En el límite entre Rocha y Treinta y Tres, muy cerca de la desembocadura del río Cebollatí en la laguna Merín, se ubica la llamada Isla del Padre. Con una superficie de 800 hectáreas, esta zona virgen tiene una enorme diversidad de hábitats valiosos para la conservación de la naturaleza y alberga especies únicas en el país: desde guacamayos, loros azules y tucanes, hasta pecaríes. Incluso, es el lugar donde fue registrado el último yaguareté de Uruguay en 2011.
Con el objetivo de potenciar la investigación, la educación ambiental y el turismo, la Intendencia de Rocha (IDR) propondrá que la isla sea declarada como la primera reserva natural departamental de Uruguay, según informó a Búsqueda el intendente del departamento, Alejo Umpiérrez. Si bien Rocha ya cuenta con siete áreas dentro del Sistema Nacional de Áreas Protegidas (SNAP), esta zona tendría “carácter propiamente departamental”, dijo el jerarca.
“La creación de reservas naturales departamentales está prevista en la normativa vigente, pero hasta ahora no existía ninguna. Esta es una isla que fue donada a la IDR en 1965 por el diputado rochense Antonio Valiño y Sueiro. Desde entonces ha estado en el patrimonio público y no ha tenido nunca un tratamiento adecuado, siendo un lugar hermosísimo que vale la pena visitar”, afirmó Umpiérrez.
La Isla del Padre tiene algunas zonas inundables, pero es también un lugar importante para la reserva de flora y fauna con “un bioma propio”, sobre el que la intendencia desea trabajar, añadió.
“Es un lugar estratégico. Las áreas protegidas no las pensamos como sinónimo de áreas prohibidas, sino que son una forma de proteger la naturaleza también desde el punto de vista didáctico, pedagógico y turístico”, dijo Umpiérrez. Aseguró que la intención de la comuna es “hacer un centro de paseo, un lugar que permita a la gente conocer, admirar, aprender y respetar”. La idea es instalar una barcaza que salga desde Cebollatí y establecer un itinerario turístico por el río, como “un paseo de un día a un lugar que hoy no tiene ningún atractivo ni enfoque turístico”, explicó.
Alumnos de primaria y secundaria podrían visitar la zona y aprender sobre la fauna y flora del lugar, ejemplificó.
“Es lo que también estamos impulsando en el resto de las áreas protegidas de Rocha, donde hoy prácticamente no hay ningún tipo de actividad y están cerradas a candado”, añadió. Su intención es integrar las áreas protegidas “al uso sustentable de la sociedad” en el marco de un proyecto turístico que genere un valor agregado al departamento, indicó.
Consultado acerca de por qué no integrar el área directamente al SNAP, el intendente afirmó que la decisión busca tener “una dirección y un manejo más directo” por parte de la intendencia, ya que sino la gestión “se torna tremendamente burocrática y compleja”.
“Queremos tener nuestro propio grupo de gente trabajando allí, que nuestros guardaparques analicen y estudien. El trabajo de las áreas protegidas es siempre complejo porque desde la óptica montevideana se tiene una visión muy sesgada y muy alejada de la realidad”, criticó.
Umpiérrez dijo que está de acuerdo con el director de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos, Gerardo Evia, quien días atrás sostuvo que el SNAP ha implicado “un proceso muy lento y cuestionado” en relación a la gestión de las áreas protegidas (Búsqueda Nº 2.129).
Por eso, el jefe comunal no descarta la creación de más áreas departamentales —como una zona adyacente al Parque Nacional de Cabo Polonio que alberga flora psamófila—, aunque destacó que lo importante es “entender que las intendencias tienen una potestad legal” que quieren desarrollar, con el fin de tener un marco mayor de autonomía en el manejo, dirección y gerenciamiento de estas áreas protegidas.
Actualmente la Isla del Padre está ocupada por un inversor privado proveniente de Maldonado, que las autoridades prevén desalojar mediante vía judicial; según el intendente, años atrás el hombre construyó una vivienda de lujo y un muelle para su yate alegando “ser amante de la naturaleza”, pero la índole de sus tareas “ha despertado sospechas” al tratarse de una zona fronteriza.
Isla del Padre. Foto: Intendencia de Rocha
Gestión directa
El director de Ambiente de la IDR, Rodrigo García, quien lidera la elaboración de la propuesta, definió a la isla como el “Amazonas uruguayo”.
“Es de muy difícil acceso, está en el medio del río Cebollatí; hay que llegar por chalana desde el puerto de La Charqueada en Treinta y Tres. Es deslumbrante, no parece Uruguay”, destacó. Según García, la intención de la IDR es que el área tenga una administración departamental. Y si bien no se opone a que más adelante se pueda sumar al SNAP, no quiere “depender de los procesos del sistema nacional y de toda la estructura del Ministerio de Ambiente que es a veces un poco lenta”.
Es por esa misma razón que hoy varias intendencias han optado por no incluir sus áreas a la gestión nacional, dado que no han encontrado que la coadministración junto a los gobiernos departamentales sea del todo eficiente.
“Las áreas protegidas que tenemos en Rocha son todas del SNAP. Esa coadministración es lo que hace muy difícil todo, porque hay que coordinar tiempos, maneras, formas y es muy complicado”, afirmó. Para García, el sistema nacional ha demostrado “que no ha sido exitoso y que ha fracaso bastante”, no en la formulación o los diagnósticos, pero sí en lo relativo “a la implementación y la gestión efectiva”.
“Tenemos un porcentaje bajísimo de áreas protegidas y no cumplimos con los compromisos internacionales. Es una imagen pésima como país, porque en Latinoamérica estamos solo mejor que Haití”, lamentó.
De aprobarse el proyecto en la Junta Departamental, que las autoridades planean presentar este mes, la Isla del Padre se convertirá en la primera área departamental de Rocha. Sin embargo, en Uruguay ya existen varios lugares con esta categorización, como la Quebrada de los Cuervos en Treinta y Tres, que no ha estado exenta de polémica.
Es que en 2019 la Dirección Nacional de Medioambiente propuso ampliar la zona protegida dentro del SNAP, algo que se concretó en febrero de 2020 pese a los cuestionamientos de la propia intendencia y de la Sociedad de Productores Forestales. Debido a eso, hay juicios en curso e incluso algunos actores que estaban en desacuerdo presentaron recursos al Tribunal de lo Contencioso Administrativo que todavía están siendo analizados, indicó a Búsqueda una fuente del SNAP.
Canelones es otro de los departamentos que tomó el mismo camino, al decretar áreas departamentales. Es inclusive una de las pocas localidades que cuenta con un sistema departamental de áreas de protección ambiental. Consultado, el director general de Gestión Ambiental de la comuna canaria, Leonardo Herou, dijo a Búsqueda que esto no es contradictorio con el SNAP, sino que es algo complementario.
En esa línea, explicó que la Intendencia de Canelones (IDC) trabaja en la protección de las áreas en tres escalas: a nivel nacional (como los Humedales de Santa Lucía que forman parte del SNAP), a nivel departamental (como la cuenca del arroyo Solís Grande) y en este período de gobierno incorporaron la escala municipal. Con esta última herramienta, pretenden identificar zonas relevantes para la comunidad y generar estrategias de uso sustentable.
“Las tres escalas son fundamentales, porque hay áreas de escala municipal o departamental que no van a entrar en el SNAP y es lógico, pero es importante también generar estrategias de conservación”, indicó.
Fuentes del SNAP consultadas también opinaron que se trata de herramientas de conservación complementarias y dijeron que ven con buenos ojos la creación de áreas departamentales.
“La perspectiva que siguió la IDC sigue nuestra misma metodología a nivel de todo el departamento, pero otras intendencias han declarado reservas departamentales de forma puntual”, explicó la fuente. Además, dijo que actualmente “está en revisión” la administración de las áreas del SNAP, que hasta ahora se coadministraban con las intendencias.
“Hay voluntad política de hacer esa revisión. Coordinar la administración de las áreas tiene sus ventajas y sus dificultades y eso es lo que se quiere revisar, si hay algún área que funcione mejor con otro modelo de gestión”, afirmó.
Proponen incentivos económicos y una nueva ley que proteja los “ecosistemas” para mejorar la conservación de la biodiversidad
Rocha intenta mitigar contaminación por falta de saneamiento mediante el uso de microorganismos en pozos negros
