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    jueves 13 de junio de 2024

    Iniciativas sobre créditos y tasas ponen en alerta al sistema financiero

    Durante varios meses del 2023, en torno al sistema financiero hubo una bomba activada. Mientras consumía reservas, la Caja de Jubilaciones y Pensiones Bancarias (CJPB) estuvo a punto de no poder pagar las pasividades; con la cuenta regresiva aproximándose peligrosamente al cero, el gobierno, los bancos y el gremio de empleados —AEBU— cortaron el cable al acordar una fórmula de salvataje que, en octubre, ratificó el Parlamento. Ahora, algunos actores del sector temen que aquel riesgo de detonación reaparezca si prosperan iniciativas surgidas del ámbito político para limitar las tasas de interés.

    Para el diputado Daniel Peña, el 5 de diciembre pasado fue “un día histórico” en el Palacio Legislativo; después de haber estado “dormido mucho tiempo”, su proyecto de ley relativo a la usura y otras cuestiones vinculadas con el crédito —presentado en enero de 2020— fue votado por la Cámara de Representantes y pasó al Senado. El texto establece que “existen intereses usurarios cuando la tasa implícita supere en un porcentaje mayor al 30% las tasas medias de interés publicadas por el Banco Central” (BCU) del trimestre móvil previo a la contratación de un préstamo. Ese tope se eleva a 55% en el caso de los deudores calificados con categorías de riesgo problemáticas (3, 4 y 5) o los no categorizados. Si el crédito es “de nómina” y se paga mediante retención de haberes, la usura se configura cuando el interés implícito pasa el 20% de las tasas medias antedichas o el 30% en el resto de las operaciones.

    Las tasas medias informadas por el BCU con vigencia a partir de este 1° de enero para créditos a menos de un año de plazo son de 30,11% (para menos de 10.000 unidades indexadas —UI— a la inflación y con autorización de descuento del sueldo) a 86,15% (sin descuento). Según la Ley 18.212, de 2007, hay usura cuando la tasa implícita supera en 55% estas tasas medias para créditos por hasta 2 millones de UI o 90% si supera ese monto. Para la mora, el tope es de hasta 120% para los préstamos más grandes.

    El proyecto de Peña exige al BCU que calcule las tasas de referencia para la determinación de la usura excluyendo “aquellas operaciones de crédito que entienda que, por sus características, distorsionan la realidad del mercado”, en particular las “compras o cesiones de crédito originados por instituciones que no sean de intermediación financiera”. Para ese legislador, este es un punto clave.

    “Hace unos años, luego de negociada la bancarización obligatoria y del avance de la bancarización en el país, los bancos lograron entrar en algo que siempre quisieron hacer y que no habían podido: pasaron a comprar prácticamente la totalidad de las financieras del país. Por lo tanto, hace muchos años que en el Uruguay el sistema financiero dejó de tener competencia. No es como dice la Asociación de Bancos (Privados —ABPU—), que en Uruguay existe un mercado competitivo de crédito. ¡No es así! En Uruguay desde hace años no hay competencia. Hay un sistema cerrado de pocos bancos que controlan prácticamente arriba del 90% del mercado de créditos del país”, señaló en aquella sesión. Eso, según él, hizo que la tasa media bancaria, que hace unos años “estaba en torno al 30% o un poco más (…), de manera inexplicable” en “un Uruguay que tenía menos de dos dígitos de inflación durante muchos años y que había logrado el grado inversor” y donde los bancos se fondeaban a tasas “muy bajas”, “los uruguayos pasaron a pagar arriba del 100% (…). Entonces, la usura se empezó a calcular sobre esa tasa del 100%”. Eso llevó en algunos casos los intereses moratorios a tasas —sobre la media bancaria— del 90% al 130%. “Por ello, sistemáticamente, durante muchos años, nos llegaron denuncias de personas que estaban pagando y que llegaron a pagar intereses usurarios de hasta el 240%. ¡Una verdadera usura! ¡Un disparate! Pero era dentro de la ley; lo permitía la ley. Por eso llegamos a cifras sobre las cuales hoy deberíamos alarmarnos todos en el sistema político”, con “más de 1 millón de personas en el Clearing” de Informes y entre 650.000 y 700.000 en las categorías de deudores con créditos de difícil y nula posibilidad de cobro (4 y 5), dijo en aquella sesión poco antes del receso.

    Otra realidad del mercado, advertida como problemática por el diputado del Partido de la Gente, es la forma en que ejercen presión sobre los deudores algunos estudios y call centers contratados por financieras o que compran sus carteras. Su proyecto incluye un capítulo que prohíbe “prácticas abusivas” en ese sentido, como el uso de “amenazas”, “intimidación” o el envío de documentos que “aparenten ser emanados de una autoridad administrativa o judicial”.

    En paralelo a esta iniciativa ya con media sanción legislativa, está corriendo una campaña, impulsada en solitario por Cabildo Abierto, que recolecta firmas para someter a plebiscito una reforma constitucional que habilite la reestructuración de deudas a las personas físicas, con el argumento de que un segmento amplio de la población está agobiado por su endeudamiento debido a tasas supuestamente abusivas. La papeleta propone fijar como tope un interés de 30% en UI, aplicable no solo a los préstamos sino también a multas y recargos por servicios públicos o privados. Antes del afloje de las primeras semanas de enero, la campaña por una “deuda justa” —su eslogan— había juntado unas 100.000 adhesiones, poco más de un tercio de las que precisan reunir antes del 27 de abril para llegar al plebiscito.

    “Síntoma”, no el problema

    Desde la ABPU rechazan que haya un problema extendido de sobreendeudamiento de la población y, más aún, entienden que hay margen para que el crédito crezca: hoy ronda el equivalente a 30% del Producto Bruto Interno, cuando llega a 54% en países con economías con un tamaño por habitante similar al de Uruguay. Ese análisis es compartido por el presidente del Banco República: está “muy lejos de lo que debería ser” para el nivel de desarrollo económico que tiene el país.

    Por eso, el avance legislativo del proyecto de Peña preocupa a los banqueros y a los gerentes de sus instituciones.

    En diálogo con Búsqueda, la directora ejecutiva de la ABPU, Barbara Mainzer, dijo que hay una “gran dispersión” en el nivel de tasas de interés, desde en torno a 30% para aquellos con retención de la cuota directamente del sueldo hasta “casi 100% —pero menos que el tope de usura—” en el caso de los préstamos por montos pequeños a personas sin empleo formal ni buenos antecedentes como deudores, ya que sus costos por incumplimiento y operativo para las empresas financieras son más altos.

    Esta economista identifica como las principales causas del “sobreendeudamiento de algunas personas y familias” la “vulnerabilidad económica —el no acceder al mercado de trabajo en condiciones razonables—” y la “falta de educación financiera. No es la elevada tasa la causa, más bien es la consecuencia, es un síntoma. (…) Y no es topeándola que se resuelve” el problema.

    Sostiene que ir por ese camino puede aparejar efectos nocivos. “El proyecto de ley de usura aprobado por la Cámara de Diputados implicaría una baja muy fuerte en los topes de tasa. Ello va a llevar a una reducción en la oferta de crédito, que derivará en que el sector más vulnerable de la población no tendrá acceso al crédito formal y terminará a merced de prestamistas informales, que sí tienen tasas altísimas, incluso de decenas de miles por ciento”, alertó. Según la ejecutiva de la ABPU, una retracción de la oferta de crédito “irá acompañada de una reducción en la cantidad de sucursales y en el empleo en el sector —principalmente en pequeñas localidades del interior—. Y ello tendrá implicancias muy importantes para la Caja Bancaria”. Explicó: “Una eventual pérdida de miles de puestos de trabajo llevaría a una reducción en la cantidad de aportantes y, por ende, de ingresos a la caja. Y ello llevaría inmediatamente a un nuevo desfinanciamiento. El acuerdo que nos tomó casi un año alcanzar, a los pocos meses de haberlo logrado, derivaría en un nuevo déficit, cosa que vemos con gran preocupación”.

    Con un razonamiento similar, las administradoras de crédito han cuestionado el plebiscito que impulsan los cabildantes. “En OCA estamos en contra del proyecto; va a provocar el efecto contrario a lo que busca y va a excluir del sistema formal a las personas que quieran acceder al crédito. La regulación a través de las tasas no es la solución. Incluso el proyecto puede tener otros impactos en el sistema de pagos —que hoy está en un equilibrio entre los jugadores—, afectando a los comercios con los plazos de pago o a los clientes a través de los planes de cuotas sin recargo”, dijo el mes pasado el gerente general de esa administradora de créditos, Pedro Moreira. Ese otro potencial efecto colateral, que también emergería de la iniciativa de Peña, es visto con inquietud en algunas organizaciones de empresarios del comercio, según recabó Búsqueda. La razón es obvia: habría menos venta si hay menos crédito. En las recientes fiestas de fin de año, la mitad de las compras se pagaron con tarjeta, de acuerdo con una encuesta de la Cámara de la Economía Digital y la Cámara de Comercio y Servicios del Uruguay circulada ayer miércoles 24.

    Joseph Birnfeld, director de Metrocall e integrante de la cámara de call centers que está tramitando su formación, dijo a Búsqueda que si las propuestas en discusión prosperan y —como advierte el sector financiero— se retrae el crédito, “obviamente eso afecta” a todas las empresas que prestan servicios de cobranza a las financieras de manera tercerizada o compran carteras para recuperarlas. Según informó ese empresario, la naciente gremial aglutina hoy a nueve compañías que emplean, en conjunto, a entre 4.000 y 5.000 personas; “debe haber 40 de las cuales 30 no están en la cámara que, de alguna manera, trabajan para alguna financiera”.

    “Ecuación” alterada

    El sindicato de empleados bancarios también cuestiona la iniciativa votada en Diputados.

    Un informe de su Comisión Técnica Asesora de la AEBU fechado en noviembre señala que si bien “comparte la existencia de una problemática relacionada al endeudamiento de las familias de sectores vulnerables”, el proyecto, de aprobarse, tendría “un efecto negativo porque profundiza el problema”.

    Según los técnicos del gremio, existe una “tendencia al alza de las tasas de interés que no obedece a costos operativos sino a factores estrictamente financieros de costo del dinero y aumento de la morosidad. El proyecto intenta corregir esta tendencia”, pero “una tasa de usura que no compense el alto riesgo crediticio provocará una restricción del crédito formal y profundizará la expulsión de personas al sector informal”.

    El análisis afirma que, tomando como referencia datos de abril de 2023, solo las administradoras de crédito más grandes otorgaron unos 570.000 nuevos créditos en pesos, por un total de $ 8.200 millones aproximadamente. Estos préstamos —excluyendo las operaciones con tarjetas de crédito a tasa 0%— se dieron a una tasa promedio de 64%, un porcentaje cercano a los topes que plantea la iniciativa. “Por ello es claro que numerosas operaciones que se encontraron por encima de esa tasa no serían viables legalmente. De hecho, con los topes que plantea el proyecto de ley para los segmentos sin autorización de descuento del salario, el 45% de las operaciones no se habrían concedido a usuarios con buena calificación crediticia. Y para el caso de los usuarios con peor calificación, el tope resultante de la nueva ley dejaría a más del 30% sin acceso” a financiamiento.

    La AEBU sostiene que el efecto real en las tasas máximas de todas las modificaciones combinadas propuestas en la iniciativa “no se puede determinar, pero se puede asumir con bastante certeza que van a implicar disminuciones mayores en los topes”. Ello conduciría a cambios significativos en la “ecuación del negocio financiero”. Para el sindicato de bancarios, por eso “es muy probable que implique el cierre de actividades” de empresas que no tengan capacidad de adaptarse. En ese sentido, plantea que “el efecto sobre las administradoras de crédito y cooperativas de ahorro y crédito será mayor en aquellas que atienden sectores de riesgo más alto, menor volumen de negocios y se financian en el mercado local. Por tanto, el proyecto redundaría en una mayor concentración del negocio” y “pondría en riesgo a algunos miles de puestos de trabajo, a partes importantes de la red física, y haría inviables a instituciones que atienden el interior del país”.

    Según el documento, de la memoria de la CJPB surge que en 2021 había operativas 75 administradoras de préstamos que ocupaban a 5.462 personas y 58 cooperativas de ahorro y crédito con 922 empleados; suman aproximadamente un tercio del total de aportantes de la institución paraestatal para la que se acordó un salvataje. Fuentes de la industria financiera aseguraron que entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo podrían perderse, es decir, 15% de los cotizantes a la Caja Bancaria.

    Economía
    2024-01-24T18:43:00