—La corrupción es quizás el concepto más presente en Argentina, tanto en la jerga política como en la periodística o en cualquier charla de amigos. Está omnipresente, así como lo están el rechazo que provoca y la resignación con la cual pareciera los argentinos convivimos, al punto de tomar como natural que todo lo relacionado con instituciones públicas, desde un policía a una licitación, puedan ser manejados con coimas. También lo que otrora era un slogan: la corrupción mata, postragedia de Once se convirtió en una dolorosa realidad. ¿Argentina es, como decía Carlos Nino, un país que vive al margen de la ley y por ende un país donde cada acto de gobierno está justamente sospechado de corrupción?
—Desde Poder Ciudadano entendemos la corrupción como la utilización de recursos públicos en beneficio privado o político-partidario. Esto enmarca un sinfín de posibilidades a la hora de entender cuáles actos son de corrupción, dónde hay discrecionalidad y dónde hay arbitrariedad en el uso de los recursos públicos y en el ejercicio del poder delegado por la ciudadanía.
No nos gusta generalizar sobre la forma en que se llevan adelante los actos de gobierno, cualquiera sea su signo político-partidario. Indudablemente somos un país con una fuerte presencia de la corrupción, pero no podemos decir que cada acto de gobierno incluye coimas, sobreprecios, favores, etc.
Por eso mismo, sí prestamos mucha atención a la ausencia de mecanismos/instituciones de control que puedan hacer un trabajo efectivo para, por un lado, prevenir la corrupción y, por el otro, aportar evidencias concretas para la sanción de las ilicitudes.
En el marco del Estado de derecho, definir qué es un caso de corrupción no es una charla entre amigos ni aquello que estalla como mero escándalo y que se instala por momentos en la agenda pública para luego desaparecer rápidamente. La corrupción está allí, sin dudas, pero para enfrentarla se necesita descubrir los casos, analizarlos, despojar de intencionalidad política las denuncias, recabar pruebas, encuadrarlas jurídicamente en forma correcta, garantizar sin matices las posibilidades de defensa y, principalmente, tener una Justicia independiente que pueda sancionar a los corruptos. Sin Justicia independiente prevalece la impunidad.
—¿Cuáles son los tipos más comunes de corrupción en la Argentina y cuáles, los menos obvios, es decir, aquellos que muchas veces no son tomados como tales pero lo son?
—Como mencionaba antes, entendemos la corrupción como la utilización de recursos públicos en beneficio privado o político. Esto hace que muchas situaciones entren dentro del marco de “corrupción”.
En nuestro país fue corrupción la tragedia de Once, donde la Auditoría General de la Nación tenía informes sobre lo desastroso del material rodante que se desestimaron. Luego se comprobó la administración fraudulenta del servicio en pos de beneficios económicos. Y esto era imposible —dijo la Justicia— sin la “vista gorda” de las autoridades de turno.
La obra pública también está siempre en el centro de atención por la posibilidad de generar sobreprecios y asignaciones dirigidas que van a parar desde el Estado a empresas cercanas o de amistades de las autoridades de turno.
En el plano internacional se diferencia lo que es la “gran corrupción” de la “pequeña corrupción”. La gran corrupción implica una maquinaria preparada para hacerse de bienes públicos y beneficiarse o personalmente (hacerse rico) o políticamente (conseguir dinero para reinvertirlo y permanecer en el poder). Y en la llamada “pequeña” corrupción, si bien los montos implicados pueden parecer poco significativos, esto no debe esconder que allí —dinero, favores, presiones, extorsión, etc.— son ejercidos desde el poder público y afectan a las personas y grupos más vulnerables de nuestra sociedad, perjudicando directamente el ejercicio de derechos fundamentales. Por eso solemos hablar de la necesidad de una mirada sobre el sistema y sus engranajes. La coima como práctica en el relacionamiento de la ciudadanía con algunos servicios públicos existe, aunque no sea el tipo de corrupción preponderante en Argentina.
En este escenario entran también las irregularidades que más unen a la clase dirigente: el financiamiento oscuro de la política. Si bien tenemos normativas que intentan poner un marco al origen del dinero que los políticos utilizan para vivir y financiar sus campañas, esos marcos muchas veces terminan siendo poco efectivos. Y así, la corrupción se vuelve un insumo central en el mantenimiento o el acceso al poder.
Un párrafo especial se lo debemos a ciertas discrecionalidades. Mucho hemos trabajado el tema de la distribución de pauta publicitaria, es decir, cómo los gobiernos entregan dinero a los medios de comunicación para que o no los critiquen (o los critiquen menos) o directamente los publiciten. ¿Cuál es el objetivo de millones de pesos en pauta publicitaria que van siempre a determinados medios de comunicación “afines” a las gestiones en ejercicio del poder? Y estamos hablando de la pauta oficial, es decir, de procesos a los cuales se puede acceder por medio de información pública. Y estamos hablando de hechos que no pueden ser clasificados como delitos de corrupción específicamente, pero que con normativas muy laxas permiten un uso indebido de recursos públicos que no están disponibles más que para los gobiernos y que modifican sustancialmente la competencia entre partidos mucho antes de los procesos electorales. Y junto con esto, existen otros tipos de pagos más oscuros y por fuera de los canales normales.
Otro tipo de situaciones que se observan son las que se relacionan con los conflictos de intereses. Estos no son específicamente casos de corrupción, pero si no se abordan de forma preventiva pueden terminar siéndolo. Prevenir que una persona que trabajó en determinado sector del ámbito privado posteriormente tome decisiones sobre ese mismo sector desde la función pública, es decir, “del otro lado del mostrador” debe ser un objetivo central de las políticas anticorrupción de cualquier país. Lo mismo para cuando esa persona pasa del sector público al sector privado.
Mauricio Macri
—¿Cuáles fueron los puntos centrales donde Poder Ciudadano puso el foco durante los gobiernos de Néstor Kirchner, Cristina Fernández de Kirchner, Mauricio Macri en la ciudad de Buenos Aires y, a escala nacional, Horacio Rodríguez Larreta en la ciudad, Scioli en provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal en provincia de Buenos Aires, Alex Kiciloff en provincia de Buenos Aires y el gobierno de Alberto Fernández durante la pandemia (caso vacunatorios VIP, por ejemplo) y en la normal administración?
—Nosotros trabajamos siempre recomendando políticas de transparencia e integridad, no hacemos foco comúnmente en casos de corrupción puntuales, más allá de algunas causas de interés específico que llevamos.
Recordemos que veníamos de la década del 90, donde el fenómeno “corrupción” se instaló de lleno en la opinión pública. Durante la presidencia de Fernando de la Rúa se sancionó por ejemplo la Ley de Ética Pública —que entre otras cosas creó la Oficina Anticorrupción—, y luego del fallido gobierno de la Alianza esa demanda siguió vigente para el gobierno que asumió en 2003. Durante el gobierno de Néstor Kirchner trabajamos mucho en la generación de participación ciudadana a partir de cierta normativa que se sancionó en esa época: se logró incorporar la autolimitación del Poder Ejecutivo en la selección para ocupar cargos en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, se creó un decreto sobre acceso a la información pública a nivel nacional, se creó un registro de obsequios, entre otras cosas. En ese momento, diría que el acceso a la información pública comenzó a ser la principal herramienta de aquellos que trabajamos en pos de la transparencia. También en esa época comenzamos a acceder a los registros de publicidad oficial corriendo el velo en la relación entre los gobiernos y los medios de comunicación.
El gobierno de Cristina Fernández tuvo otro tipo de desafíos. Las denuncias sobre las causas de corrupción fueron mucho más fuertes y nuestro trabajo se centró en impulsar reformas o creación de leyes más específicas. Seguimos trabajando en poder tener una ley de acceso a la información y no el rudimentario decreto, tener leyes de financiamiento político más abarcativas y normativas como por ejemplo las del colaborador eficaz o regulación para la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
También esta época fue de gran convulsión en materia de corrupción por la tragedia de Once y la imagen de que la corrupción mata. La narrativa de los que trabajamos en temas de corrupción pasó a ser explicar cómo la corrupción afecta la calidad de vida de la ciudadanía. Implicó cambiar la visión de que el problema es que un político se hace rico para ver cómo es un sistema que se retroalimenta y afecta el ejercicio de derechos humanos fundamentales de las personas.
En la ciudad de Buenos Aires veíamos también muchas dificultades para acceder a la información pública, observábamos un uso desatado de la publicidad oficial con niveles ínfimos de monitoreo por parte de los organismos de control. Con un factor preocupante, los medios de comunicación no tenían, ni tienen, a la ciudad de Buenos Aires bajo la lupa. Nuestro trabajo allí fue hacer la mayor cantidad de pedidos de información sobre temas que tuvieran que ver con la transparencia e intentar que los medios de comunicación cubrieran esos temas. No siempre con éxito.
Los desafíos durante el gobierno de Mauricio Macri tuvieron que ver fuertemente con controlar los conflictos de intereses desde su inicio: saber quiénes fueron los funcionarios públicos que asumían y de dónde venían. No por una preferencia en particular sobre su origen sino para que no existieran conflictos entre sus trabajos anteriores y la responsabilidad pública. En este sentido el caso más renombrado fue el del funcionario que se hizo cargo de la Secretaría de Energía que venía de ser presidente de Shell, algo que causó mucho ruido y la participación de la Oficina Anticorrupción.
El otro caso en el cual generamos recomendaciones fue en el del Correo Argentino, donde se tomaron decisiones sobre un viejo conflicto entre el Correo (propiedad de la familia Macri) y el Estado nacional, situación que lamentablemente terminó con el desplazamiento del entonces procurador del Tesoro, que es el jefe de los abogados del Estado.
Todos estos comentarios son un resumen muy pequeño de cada momento histórico y nuestra participación en determinados temas.
Con la provincia de Buenos Aires los desafíos son mucho más grandes que a nivel nacional. En la provincia no existe absolutamente ninguna normativa medianamente moderna que controle la corrupción y genere un halo de integridad pública. Recién este año, luego de un largo trabajo de la sociedad civil, se logró que el gobernador presente un proyecto de ley de integridad para la provincia, que aún espera su sanción en la legislatura provincial.
La opacidad en los tres poderes del estado provincial es alarmante, sin siquiera existir una ley de acceso a la información con estándares mínimos que garanticen que la ciudadanía pueda solicitar información pública. Tiene un Poder Legislativo que es una caja negra y una Justicia que al igual que la nacional poco se acerca a estándares mínimos de transparencia institucional y de cada uno de los funcionarios.
Finalmente, el actual gobierno requiere unos párrafos aparte. En materia institucional la administración de Alberto Fernández asumió con un objetivo, que era separarse de las prácticas que se denunciaron en el gobierno de Cristina Fernández. Quizás se vio ese énfasis en una serie de políticas de transparencia que se observan en el Ministerio de Obras Públicas, con la instalación de un Observatorio de la Obra Pública y cierta participación de varios actores en mesas de trabajo. Esto no exonera de futuras investigaciones, pero se observa al menos en la práctica cierta intención de abrir la participación.
Los puntos más negativos indudablemente vinieron durante la pandemia. El llamado “vacunatorio VIP” fue un golpe mortal a la credibilidad del gobierno especialmente porque el Covid era un tema que unía a todo el país, con un presidente que parecía estar al frente del combate contra la pandemia, hombro a hombro con la ciudadanía. Este esquema que se repitió a escala nacional, en las provincias y en los municipios develó que no todos y todas somos iguales ante las necesidades urgentes y que la clase política tiene privilegios sobre la ciudadanía. No solo se observó una quizás justificable vacunación de funcionarios públicos de relevancia, sino que se vacunó a amigos, periodistas, familiares, etc.
Algo que investigamos antes de este escándalo fue la forma en que el gobierno compraba insumos para enfrentar la pandemia. Antes de que llegasen las vacunas, la discusión pasó por la flexibilización de la normativa de compras para hacer, lógicamente, más ágiles las adquisiciones. Nosotros planteamos que la premisa debía ser: “Si tenemos compras urgentes, también tenemos que tener un control urgente de lo que se compra”. Y con eso en mente, armamos un Observatorio de las Compras Covid donde verificamos que la normativa excepcional no se usaba siempre para excepciones y que muchas veces fue utilizada para esquivar los controles institucionales necesarios. Varios de esos casos sospechosos llegaron a los medios de comunicación y a la Justicia.
Finalmente, hubo una herramienta que creamos, que fue la que más ruido hizo durante los últimos años en materia de control de la Presidencia. Hace varios años que pedimos al Poder Ejecutivo el listado de ingresos a la Quinta de Olivos y la Casa Rosada. No un listado de con quién se junta la o el presidente y para qué, sino la lista de las puertas de ingresos. Los pedimos y los ponemos a disposición de la ciudadanía. De esos listados se descubrió que el expresidente Macri se juntaba a jugar al pádel con determinados jueces. Un periodista que hizo un pedido de información semejante descubrió que durante la pandemia en la quinta de Olivos se festejó el cumpleaños de la pareja del presidente (con él presente) mientras la ciudadanía tenía que acatar de forma estricta el aislamiento social preventivo obligatorio por orden de la máxima autoridad nacional. Esto, junto con el vacunatorio VIP y las compras irregulares durante la pandemia, minaron la credibilidad del presidente.
—¿Cómo es la metodología de trabajo de Poder Ciudadano y cuál es la respuesta de los distintos gobiernos y eventualmente de la Justicia?
—Intentamos incidir en diferentes temas que están vinculados con la transparencia, el acceso a la información pública, la lucha contra la corrupción y la democracia en general. Lo hacemos muchas veces a través de proyectos a mediano plazo, pero muchas veces respondemos a la coyuntura. En un país donde las reglas suelen ponerse al margen y las excepciones pasan a ser la regla es necesario que nuestra organización esté atenta a las propuestas presentadas para reformar prácticas y normativas y a los intentos de saltear lo establecido por las instituciones.
Los mayores problemas surgen cuando hacemos alguna denuncia pública sobre algún gobierno, y ahí pasamos de ser un aliado a un enemigo con intereses oscuros. Lo importante, siempre decimos, es ser consecuentes con lo que demandamos a todos los gobiernos por igual sin importar el signo político de turno. Por eso nuestro lema es “Estuvimos, estamos, vamos a seguir estando”.
—Quedó fuertemente instalada la idea de que en los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner la corrupción fue muy superior a la administración de Macri. ¿Es así?
—Indudablemente, analizar una continuidad de gobierno de 12 años frente a cuatro va a dar como resultado una mayor cantidad de casos de corrupción a analizar. En estos momentos se está investigando una matriz de corrupción que parece haber existido durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, y no se puede soslayar eso a partir de los años que estuvieron en el poder. Es más, varios funcionarios han sido juzgados y sentenciados, entre ellos, secretarios de gobierno, ministros y hasta un vicepresidente de la nación. Habrá que ver qué pasa con algunas causas del gobierno de Macri a mediano plazo. Porque lo que debemos recordar es que los tiempos de la Justicia en los casos de corrupción son muy lentos en general, pero aparte que sus aceleraciones no necesariamente siguen el ritmo de la propia Justicia sino que son altamente sensibles a los climas políticos reinantes.
Sin embargo, como institución no nos interesa hacer un ranking de qué gobierno fue más o menos corrupto. Buscamos cambiar y fortalecer las reglas de juego, prevenir la corrupción, lograr que las ilicitudes se sancionen, mejorar la calidad de vida de la ciudadanía en cuanto a lo que lo institucional puede hacer con ello. Porque es el sistema institucional el que tiene que ser íntegro, transparente y elevar el costo de que las personas intenten apropiarse de lo público para fines privados o personales. Y tener mecanismos disuasorios para el desvío del comportamiento ético en el ejercicio de la función pública.
—¿Cómo, cuándo y por qué nació Poder Ciudadano?
—Poder Ciudadano surge a fines de los 80, su fundación legal es en setiembre del 89. Es el resultado de buscar garantizar derechos de ciudadanía, un poco tomando como modelo a los organismos de derechos humanos. En este caso principalmente unieron fuerzas Marta Oyhanarte —que venía de una vivencia personal muy fuerte ante el secuestro y asesinato de su esposo en manos de grupos extorsivos con participación policial en plena democracia— y Luis Moreno Ocampo —que venía de ser fiscal adjunto del juicio a las Juntas Militares—. Los principales focos de la organización estuvieron en la observación del funcionamiento de la Justicia y la participación ciudadana.
—¿Las ONG tiene peso dentro del entramado social, judicial y político de la Argentina?
—Sí, la sociedad civil en Argentina es muy fuerte. No solo quienes trabajamos en temas de institucionalidad. Existe un gran entramado de organizaciones que son voces legítimas y con potencia en temas de salud, la tercera edad, la educación, la infancia, el medioambiente, etc. que toman diversas formas, algunas más técnicas y otras más combativas.
¿Nos escuchan? La respuesta es sí. ¿Nos hacen caso? Depende del momento y los tiempos. A largo plazo, se van logrando transformaciones normativas y prácticas que obviamente son muy lentas a nuestro entender. Conseguir la sanción de la ley de acceso a la información pública nos costó más de 15 años, a modo de ejemplo. No nos detiene la lentitud de la respuesta, sabemos que las reformas institucionales necesitan consenso, aunque a veces necesitan buena voluntad: voluntad política y voluntad de las organizaciones y referentes para conseguir el mejor resultado posible, que no siempre es el perfecto pero que permite avanzar en la construcción de una democracia que amplíe derechos de manera sustantiva, no meramente formal. De nada sirve una ley perfecta si no podemos garantizar, desde la discusión, que haya recursos para sostenerla, contar con instituciones que puedan implementar esas políticas, que haya recursos humanos capacitados para hacerla realidad y una sociedad civil que pueda monitorearla.
Hay veces que nos equivocamos y tenemos que recalcular. Al fin y al cabo, estamos trabajando en materias complejas. Lo que sí sabemos en la sociedad civil es que no hay soluciones mágicas.
—Poder Ciudadano ha investigado a cada uno de los gobiernos. ¿Reciben presiones, amenazas? ¿Considera que en Argentina existen restricciones tanto a la libertad de expresión como al acceso a la información?
—Presiones existen siempre, sin embargo, en nuestro país no observamos a la sociedad civil con fuertes restricciones. Hemos recibido alguna sugerencia o alguna amenaza de ser denunciados, pero nunca pasó a mayores. El espacio cívico es amplio y especialmente fuerte en Argentina, esto siempre hablando de organizaciones fuertemente establecidas y reconocidas. Habría que analizar la situación de otro tipo de organizaciones.
Una de nuestras mayores fortalezas es trabajar en red, eso hace a la sociedad civil más robusta y menos permeable a las presiones o descalificaciones. Y eso permite también que más allá de los temas, las metodologías de trabajo y la diversidad de opiniones que puedan existir la mayor parte de las organizaciones de la sociedad civil compartimos como valor central la defensa de los derechos fundamentales y de las instituciones republicanas. Temas como la ausencia de designación del Defensor del Pueblo de la Nación o el intento de magnicidio contra la vicepresidenta muestran esa fuerza colectiva asentada en los pilares de la vida democrática.
En cuanto al acceso a la información argentina se avanzó fuertemente desde la sanción de la ley de acceso a la información en 2016, lo que fue un gran paso en este sentido, así como la creación de un órgano garante en el Poder Ejecutivo Nacional. Pero como en muchos otros ámbitos de nuestro trabajo últimamente se dieron cambios en la Agencia de Acceso a la Información que tenemos que seguir de cerca para ver cómo repercuten en el derecho de acceso a la información. Aún es pronto para analizarlo. Porque, como señalamos antes, muchos casos de irregularidades en los gobiernos surgen de pedidos de acceso a la información pública.
Cristina Fernández junto a la estatua de su esposo en la sede de Unasur en Quito, 2014. Foto: AFP
—Del que se vayan todos en el 2001 al que siguen los de siempre pareciera haber una sensación de que, más allá del hastío por los temas de corrupción, la sociedad argentina se acostumbró a convivir con ellos y hoy se priorizan temas económicos y de seguridad. ¿Es así o ha habido una evolución en nuestra sociedad y en nuestros políticos?
—En una sociedad y una política altamente polarizada, donde el sistema se acerca al funcionamiento de un bipartidismo casi total, la ciudadanía se encuentra a la hora de votar frente a escasas opciones. La corrupción es un elemento más a la hora de decidir el voto, pero no se le puede exigir a la ciudadanía que sea el único. Las candidaturas muestran diferentes posturas económicas y sociales y diferentes propuestas en educación y salud, por ejemplo. Al mismo tiempo, las sospechas de corrupción no caen sobre un solo partido, alianza o candidato. Por lo cual es difícil que sea el principal argumento a la hora de votar.
Tampoco creo que la ciudadanía se haya “acostumbrado”: la demanda de integridad es grande y especialmente lo que llamamos “hechos visualmente comprobables” han logrado activar ese reclamo de la ciudadanía. Los hechos visuales comprobables son aquellos que no se pueden discutir. No se puede poner dudas sobre un tren chocando con una estación por falta de mantenimiento, o un funcionario con una ametralladora metiendo bolsos con dólares en un convento o un local bailable con más de 200 muertos por negligencia.
El problema es que la corrupción generalmente actúa en las sombras, y cuando esos hechos nos pegan de frente es el eslabón final de algo traumático.
La tragedia de Once es un buen ejemplo. Ya nada peor iba a pasar luego del choque. Pero, inclusive si ese choque no se producía, la gente ya veía afectada su calidad de vida día a día en trenes que se rompían, viajando apretados como ganado, servicios de mala calidad, etc.
La demanda ciudadana es constante en cuanto a la calidad de vida, quizás falta reclamar más el vínculo entre esos efectos y la corrupción.
—¿Cuáles son los puntos donde Poder Ciudadano se está enfocando en estos momentos y en cuáles debemos prestar atención en los próximos años?
—Hoy estamos trabajando en temas de integridad en el sector público y el privado. Venimos impulsando fuertemente cambios en los sistemas de integridad de la provincia de Buenos Aires, monitoreando todo el funcionamiento del Estado en el tema Covid, pero derivando hacia el sistema de salud integralmente. Estamos con un foco importante en materia de géneros y corrupción, observando cómo la corrupción afecta especialmente y en forma diferencial a las mujeres y diversidades, mirando de cerca el fenómeno de la sextorsión. Tenemos trabajos a nivel regional que impulsan una agenda anticorrupción que involucra diversos temas que nos afectan a todos en común, realizando diagnósticos y estrategias de incidencia sobre compromisos gubernamentales y su efectivo cumplimiento.
El año que viene impulsaremos acciones en materia electoral, para seguir incidiendo en un mejor financiamiento de las campañas electorales y más información para la ciudadanía.
Finalmente, estamos lanzando una “Escuela de Integridad”, que va a ser un espacio de capacitación para ciudadanía, estados y empresas con un gran cuerpo docente que ayude a analizar los desafíos que tenemos de cara a la lucha contra la corrupción. Porque entendemos que, si la corrupción está tan presente en diferentes sectores, es desde todos los sectores que debemos pensar y actuar en cómo aumentar la apuesta por una sociedad democrática y participativa que encuentre en la transparencia y el control cívico de la gestión pública sus principales acuerdos básicos.
Contexto argentino
2022-12-07T15:58:00
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