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    domingo 09 de junio de 2024

    Programas de los partidos tienen más referencias a ciencia, tecnología e innovación, pero es una convergencia “ilusoria”

    Otorgar beneficios fiscales, impulsar a los emprendedores, crear un plan nacional de ciencia e innovación o aprobar una ley que las promueva, repatriar científicos, estimular los proyectos colaborativos de innovación entre el sector público y privado y acercar a la Universidad de la República (Udelar) a las demandas que surgen del territorio.

    Ideas de ese estilo fueron prometidas en la campaña electoral de 2019 por los tres partidos políticos principales y, si la tendencia histórica se mantiene, las menciones a esta temática se incrementarán en los documentos programáticos de cara al 2024. Sin embargo, lo que parece haber al respecto no es más que una convención de políticas “ilusoria”.

    En la academia —y también, seguramente, entre muchos de los técnicos de los partidos que colaboran en la redacción de las plataformas de gobierno— existe un amplio consenso respecto a que, además de los factores productivos que tradicionalmente explican el crecimiento económico, como el capital y el trabajo, hoy el más importante es el “conocimiento”, con las tecnologías de la información y la comunicación como palanca de la innovación. Uruguay, en este plano, muestra cierto retraso, que se conecta en parte con una relativamente baja inversión. Según señala el economista Ricardo Pascale en su libro Del freno al impulso: una propuesta para el Uruguay, en un país donde en los próximos 10 o 15 años “no pasa nada radical, disruptivo, ni favorable ni desfavorable, persistirán las tendencias que vemos. Un crecimiento lento, un rezago relativo cada vez más pronunciado con respecto a las naciones más dinámicas y una divergencia creciente entre los niveles de bienestar de los uruguayos y de los países con los cuales debemos compararnos”.

    Algunos nuevos impulsos emergen de la sociedad civil. El viernes 21, en el Hotel Hayatt Centric, un grupo de cámaras empresariales firmaron un “acuerdo por Uruguay por el conocimiento” buscando promover la “cultura tecnológica” y “universalizar el acceso a la tecnología como instrumento de transformación y de generación de oportunidades”. Un par de jerarcas del Poder Ejecutivo —el prosecretario de la Presidencia y el subsecretario de Turismo— acompañaron el acto.

    Por fuera de los ciclos electorales, la discusión pública en torno a estos temas reflota con las rendiciones de cuenta, como la que aprobó la semana pasada el Parlamento y tuvo a la Udelar protagonizando uno de los picos de conflictividad. Para “innovación” —mencionada como una de las “áreas prioritarias con foco en la gente”—, el Ejecutivo propuso ampliar el presupuesto en US$ 14 millones para 2023 y el mismo monto en 2024, dentro de un gasto total adicional de US$ 226 millones y US$ 323 millones para cada uno de esos años. En 2020, la inversión en la suma de “actividades de ciencia y tecnología”, y de “investigación y desarrollo científico”, equivalió a 0,75% del Producto Bruto Interno, según datos de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación.

    En las campañas, las referencias de los políticos y sus programas a la importancia de la ciencia, la tecnología y la innovación fueron en aumento desde las elecciones de 2004, constataron Carlos Bianchi y Camilo Martínez, del Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Udelar, en un artículo publicado recientemente en Review of Policy Research. A lo largo de todo el período, dado en particular el peso relativo de las instituciones públicas en las actividades científicas y tecnológicas, así como en su financiamiento, la discusión sobre el papel del Estado se cruzó con el debate acerca del nivel de gasto y la austeridad fiscal, describen los investigadores.

    Programas

    Utilizando técnicas de conteo de palabras y análisis de textos, identificaron que, independientemente de la orientación ideológica, las plataformas electorales de los partidos Colorado, Nacional y Frente Amplio entre 2004 y 2019 incorporaron de manera creciente esta temática. Sin embargo, en los enunciados programáticos surgieron discrepancias sobre el papel de la ciencia y la investigación frente al de la innovación debido a las diferentes concepciones sobre el papel del Estado y de los mercados.

    En las plataformas electorales de los tres partidos hubo un total de 51 palabras o sentencias alusivas a la ciencia, tecnología e innovación en 2004; 69 en 2009; 143 en 2014; y 245 en 2019. Sin embargo, los pasajes de texto relacionados con la temática fueron “solo del 2% al 9% de las páginas” —valoran los investigadores—, más allá de que hubo diferencias significativas en el contenido de los programas, ya sea en el número de oraciones, los conceptos centrales o las propuestas de políticas públicas.

    Las plataformas del Partido Nacional incluyeron 173 menciones, sumando las cuatro elecciones. Se basaron, principalmente, en las capacidades de las empresas y los empresarios privados para generar bienestar a toda la sociedad, un enfoque “en línea con la base histórica de este partido”. Del programa blanco de 2019 lo más sorprendente según los autores es que el énfasis en las actividades de transferencia de tecnología y promoción de la cultura tecnológica casi no tuvo referencia a la investigación como actividad o área de política pública. Además, remarcan que la palabra ciencia no se usó en el texto.

    En el caso de los colorados (246 menciones en el total de las cuatro campañas), también observaron “características específicas fuertemente relacionadas con la larga trayectoria de este partido en el gobierno nacional. Los contenidos de ciencia, tecnología e innovación de sus plataformas electorales se basan mayoritariamente en la transformación de la gobernabilidad” en esta área, como la propuesta de coordinación público-privada y la reestructuración de algunas de las principales organizaciones públicas tradicionales dedicadas al tema. Este tipo de planteos se correlaciona con una “agenda negativa para cambiar los equilibrios del sistema, reduciendo el peso relativo de la universidad pública”, interpretan Bianchi y Martínez.

    Generalmente, las propuestas programáticas frenteamplistas (89 menciones en total) se relacionaron con una “visión del desarrollo” y políticas públicas en esta materia orientadas a incidir en múltiples aspectos de la realidad social (por ejemplo, cambios en los procesos productivos, en el sistema educativo, y la promoción de la inversión pública y privada en tecnología). “Uno de los énfasis programáticos del Frente Amplio está ligado al rol del Estado en estos procesos”, subrayan.

    A los autores les llamó la atención la ausencia de la noción de emprendimiento innovador en la plataforma más reciente.

    Por otro lado, aseguran que, con la llegada de la izquierda al poder, la política de ciencia, tecnología e innovación “ganó importancia en la agenda”, que se expresó “en la creación de nuevas instituciones y en un aumento del presupuesto público”, en particular de la Udelar. Y agregan: “Si bien estos hechos no permiten inferir que exista una base de apoyo del Frente Amplio en la comunidad académica, sí muestran que hubo una convergencia en la importancia atribuida” a esta agenda y en la decisión de destinar recursos públicos para llevarla a cabo.

    Convergencia

    Según los autores, la progresiva convergencia a una base común permite inferir el surgimiento de una “convención política” en torno a la ciencia, tecnología e innovación en Uruguay. En todas las plataformas se propusieron formas de gestión del conocimiento a partir de conceptos utilizados en este campo a escala internacional, como la promoción de alianzas entre centros de investigación y empresas, la promoción de eslabones en las cadenas globales de valor, el impulso de nuevos emprendimientos o la participación en plataformas globales de investigación. Sin embargo, acotan, tal convergencia es “principalmente retórica”, ya que los programas electorales “carecen casi por completo de propuestas de instrumentos concretos para lograr los objetivos planteados, más allá de modificaciones en la estructura de gobernanza de la política” en ciencia, tecnología e innovación, como la creación de un ministerio específico. Además, más allá de las similitudes, las diferencias según cómo se jerarquizaron u omitieron los diversos temas y términos en el programa de cada partido exponen una “competencia entre las agendas positivas y negativas” dentro de la convención de políticas imperante en esta área. Estas divergencias —añaden— “pueden cuestionar hasta qué punto se trata de una convención compartida (…) o, por el contrario, de un marco general de ideas en el que conviven diferentes convenciones y compiten entre sí bajo una especie de consenso ilusorio”.

    La controversia más nítida se centra no solo en la participación estatal, sino también en el espacio público y el objetivo de reducir el presupuesto público. En este punto, infieren Bianchi y Martínez, la “omisión o baja jerarquía asignada a la ciencia y la investigación en las últimas plataformas de los partidos Colorado y Nacional parece estar relacionada con una agenda negativa emergente que critica las dificultades que tradicionalmente ha mostrado la universidad pública para atender los problemas productivos”.

    A modo de conclusión, observan que estas concepciones divergentes sobre los roles del Estado y los mercados “parecen reflejar debilidades estructurales” en torno a las convenciones de política en ciencia, tecnología e innovación. A raíz de esas diferentes “perspectivas ideológicas” y de las propuestas programáticas “borrosas”, se expresan “escépticos sobre la posibilidad de una política estatal” en esta materia de largo plazo en el país.

    “Podría decirse que la experiencia reciente de la pandemia de Covid-19 reestructurará la relación entre la ciencia y el poder político”. Sin embargo, escépticos, los autores señalan que el debate reciente ha sido “desigual y hasta conflictivo en torno al rol”, alcance e importancia de la ciencia, tecnología e innovación, reflejando que en Uruguay existe una especie de convención “ilusoria” respecto de estas políticas.

    Economía
    2022-10-26T20:30:00