Para cableros, una “decisión política” frena licencias a 30 empresas para ofrecer Internet

Estas tres empresas habían sido habilitadas por decreto a entrar en este negocio en junio de 2022, junto con Telespectáculo Colonia y Telespectáculo Pando, luego de que la Suprema Corte de Justicia (SCJ) fallara la inconstitucionalidad de la norma que lo prohibía, el artículo 56 de la “ley de medios” de 2014.

De las 14 ya habilitadas, las dos ya señaladas en Colonia y Pando son las más próximas a arrancar. Las últimas son las siete que recibieron la autorización mediante resolución del Poder Ejecutivo el 25 de agosto. Entre ellas está Audomar de Paysandú, perteneciente al Grupo Clarín, según informó en su cuenta de X Gustavo Gómez, director de Observacom, pero también se les dio a empresas de Santa Rosa, Castillos, Soriano, San José y dos de Treinta y Tres. El resto está en las diferentes etapas del cableado, a razón de entre 20 y 25 dólares a hogar pasado, lo que habla de inversiones muy distintas en empresas que van de las 300 a las 12.000 conexiones.

Las demás siguen en la espera y eso ha motivado quejas del sector. Uno de los cableoperadores señaló a Búsqueda que “sin que se les haga ninguna observación ni solicitud adicional, el Poder Ejecutivo sin razón aparente está demorando el otorgamiento” de las licencias. “Hay una notoria preferencia política por las empresas de Montevideo”, agregó. Melo, por su lado, prefirió no irse a ese extremo: “No hablamos de favoritismo, pero sí es evidente que la realidad de los hechos dice que los cables de Montevideo ya empezaron a prestar el servicio y nosotros no. Hay una decisión política, que desconocemos, que está trancando las habilitaciones”.

Salvavidas

Este planteo surge días después de que un informe de la Ursec indicara que a junio de este año en Uruguay hay 535.872 clientes de televisión para abonados en todo el país. Son casi 50.000 abonados menos que un año atrás, cuando Búsqueda había informado que el sector tenía el menor número de clientes en una década y buscaba un salvavidas en la posibilidad de ofrecer servicios de banda ancha.

Melo insiste con ese tema: “Más allá de la distorsión que estas dilaciones generan en los mercados, la constante caída de los abonados reafirma lo que venimos diciendo hace tiempo de un modelo de negocios agotado. Esta demora del otorgamiento de licencias lo agota aún más”.

Un operador de Melo, Cerro Largo, fue el último que bajó la cortina. Con este, son cuatro los que tuvieron que tomar la misma opción en un año, en Rocha, Vergara (Treinta y Tres) y San Javier (Río Negro). Son las primeras desde que comenzó esta actividad en el interior del país, en 1991.

“Ya están cerrando empresas en ciudades capitales, imaginate lo que puede pasar en el resto del país. Esto no es un invento nuestro. El Estado uruguayo es responsable de la suerte que corran los cables. Primero fue arbitrario al no dar las licencias (que se solicitaban desde 2007), luego lo prohibió por una ley de medios, el artículo respectivo cayó primero por inconstitucional y luego por ley. Reconocemos el esfuerzo de este gobierno, pero en los hechos seguimos igual”, indicó el titular de la CUTA.

“Lo que estamos haciendo es un llamado desesperado a que se regularice esta situación para todos. Nadie va a hacer una inversión para ofrecer banda ancha, que es importante, sin tener licencias”, agregó Melo. Sumando todas las integrantes de la cámara, la inversión necesaria está estimada en unos 30 millones de dólares.

“No estamos pidiendo subvenciones. Todo es a riesgo de las empresas”, señaló el titular de la CUTA. Dado el “daño gravísimo” causado al sector debido al dictado de “leyes inconstitucionales”, las firmas “no descartan tomar ninguna medida”, agregó. Sin embargo, la CUTA no accionaría colectivamente, ya sea de forma administrativa o judicial, aunque apoyaría iniciativas en ese sentido de sus asociados. “No es algo inmediato, pero sí es algo que está arriba de la mesa. Nosotros entendemos que el Estado no ha actuado de forma correcta con nosotros”, concluyó.