conductas de “denigración, humillación y hostigamiento” que eran “planificadas principalmente” por el presidente de la empresa, Miguel Vaczy (Partido Nacional), y acompañadas por las gerentas de Recursos Humanos y de Finanzas (Búsqueda Nº 2.129).
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Más allá de su situación laboral particular, algunos de los hechos narrados por el abogado ponían en cuestión la forma de gestionar de Vaczy. Por ejemplo, acusaba al presidente de desconocer informes jurídicos y la necesidad de “velar por el cumplimento de la legalidad”, de modificar actas y de violar la confidencialidad de un documento que él había elaborado sobre el incumplimiento de un contrato.
Un mes después de que Méndez acudiera a la Inspección General del Trabajo, Self decidió no renovar su contrato. El abogado trabajaba desde 2015 para la empresa.
La decisión se tomó con los votos de Vaczy y el vicepresidente Ángel Fachinetti (Partido Colorado), que también ocupa ese cargo en la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND). Ambos jerarcas argumentaron que no se trataba de un despido porque Méndez no era un empleado, sino un profesional contratado. Además, aludieron como motivo de la desvinculación a una pérdida de confianza en el abogado. Fachinetti lo vinculó directamente con la denuncia de acoso laboral: cuestionó a Méndez por no haber planteado nunca esa situación en la interna de la empresa.
El tercer director, el también colorado Gustavo Osta, se opuso a la desvinculación y, en contraposición, consideró que se iba a configurar “un despido abusivo e injustificado”. También votó en contra de la contratación del estudio Pérez del Castillo para que asuma la defensa de la empresa y los jerarcas alcanzados por la denuncia de Méndez, decisión que también resultó aprobada por Vaczy y Fachinetti (Búsqueda Nº 2.133).
Luego de la desvinculación, Méndez inició un proceso de negociación extrajudicial con Self, representada por profesionales del estudio Pérez del Castillo. Las conversaciones derivaron en la firma de un acuerdo transaccional a principios de setiembre. Según documentos a los que accedió Búsqueda, la empresa le pagará al profesional $ 1,8 millones en 12 cuotas mensuales de $ 150.000. El documento aclara que el pago no “implica reconocimiento alguno” de parte de Self.
Por su parte, Méndez se comprometió a desistir de la denuncia que había hecho ante la Inspección General del Trabajo y a renunciar a la posibilidad de iniciar “cualquier reclamación contra la empresa, sus controlantes, directores o gerentes”. En el acuerdo, el abogado declara que lamenta que su denuncia pueda haber causado malestar y ofrece disculpas a quienes “se hayan sentido ofendidos”. Sin embargo, no se retracta y expresa que el desenlace fue “consecuencia de los hechos acontecidos”.
En la carta que envió luego a la Inspección General del Trabajo solicitando el archivo de la denuncia fue todavía más claro. Allí informa del acuerdo transaccional que logró y afirma que tuvo como base “una reparación económica al egreso de la empresa” y una “reparación integral de los hechos acontecidos y denunciados”.
El texto incluye una cláusula de confidencialidad que prevé una multa de US$ 10.000 por cada acto de incumplimiento.
El acuerdo fue aprobado por el Directorio de Self el 14 de setiembre. Vaczy y Fachinetti avalaron el resultado de las negociaciones y el trabajo del estudio Pérez del Castillo.
Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
Jutep y sumario
El mes pasado la Junta de Ética y Transparencia Pública analizó y encontró varias posibles violaciones normativas en una situación que se dio en AFE y Self durante el período de gobierno pasado y algunos meses de este. En el centro del asunto está la escribana de la Asesoría Jurídica de AFE, Gabriela García, que en el período 2015-2020, simultáneamente a su tarea en el ente, comenzó a facturar mensualmente servicios profesionales a la sociedad anónima estatal Self. Esos servicios se interrumpieron en setiembre de 2020 por decisión del nuevo Directorio de Self.
La denuncia que presentó Osta ante la Jutep sostiene que la escribana salía “en comisión” de AFE, en horario de trabajo, para ir a prestar los servicios particulares a Self. Los formularios que le autorizaban las salidas eran firmados por el director de Jurídica, Eduardo Pittamiglio.
La Jutep entendió que Pittamiglio incumplió los artículos 10 y 40 del Código de Ética de la Función Pública. La primera disposición aludida establece que los jerarcas de cada unidad de los organismos públicos son los responsables de controlar el cumplimiento del código. La segunda, que están obligados a denunciar las “irregularidades o prácticas corruptas” de las que estuvieran en conocimiento.
En el caso de García, el organismo dice que podría haber violentado los artículos 8 y 9 del Código de Ética de la Función Pública, que disponen que los funcionarios deben cumplir la totalidad de la jornada laboral y dedicarla al desempeño de sus tareas y les prohíbe en ese tiempo realizar actividades ajenas a su función.
También incluye en la lista de posibles incumplimientos el artículo 13 referido a la probidad, el 14 sobre conductas contrarias a la probidad, el 16 sobre legalidad y obediencia, el 19 sobre implicancias (“El funcionario público debe distinguir y separar radicalmente los intereses personales del interés público”) y el 32 sobre la declaración jurada de implicancias.
Con ese pronunciamiento, el 30 de setiembre AFE volvió a analizar el caso, que ya había sido objeto de una investigación administrativa sin consecuencias. Esta vez, con los votos de Vaczy y Osta se resolvió iniciarles un sumario a Pittamiglio y García que será instruido por la Oficina Nacional de Servicio Civil. Además, serán suspendidos por seis meses con retención de la mitad de sus sueldos.
El director en representación del Frente Amplio, Williams Kelland, se opuso porque dijo que había cosas que no compartía sobre la responsabilidad de los implicados. La investigación administrativa de AFE había llegado a la conclusión de que Pittamiglio y García cumplían órdenes impartidas por el directorio anterior.
Vaczy, que en las ocasiones anteriores había tenido una postura similar a la de Kelland, esta vez explicó que el cambio obedecía, en parte, a que se había asesorado con técnicos jurídicos del Ministerio de Transporte.
