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UTE judicializa “casos aberrantes” de robos de energía por parte de quienes pueden pagar
El ente apela a los datos que le proveen los medidores y a la inteligencia artificial para identificar casos; detectó, por ejemplo, a clientes que calefaccionaban su piscina o la loza radiante con energía robada
La regularización del servicio eléctrico en la localidad de Totoral de Sauce. Foto: UTE
Un cliente de UTE tenía una piscina climatizada en el fondo de su casa, pero la conexión que utilizaba allí era distinta a la del resto de la vivienda: un equipamiento le permitía calefaccionar el agua con energía robada. Un establecimiento rural con una “minindustria” se colgaba al sistema eléctrico para no pagar. Un hogar adulteraba la red para evitar el costo de tener prendida las 24 horas la loza radiante. Un supermercado contaba con un equipo sin conectar al medidor para ahorrarse algunos miles de pesos en la factura de luz.
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Estas son algunas situaciones que los inspectores de la empresa estatal se encontraron desde 2021, cuando se relanzó un plan para reducir la cantidad de energía que produce y no factura. Son casos de usuarios que consumían más de 1.000 kilovatios al mes, pero a los que el medidor solo les registraba 100 kilovatios, ejemplificó en diálogo con Búsqueda José Caram, asesor de la presidenta de UTE, Silvia Emaldi. (*)
En 2021, el 18,3% de la energía consumida no se facturaba. Los “componentes de pérdida” se dividían, hasta ese año, en tercios: el 6% era por cuestiones “técnicas” —que son prácticamente “inevitables”—, otro 6% se consumía sin facturar en barrios de “contexto crítico” y el restante tercio en aquellos clientes que, pudiendo pagar, no lo hacían.
Históricamente, UTE se enfocó en los sectores vulnerables para tratar de reducir el porcentaje de pérdidas pero, desde 2021, también se centró en la disminución en el segmento residencial o comercial, explicó Caram, un exgerente de Distribución del ente a cargo del plan. En dos años, la empresa estatal bajó tres puntos porcentuales el nivel de pérdidas, hasta el 14,9%. Cada punto de reducción significa una facturación de US$ 15 millones, que permitió aumentar las tarifas por debajo de la inflación.
Poder y no pagar
Había un viejo mito referido a los antiguos medidores de UTE. Se decía que si se ponía una botella encima del artefacto “iba a caminar más lento”, recordó Caram. Era un método artesanal, que estaba al alcance de cualquier cliente de UTE. Pero, más allá de si esa historia es real o no, adulterar los nuevos medidores inteligentes requiere una sofisticación mayor.
El ente se entera de que hay un cliente que está evadiendo el pago de la electricidad a través de denuncias que hacen los vecinos o por los medidores inteligentes (que el año pasado llegaron a estar instalados en 1 millón de hogares o clientes corporativos). Estos artefactos envían datos a UTE cada 15 minutos y permite a los técnicos saber que existe una posible irregularidad.
Los medidores no solo le brindan al ente información del consumo del usuario sino también si el cliente intentó abrir la tapa. Cuando esto sucede, se envía automáticamente una alerta.
Pero hay otros “mecanismos de hurto” que son más sofisticados y que la empresa puede detectar a través de la inteligencia artificial. Esta tecnología permite analizar “los comportamientos” que surgen de los medidores e identificar a aquellos usuarios que tienen una conducta “sospechosa”. Cada usuario está identificado dentro de una categoría para la que está previsto determinado comportamiento. Cuando su conducta cambia, se enciende una alerta. El asesor destacó que el “nivel de acierto” actualmente es del 20% —en uno de cada cinco lugares inspeccionados se encontraron irregularidades— y ese porcentaje crecerá en la medida que el sistema vaya incorporando más información.
En total, son 600 los funcionarios de UTE que trabajan en este plan, entre los que están incluidos abogados y escribanos por posibles casos que deban ser denunciados en Fiscalía. Caram relató que los inspectores se encontraron con supermercados, “casas de dos pisos con dos autos en la cochera” y residencias de “centenares de miles de dólares” que tenían conexiones irregulares. La empresa decide denunciar aquellos “casos aberrantes” y, en especial, en los que la manipulación del medidor fue realizada por un especialista.
“Nosotros miramos la maniobra y decimos: ‘Este tipo sabe lo que está haciendo’ (…). Saber qué tengo que tocar en los cables que entran, en los cables que salen y qué tengo que hacer se trata de gente que sabe. Cuando detectamos que ese es el tipo de hurto, hacemos la denuncia en Fiscalía”, aseguró.
Estos técnicos ilegales utilizan básicamente dos modos para hacer las conexiones irregulares. Una de las modalidades es perforar un medidor sin abrir la caja y hacer maniobras dentro del artefacto que no son detectadas por las alarmas de UTE. Otra forma de adulterar el servicio es interviniendo el cable que conecta el medidor con el tendido eléctrico. Para mejorar la detección de estas situaciones, el ente procura encontrar a estos técnicos que modifican los medidores con la hipótesis de que se dedican a eso y que es probable que hayan hecho las adulteraciones en otros lugares.
El porcentaje de las judicializaciones es bajo, aclaró Caram. En general, el cliente que fue encontrado en forma irregular debe ir a UTE a regularizar la situación, para lo que debe pagar de forma retroactiva por el servicio.
Contextos carenciados
En los barrios carenciados, el objetivo de la empresa estatal es distinto. Los técnicos de UTE se suelen encontrar en estos lugares con hurtos de energía a través de conexiones “totalmente inseguras” y lo que pretenden es evitar posibles accidentes. Caram señaló que en general las víctimas de estas conexiones precarias son los niños y explicó que existe el riesgo de que por un cortocircuito se prenda fuego la vivienda.
El ente realiza una “instalación confiable” en el hogar, pone un medidor y se establece un descuento en la factura de entre el 80% y el 90% para que sigan regularizados. Caram sostuvo que por este plan, que se desarrolla desde hace varios años en la empresa, se regularizan anualmente entre 10.000 y 12.000 personas.
Esta parte del programa trabaja con asistentes sociales, que explican cómo hacer un uso “eficiente” de la energía eléctrica. Estos trabajadores “acompañan” a los nuevos usuarios durante un tiempo después de hacer la instalación regular para no perderlos como clientes. “Era gente que estaba acostumbrada a hurtar, que no tenía ningún cuidado con relación a dejar cosas encendidas. A partir de ahí tiene que haber un cambio cultural”, explicó el asesor.
(*) La versión original fue corregida, modificando megavatios por kilovatios, lo correcto.