Las empresas forestales son las más sancionadas por incumplimientos ambientales

escriben Lucía Cuberos y Guillermo Draper 

La empresa Ramón C. Álvarez tuvo a su cargo la construcción de varias obras viales gestionadas por el Ministerio de Transporte. Para llevarlas adelante, sin embargo, ha quedado enfrentada con otra secretaría de Estado: en diciembre, el Ministerio de Ambiente aplicó a la constructora una multa por 2.000 Unidades Reajustables (UR) —$ 3.268.000, según el valor de entonces—, la sanción más alta de 2023, por extraer piedra y tosca más allá del terreno en el que estaba autorizada y contravenir “las pautas de gestión ambiental asumidas” en el proyecto que había presentado. La resolución advertía que la compañía podía ser objeto de otra sanción y de ser denunciada en fiscalía si no cerraba de inmediato esa cantera ilegal.

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