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“La ANEP prohibió a los docentes de Primaria hablar en contra del gobierno, lo hizo a través de una circular”. Este texto transmitido en cadenas de mensajes por WhatsApp se viralizó en ámbitos educativos, políticos y sindicales, acompañado de la copia de una resolución oficial que establece “la necesidad de fijar criterios claros para el uso de la información que produce la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP)”.
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Esta normativa, aprobada hace un año, recibió esta semana cuestionamientos y un pedido de informes de la oposición y críticas gremiales por entender que se trata de una medida “mordaza” que afecta la libertad de expresión de los funcionarios de la educación.
Aunque la circular del Consejo Directivo Central (Codicen) de la ANEP no prohíbe a los docentes “hablar contra el gobierno”, la directiva de la autoridad educativa “es tan vaga, difusa y discrecional que alienta la autocensura, porque no establece con claridad los límites entre lo que se puede decir con base en normas jurídicas transparentes, sino de lo que interprete un jerarca de turno, algo que resulta realmente limitante desde el punto de vista de los derechos, tanto de los trabajadores a informar como del ciudadano a ser informado”, aseguró a Búsqueda el senador frenteamplista José Carlos Mahía, que esta semana cursó un pedido de informes para precisar el alcance de la medida.
Según la circular, el Codicen “entiende pertinente recordar a los funcionarios” sobre los efectos que puede acarrear “el uso indebido o mal uso de la información generada, así como aquella a la que acceden o conocen en el marco del desempeño de la función en la ANEP”. Advierte que la información debe “circunscribirse” al ámbito de la administración pública y subraya que “su uso indebido puede configurar responsabilidad funcional”.
Autoridades de la educación rechazaron que esta resolución suponga un acto de censura contra los funcionarios y remarcaron que la medida alude a “informes o investigaciones técnicas que se hacen en los servicios” y que pueden involucrar información referente a estudiantes y familiares.
El presidente del Codicen, Robert Silva, explicó a Búsqueda el caso de una docente que al realizar una investigación “usó datos personales de estudiantes” sin autorización ni consentimiento informado. Basado en estas situaciones, el Codicen aprobó la circular del 7 de mayo de 2020, argumentó el jerarca: “Fue para proteger los datos personales a los que los funcionarios tienen acceso en función de sus tareas”.
Silva concedió que la referida circular “no quedó del todo bien redactada” y explicó que eso motivó que el Codicen aprobara el 2 de junio de 2020 una normativa “complementaria”. Esa circular —firmada por Silva y el ex secretario general del Codicen, Juan José Villanueva—, precisa que la normativa original refería a “la protección de los datos personales” que regula la Ley Nº 18.331, de habeas data.
Autocensura
No obstante, en filas opositoras entienden que la normativa, “aun con su aclaración, se presta a confusión y en ningún caso le enmienda la plana a la resolución anterior, porque, más que aclarar, complementa y sigue siendo difusa”, observó Mahía, convencido de que estas disposiciones esconden “una declaración de intenciones para marcar la cancha” y “evitar fuga de información” por parte del nuevo gobierno de la educación. “Cuando vos no sabés dónde está el límite de tus derechos, ese límite lo establece tu autocensura”, apuntó.
De allí que la bancada de legisladores del Frente Amplio reclame a las autoridades educativas que detallen con mayor precisión el alcance de estas medidas. En palabras de Mahía: “Estas circulares buscan que no salga información de lo que pasa en la ANEP, porque así generan una inseguridad tremenda entre los funcionarios. Y ese es el punto: es una advertencia genérica netamente autoritaria que busca provocar amedrentamiento y que interpela la ética docente”.
“Me consta que hay directores y mandos medios de centros educativos que manejan información sobre lo que realmente está pasando en ANEP que están atemorizados por este tipo de normativas”, aseguró.
En su pedido de informes cursado el lunes 21 al Ministerio de Educación y Cultura con destino a la ANEP sobre la circular en que se comunica la resolución, plantea, entre otros temas, saber “qué órgano del Codicen determina el llamado ‘mal uso’ o ‘uso indebido de la información’” y “cuáles son los contenidos” que pueden expresar los funcionarios.
La medida también motivó “gran preocupación” en los gremios docentes, comprobó Búsqueda. “En los hechos se trata de una resolución mordaza y responde a una política que viene aplicando el Codicen para evitar la fuga de información”, afirmó José Olivera, secretario general de la Federación Nacional de Profesores de Enseñanza Secundaria (Fenapes).
Desde la Federación Uruguaya de Magisterio (FUM) señalaron que “las circulares solo recogen lo que ya mandata la ANEP en disposiciones previas y en la propia ley”, según la secretaria general del gremio de maestros, Elbia Pereira.
Mahía coincidió con los gremios en ese punto: “¿A santo de qué se les recuerda a los funcionarios algo que está en los estatutos? ¿Qué los motiva? ¿Cómo y quién determina que los contenidos que se pretenden informar son pedagógica o jurídicamente relevantes? ¿Una oficina del Codicen del área jurídica?”.
