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Presentan al Parlamento un anteproyecto para reformar la Justicia administrativa
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo estudia unos 1.500 casos; un grupo de expertos redactó un nuevo código que busca agilizar y dotar de mayores garantías a un sistema “muy obsoleto”
Un texto elaborado por una comisión de expertos que fue remitido al Parlamento procura actualizar un sistema “muy obsoleto”. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS
El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) es el encargado de resolver las demandas para anular decisiones del Estado, que pueden ir desde multas de tránsito o sanciones a funcionarios públicos hasta licitaciones millonarias, como el recurso que se presentó por el proyecto Neptuno para construir una planta potabilizadora en Arazatí o contra la extensión de la concesión de la terminal de contenedores del Puerto de Montevideo a la empresa belga Katoen Natie. Todos los asuntos son resueltos en una única instancia por cinco ministros, que conforman el órgano independiente, similar a la Suprema Corte de Justicia, aunque para cuestiones administrativas.
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En diciembre de 2021, la Ley 20.010 estableció la necesidad de una reforma integral del sistema porque el TCA, que fue creado en la Constitución de 1952, tiene un régimen de funcionamiento que —aunque con algunos ajustes posteriores— fue establecido por un decreto de 1984, durante la dictadura. “El sistema actual está muy obsoleto”, aseguró a Búsqueda el profesor titular de Derecho Procesal en la Facultad de Derecho Gabriel Valentín, uno de los integrantes de la comisión de especialistas que se formó en abril de 2023. El grupo de trabajo lo integran también representantes del TCA, académicos de la Universidad de la República, de universidades privadas y el Colegio de Abogados, una experiencia similar a la que se llevó a cabo años antes para modificar el Código del Proceso Penal y el Código General del Proceso.
El resultado del trabajo de los expertos se materializó en un anteproyecto de Código de lo Contencioso Administrativo que fue remitido al Parlamento recientemente, para ser aprobado durante este año electoral. Algunos de los principales puntos que plantea la reforma apuntan a facilitar el acceso al sistema, agilizar los procesos y dar mayores garantías a quienes recurren a ese cuerpo jurisdiccional.
En la actualidad el TCA tiene cerca de 1.500 asuntos a estudio, según informaron fuentes del tribunal a Búsqueda, y cada año se suman alrededor de 1.000. Las resoluciones suelen demorar alrededor de dos años en llegar.
Para reducir los tiempos de las decisiones, en el anteproyecto se establece un sistema de juzgados de primera instancia, de inferior jerarquía al tribunal, para que sean los jueces quienes resuelvan en una única etapa. Esto transforma el proceso en más eficiente, al disminuir los tiempos para pronunciamientos “menores”, como calificaciones o sanciones de funcionarios, clausuras o suspensiones de actividades que no superen los cinco días o cuando el valor del asunto no exceda las 70 UR. Luego, en segunda instancia —mientras no existan tribunales de Apelaciones— la resolución es tomada por el TCA, que actúa en los casos de “mayor relevancia institucional”, señaló Valentín, ante actos administrativos que tienen “efectos generales”, como la reglamentación de una actividad. Para el especialista, esta organización da mayores garantías, porque implica que deben existir “dos decisiones” sobre los temas más complejos.
A su vez, la normativa propuesta permite unificar en una causa los procesos colectivos al plantear una interpretación del artículo 309 inciso 3° de la Constitución y habilitar a que los “intereses difusos y colectivos” se consideren “intereses directos, personales y legítimos de todas las personas que integran el grupo o categoría”. De esa manera, los usuarios de un sistema como el de la salud o el educativo podrían reclamar la nulidad en conjunto, o una asociación civil en defensa del medio ambiente accionar “en representación de todos”, ejemplificó Valentín. Indicó que eso “ahorra trabajo” porque resuelve en un “único proceso” y “evita juicios contradictorios, si cambia la integración del tribunal”.
Modernización
A través de diversos artículos de los 211 que componen el anteproyecto del código, los expertos buscaron que los trámites procesales sean más sencillos, a partir de la incorporación de audiencias a los procesos y del uso de tecnología. Por ejemplo, se busca permitir que se presenten escritos a distancia a través de medios electrónicos —si el TCA lo reglamenta— o realizar instancias por videoconferencia. “Deberá procurarse la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación en la realización de los actos procesales, así como todas las actividades del proceso”, establece el artículo 77.
En relación con los plazos, también se proponen modificaciones para mejorar el acceso: para recurrir se contabiliza en días hábiles y para resolver, en días corridos. A su vez, se extiende de 60 a 90 días el período para demandar ante el TCA la anulación de una resolución.
Otro de los pilares de la reforma procura asegurar el cumplimiento de las sentencias, que pueden anular resoluciones del Estado, pero este último no siempre las respeta. En ese sentido, se plantean herramientas como la imposición de medidas cautelares durante los juicios y luego medidas de ejecución. El artículo 192 plantea que se podrán adoptar “todas las medidas” que se estimen “pertinentes” para el cumplimiento del fallo, como intimar “bajo apercibimiento de las conminaciones económicas y personales que correspondan”, “imponer el pago a la administración omisa y a los funcionarios responsables del cumplimiento en su caso” o incluso “dar cuenta del incumplimiento de la sentencia a la Fiscalía General de la Nación si estimare que la resistencia a lo dispuesto puede configurar un tipo penal”.
La Rendición de Cuentas de 2022, que fue aprobada en noviembre del año pasado, consagró “el primer paso de la reforma que ahora se propone completar” en 16 artículos que, entre otras cuestiones, dieron el presupuesto para crear dos juzgados de lo Contencioso Administrativo, plantea un texto que fue remitido junto al articulado por el grupo de expertos. “La comisión estima que pone en manos del Poder Legislativo un instrumento que redundará en una significativa mejora de nuestro sistema de Justicia administrativa y, en tal sentido, de indiscutible avance en la consolidación del Estado de derecho”, agrega.
El anteproyecto será presentado este jueves 4 de abril en el Palacio Legislativo, en un acto de apertura que tendrá la presencia de la presidenta de la Asamblea General, Beatriz Argimón, y el presidente del TCA, José Bacardi. Para Valentín, que será uno de los expositores de la actividad junto con Selva Klett, Miguel Pezzutti y Carlos Delpiazzo, la aprobación de un código que reglamente los juicios contra el Estado y los haga “accesibles, rápidos y eficientes” es un “mensaje republicano muy importante”.
