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Un Instituto de Investigación en Vacunas del Uruguay es posible. Esa es la principal conclusión de un Estudio de Viabilidad Económica que llevó adelante la Universidad de la República (Udelar). El análisis, cuya confección fue mandatada por el gobierno en 2021, incluye un abordaje económico y otro social.
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Según dijo a Búsqueda el vicerrector de la Udelar, Álvaro Mombrú, también decano de la Facultad de Química, quien estuvo al frente de este proceso que insumió dos años y costó $ 7 millones, lo económico fue el punto de partida y lo social terminó siendo el remate.
“Una iniciativa así arrojaría muchos beneficios al país y catalizaría el acercamiento de Uruguay a otras biotecnologías. Abriría puertas al país para que se inserte a un mercado internacional que se ha intensificado desde la pandemia” de Covid-19, agregó. Según el estudio al que accedió Búsqueda, se estima que para 2026 el mercado mundial de vacunas alcance los US$ 149.000 millones.
“A nivel cualitativo, el proyecto definido se justifica a partir de un conjunto de necesidades sociales y beneficios potenciales para el país en su conjunto”, señala el documento en su parte final de Conclusiones y recomendaciones. La justificación tiene, a grandes rasgos, dos dimensiones: “Por un lado, los aspectos vinculados a la ética, seguridad y soberanía nacional y, por otro, los aspectos vinculados a los beneficios económicos”.
En caso de concretarse, la inversión inicial para este proyecto es de en torno a los US$ 30 millones de dólares, señaló Mombrú. El vicerrector indicó que esa cifra permitiría que el lugar —cuyas posibles locaciones todavía no han sido analizadas— tenga todo lo estipulado internacionalmente para realizar certificaciones y verificaciones, tales como la planta física, la instalación de compartimentos periféricos, los equipamientos u otras instalaciones específicas.
A eso se le debería agregar un costo de entre US$ 2 millones y US$ 2,5 millones anuales en recursos humanos capacitados. Otros US$ 10 millones serían necesarios para materias primas e insumos.
La inversión, “con un flujo de fondo social”, se podría recuperar en 20 años.
Según el estudio, el instituto podría tener una capacidad de producción de 3,5 millones de dosis anuales. Mombrú prefiere hablar de “unidades”, ya que no solo serían vacunas para uso humano y animal sino también productos biotecnológicos en general, tales como kits de diagnóstico. De estas, 100.000 se destinarán al mercado interno y las restantes estarán destinadas a la exportación.
Uno de los temas que el estudio preveía resolver era qué tecnologías deberían emplearse, ya que, si este hubiera requerido instalaciones de alta seguridad biológica, eso hubiera encarecido el proyecto y afectado su viabilidad. “Nosotros entonces nos planteamos que trabajara con base en las tecnologías ARN mensajero y las proteínas recombinantes”, dijo Mombrú.
El ARN mensajero, que era una tecnología muy emergente, tuvo su “lanzamiento” durante la pandemia, donde probó su valía a través de las vacunas desarrolladas contra el Covid-19. “El desafío es ahora extenderla a otro tipo de patologías por sus ventajas en bioseguridad”, dijo el científico.
Las proteínas recombinantes permiten medicamentos biológicos “muy eficaces” en distintas patologías que han afectado positivamente la recuperación y la esperanza de vida de los pacientes. El vicerrector subrayó que, más allá de las tecnologías escogidas, aún no puede determinarse qué tipo de vacunas, qué productos y a qué patologías se va a apuntar.
“No podemos prever el tipo de patologías que podemos atacar porque este proyecto recién va a estar instalado 24 o 36 meses después de que estén los fondos”, apuntó.
Retornos.
El retorno social de este proyecto también está vinculado a lo económico. El proyecto estima el beneficio anual por producción científica en US$ 1,4 millones (basado en la redacción de artículos científicos arbitrados), US$ 348.273 por la formación en capital humano, US$ 372.882 por la sustitución de importaciones al año (tomando en cuenta que Uruguay importa hoy 100.000 dosis de vacunas a US$ 5 cada una, cuando la producción de una unidad tendría un valor de US$ 2,6; con un razonamiento similar para los kits de diagnóstico) y otro beneficio por exportaciones calculado en US$ 14 millones.
En suma, el beneficio anual supera los US$ 16,5 millones de dólares, según el estudio. “Todo esto tiene connotaciones que están más relacionadas con soberanía y autonomía en temas sanitarios, más allá del negocio”, indicó el decano de la Facultad de Química.
El informe menciona, tangencialmente, la ausencia en el país de una agencia de vigilancia sanitaria, organismo regulador fundamental para avalar, producir y distribuir vacunas. La Organización Panamericana de la Salud (OPS) cuestionó que Uruguay fuera parte de un pequeño grupo de países del hemisferio que no los tiene, como Antigua y Barbuda, Granada, Dominica, San Cristóbal y Nieves, San Vicente y las Granadinas, Santa Lucía y (el otro Estado no insular) Nicaragua. “Uruguay debería avanzar en eso”, apuntó Mombrú.
El Instituto de Higiene de la Udelar produjo vacunas nacionales hasta 1980. En ese momento, los grandes cambios tecnológicos hicieron necesarias grandes inversiones para continuar con las producciones y se concluyó que importar las dosis era más económico. Para Mombrú, la pandemia demostró, y de la forma más dura, que la producción nacional es más que un tema de soberanía.
Tras la presentación, la pelota caerá en la cancha del Poder Ejecutivo, graficó el vicerrector: “A las autoridades ahora les tocan las otras definiciones, qué características tendría institucionalmente este centro, qué gobernanza, qué directiva, dónde estaría. Nosotros ya cumplimos con nuestro objetivo”.
