Por quinta vez entre 1991 y 2023, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto para que Uruguay adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que es una condición necesaria para ingresar al Acuerdo Transpacífico.
Por quinta vez entre 1991 y 2023, el Poder Ejecutivo presentó al Parlamento un proyecto para que Uruguay adhiera al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT), que es una condición necesaria para ingresar al Acuerdo Transpacífico.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáLas posiciones del sector empresarial, la academia y el gobierno se alinearon recientemente en torno a la relevancia de sumarse a los 157 países que actualmente son miembros del convenio internacional sobre la propiedad intelectual para fomentar la innovación y diversificar la canasta exportadora. Así surge de la comparecencia que varios jerarcas, asesores y ejecutivos realizaron, el 19 de octubre, a la Comisión Especial de Innovación, Ciencia y Tecnología de la Cámara de Representantes que trata el asunto.
Al inicio de la sesión, el director de la Asesoría en Política Comercial del Ministerio de Economía (MEF), Juan Labraga, señaló la “pertinencia y urgencia” de solicitar la adhesión de Uruguay al PCT y alegó que eso “es clave” para mejorar la inserción internacional del país, surge de la versión taquigráfica.
“Cada vez que Uruguay negocia un acuerdo para que no se mencione el PCT o la posibilidad de no adherir, lo paga carísimo por un prerrequisito. Y lo pagamos con el acceso de otros productos, porque parece como que Uruguay graciosamente consigue que no se nombre el PCT, pero no es así; nos sale carísimo”, disparó. El costo se ve por ejemplo en el acceso a cuotas “más chicas” para algunos productos y mercados, señaló.
El jerarca del MEF defendió la “importancia y urgencia” que tiene ser miembro del sistema que administra la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual para poder “exportar ideas uruguayas al mundo”. Explicó que integrar el PCT implica para el inventor que se inicie un “procedimiento simplificado” de solicitud de patentes en los 157 países miembros del convenio, luego del cual rige un período de prioridad para decidir si va a solicitar o no la patente en todos o en alguna jurisdicción en particular.
Mencionó que la Agencia Nacional de Investigación e Innovación (ANII) tiene un programa de “apoyo al patentamiento” que financia a investigadores uruguayos para que protejan la propiedad intelectual de sus trabajos en un país miembro del PCT. “Parecería ser que estamos desperdiciando recursos que, sin duda, se necesitan y que podrían destinarse a otros programas que la ANII diseñe para esto”, comentó.
Agregó que el gobierno “con mucho esfuerzo” creó el programa Uruguay Innovation Hub, con instrumentos “muy modernos” que se definieron a partir de visitas a agencias de innovación en Israel, Corea, Japón, y todas plantearon que es “condición necesaria” ser parte del PCT.
Labraga recordó que esta es la quinta vez que se presenta al Parlamento el proyecto de adhesión al PCT y subrayó que las otras oportunidades —en 1991, 1997, 2002 y 2017— fueron en administraciones dirigidas por tres partidos políticos diferentes: “Parece ser claro que no hay una afectación a la industria nacional por esta solicitud” y que los distintos gobiernos coincidieron en que es “beneficioso” para fomentar el sistema de innovación del país.
Un estudio de los consultores Juan Dubra y Néstor Gandelman, encargado por el Ministerio de Industria, señaló que los efectos de asociarse al PCT serían reducidos para la industria farmacéutica nacional y se registrarían en el largo plazo.
Por su parte, en la comparecencia a la comisión, el presidente de la ANII, Flavio Caiafa, recalcó que el PCT es importante para que el país se abra al mundo a través de una economía y una sociedad basada en el conocimiento y la innovación.
En tanto, Carlos Mazal, miembro del Consejo Consultivo de la Academia Nacional de Economía y asesor de la ANII en temas de propiedad intelectual, afirmó que la “muy buena imagen” que tiene Uruguay para los inversores del exterior choca con que no es muy “amigable” con la propiedad intelectual, porque no ser parte del PCT se interpreta como estar “en contra de la modernidad, de la inserción y de la apertura”. Alegó que hoy el Acuerdo Transpacífico es el “estándar de oro de los tratados de libre comercio (…). Y la Unión Europea, en esta última negociación, quiere renegociar el tema de propiedad intelectual e incluir el PCT. Me sorprende, pero también Argentina quiere renegociar algunos temas. Nos vamos a quedar afuera cuando ya hay una solicitud de adhesión al Transpacífico, pero también a todos los demás, no solo a ese tratado”.
En diciembre pasado el gobierno uruguayo pidió por carta la adhesión al Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico.
A su turno, el director nacional de Innovación, Ciencia y Tecnología del Ministerio de Educación y Cultura, Alberto Majó, también fundamentó la “urgencia” de adherir al convenio internacional para dinamizar las inversiones en investigación y desarrollo en el sector privado, ya que el 80% de los gastos en la materia en Uruguay los hace el sector público, a contrapelo de lo que sucede en los países desarrollados y algunos de la región. Se refirió a los problemas que han señalado algunas empresas para innovar y hacer negocios, según evaluaciones sobre cómo se desarrolla la investigación en el país. “Este no es un capricho del gobierno ni un invento de algún grupo iluminado de empresarios vinculados a las trasnacionales” sino que “emerge del conjunto de actores y referentes del ecosistema de ciencia, tecnología e innovación”, apuntó.
Desde algunos sectores empresariales han transmitido reparos en adherir al PCT porque, afirman, la industria nacional estará en peores condiciones para competir.
Al respecto, el titular de la Unión de Exportadores, Facundo Márquez, dijo a los diputados que los sectores con “ciertas dudas” son parte de gremiales que integran la institución que él preside y que formalmente apoya la ratificación del convenio de patentes como algo “indispensable”, dada la “necesidad imperiosa” del país de insertarse en el mundo.