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    Socios del gobierno disputan protagonismo ante los proyectados cambios en educación, mientras los sindicatos les plantan cara

    Hace cuatro años, al describir a Germán Rama como conductor del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), la profesora Carmen Tornaría, que fue una de sus principales socias en el Codicen, dijo a Búsqueda que para llevar adelante reformas importantes en Uruguay son necesarias tres condiciones básicas: un liderazgo fuerte, un plan de acción claro y un equipo convencido que esté dispuesto a llevarlo adelante contra viento y marea, y hasta las últimas consecuencias.

    Con las tres cosas —liderazgo, plan y equipo— para concretar cambios de fondo en la enseñanza pública, como hace ya un cuarto de siglo, cuenta hoy el gobierno de la educación, aseguró a Búsqueda el actual presidente del Codicen, Robert Silva, que integró el equipo de Rama y Tornaría —recientemente fallecidos—, junto con otros miembros de la actual administración educativa, durante la segunda presidencia de Julio María Sanguinetti (1995-2000).

    Desde el Poder Ejecutivo de Luis Lacalle Pou están convencidos de que después de 15 años de administraciones del Frente Amplio, y en particular de sus últimos cinco, que califican “de una quietud extrema en educación”, la coalición de gobierno debe “sacudir” las estructuras y dar señales claras de que se acercan reformas profundas en una de las áreas más conservadoras del país.

    Por eso el gobierno ve al 2022 como “año clave” para poner en marcha sus planes reformistas en educación, informó la semana pasada Búsqueda con base en fuentes de Presidencia. Y también está decidido a “dar la pelea” ante un eventual escenario de conflictividad que planteen los sindicatos que resistan esos cambios.

    La respuesta de los gremios de la educación llegó a las horas de la publicación del semanario. “Si el gobierno quiere dar pelea, la va a encontrar”, avisó en diálogo con El Observador Javier Iglesias, dirigente de la Federación Nacional de Profesores de Educación Secundaria (Fenapes).

    Pero los sindicatos, que auguran un 2022 “oscuro” para la educación, ya se plantaron en pie de guerra desde antes de asumir este gobierno. En diciembre de 2019 José Olivera, presidente de Fenapes, dijo a Búsqueda que Pablo da Silveira, por entonces designado ministro de Educación, es un “soberbio de primera” que “gotea neofascismo” y que como intelectual “no le llega ni a la suela de los zapatos a Germán Rama”. Tampoco ahorró críticas hacia el actual presidente del Codicen: “Robert Silva es un fiel representante de la vieja política del acomodo”.

    Más allá de estas tensiones que las autoridades educativas centran en algunos sindicatos que acusan al gobierno de la educación de recortes de miles de horas de clases, de falta de diálogo y de persecución sindical, el Ejecutivo ratificó la reestructura educativa que planea la ANEP a partir de 2022. Silva confirmó que se acercan reformas profundas tras sobrellevar una pandemia mundial que alteró todos los planes y que, según dijo, explica en gran medida la lentitud en la ejecución de los cambios que la coalición prometió para la educación. Esos cambios, dijo, ya comenzaron con la transformación de la gobernanza estipulada en la Ley de Urgente Consideración (LUC).

    Chisporroteos

    La ANEP pretende pasar a la acción en 2022 con el cambio curricular integral —que implica modificaciones en las prácticas de enseñanza y evaluación— como “columna vertebral” de la transformación educativa presentada oficialmente la semana pasada. Si bien “todavía falta definir buena parte de su contenido”, la intención de la administración es que esta reformulación esté vigente en 2023.

    Las primeras pistas sobre esta reforma curricular ya recibieron fuertes críticas por parte de dirigentes del Frente Amplio y de gremios docentes.

    Sin embargo, en el sector Ciudadanos del Partido Colorado, al que adhiere Silva, se muestran encolumnados detrás del titular del Codicen y de la proyectada “transformación curricular”, elaborada en el ámbito de la Dirección Sectorial de Planificación Educativa de la ANEP, que dirige Adriana Aristimuño. La jerarca trabajó, junto con el titular del Codicen, en la reforma de Rama en los noventa y también proviene del ala colorada del excanciller Ernesto Talvi.

    La Asamblea Nacional de Ciudadanos, que el sábado 4 ratificó el liderazgo sectorial del ministro de Ambiente, Adrián Peña, tras el alejamiento del economista Talvi, también respaldó políticamente a Silva, un nombre que ha sonado en el sector como posible precandidato de cara a 2024. Peña presentó un informe político en el que, en el marco de los “desafíos” de 2022, sostuvo que el más “importante” para el sector es la reforma educativa presentada días atrás por Silva. “Todos sabemos que el país va a cambiar si logramos cambiar la educación, y esta oportunidad no la podemos perder”, dijo el ministro.

    En su discurso, el secretario de Estado dejó en claro su apoyo a la gestión del Codicen llevada a cabo por el excompañero de fórmula de Talvi, como abanderado del cambio de la educación en nombre del Partido Colorado. Consciente de que el 2022 será un año “duro”, Peña pidió a los dirigentes de su sector que estén “todos atrás, como uno solo” de Silva y del equipo de gobierno de la educación. “Tenemos que ir por esos cambios en la educación, en los que estamos decididos, los vamos a liderar y los vamos a concretar”, animó el ministro.

    No obstante, este tipo de mensajes producen ciertos resquemores en tiendas nacionalistas, donde, según confirmó Búsqueda, crecen los cuestionamientos al protagonismo de Silva, y también a las formas en que suelen anunciarse los cambios en materia educativa desde la ANEP.

    El malestar entre algunos referentes educativos del Partido Nacional obedece a la “ansiedad” que a su juicio muestran sus socios colorados en promover la figura política del titular del Codicen para encaminar su renovación partidaria y a un estilo de conducción “personalista”, que a su vez evoca al que en su día tuvo Rama durante la administración Sanguinetti.

    También “hace ruido” entre los blancos la intención adjudicada a los colorados de buscar “apropiarse del rótulo de la reforma de la enseñanza”. Según explicó un dirigente nacionalista tiempo atrás, “el Partido Colorado quiere mostrarse como protagonista de la reforma educativa, cuando en realidad esta es una transformación colectiva y consensuada en la que participan muchos técnicos de distintos partidos”.

    Para el consejero nacionalista Juan Gabito, también extitular del Codicen durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995), el organismo tiene la responsabilidad de debatir y de resolver los cambios en educación con otros actores antes de decidir con cierto consenso técnico y político. “Para algo tenemos un plan que dice que todo el 2021 es de consultas, el 2022 es de elaboración y el 2023 es el de implementación”, dijo.

    En Cabildo Abierto respaldan la idea de pisar el acelerador a fondo en materia educativa, porque entienden que la coalición gobernante debe “cumplir con los cambios por los que la mayoría de la gente la votó”. Así lo explicó semanas atrás el diputado cabildante Eduardo Lust en un charla organizada por el Foro Montevideo, en la cual reclamó implementar una reforma de fondo, aunque eso implique “ir a contracorriente” y cueste “un año o dos de paros” en la educación. Lust demandó acciones concretas a las autoridades de la educación, particularmente al ministro Da Silveira y a los legisladores oficialistas para encauzar los cambios que hacen falta. “Los votos están”, dijo.

    Por su parte, la senadora blanca Graciela Bianchi, que también participó del evento, afirmó que lo que planteó su colega cabildante no es sencillo de implementar por el gobierno, entre otros motivos, porque “muchas veces no alcanzan los votos en la propia coalición” para encauzar los cambios prometidos. “Gobernamos con partidos que tienen diferencias”, dijo, y agregó que “no se pueden generar conflictos permanentes” con el Frente Amplio y los sindicatos.

    “Lust decía (que igual se enfrentan) dos años de paro… Los que tenemos responsabilidad de gobierno no podemos permitirnos eso… No podemos llevar al país por el despeñadero, porque después no se sabe por dónde se sale”, afirmó Bianchi y remitió a sus años como profesora de Historia. Aseguró que “la madre de las batallas” para el gobierno es la formación docente. “No trato de justificar las cosas que no hicimos. Yo también estoy enojada con eso y peleo mucho dentro de mi propio partido… ¡Ustedes ni se imaginan! Pero la vida en el gobierno no es fácil, ni que tal vez con la pandemia”, afirmó.

    “Sin idioteces”

    Para ejecutar las transformaciones proyectadas en educación, el titular del Codicen se decanta por un espíritu de concordia y búsqueda de grandes acuerdos sociales, más dialogante o menos confrontativo que el que mostró, por ejemplo, el propio Rama, de quien, no obstante, dijo haber aprendido “mucho” como protagonista de lo último que puede ser considerado una reforma educativa.

    Según Silva, Rama demostró que sí se pueden hacer cambios en el ámbito educativo, rodeado de buenos técnicos, sin importar su procedencia política o partidaria, y que pese ser muy combatido y resistido en su momento, con el tiempo fue reivindicado. Con Rama y su equipo, Uruguay universalizó la educación inicial para los niños de cuatro y cinco años, multiplicó las escuelas de tiempo completo, instaló los bachilleratos tecnológicos en la ex-UTU y creó centros regionales de profesores en el interior, entre otros cambios. Debió enfrentar ocupaciones de liceos, huelgas y fuertes críticas desde el mundo político y académico.

    El problema es que eso ocurrió hace 25 años, suele repetir Silva, y si bien reconoce avances de los gobiernos sucesivos, en los temas estructurales las cosas permanecieron “casi incambiadas”. Cita problemas de rezago, repetición, abandono, insuficiencia en los aprendizajes e inequidad en un sistema educativo “planchado” en aprendizajes básicos, lo que la pandemia agravó.

    Tornaría recordaba en aquella entrevista con Búsqueda que a Rama lo acusaron de actuar como si fuese una topadora y de llevar a cabo su plan de manera inconsulta, “cuando fue absolutamente consulto… son de esas cosas que afirman cuatro o cinco en Uruguay, y luego quedan como una verdad”. “Gobernar implica tomar decisiones, realizar opciones, y esto necesariamente lleva a afrontar resistencias”, dijo esta profesora vinculada a la izquierda, y agregó que para cambiar la realidad hay que defender las convicciones con firmeza, “sin idioteces” y separando el proyecto público de la lucha político-partidaria o gremial.

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    2021-12-09T00:27:00