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Vázquez intenta superar semanas problemáticas con las Fuerzas Armadas y dejar claro en público su “lucha por verdad y justicia”
El Poder Ejecutivo considera que el Ejército “hizo” acciones para aclarar lo ocurrido con los desaparecidos en la dictadura, aunque seis de cada 10 uruguayos creen que colaboró “poco” o “nada” en los últimos años
imagen de Vázquez intenta superar semanas problemáticas con las Fuerzas Armadas y dejar claro en público su “lucha por verdad y justicia”
Los movimientos de la Presidencia de la República en torno al caso que involucra al coronel retirado José Gavazzo molestaron a propios y extraños. Mientras la oposición criticó a Tabaré Vázquez por omitir elevar a la Justicia las declaraciones del represor ante un tribunal militar, en el oficialismo enojó la falta de acción y la respuesta posterior una vez que las declaraciones salieron a la luz. Vázquez atribuyó la responsabilidad al Ministerio de Defensa, pero las contradicciones sobre lo sucedido continúan hasta hoy y dejaron expuesta a la Presidencia en la figura de Miguel Ángel Toma, el funcionario de mayor confianza de Vázquez.
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Para salir de la confusión y consolidar la posición del gobierno sobre el tema, el presidente decidió intensificar su compromiso con los derechos humanos y el esclarecimiento de los crímenes cometidos en la última dictadura cívico-militar (1973-1985). Bajo “expresa indicación” de Vázquez, Toma, secretario de Presidencia, lideró el lunes 13 el juicio sobre el Plan Cóndor que Uruguay impulsa en la Justicia italiana. En Roma presentó pruebas en el proceso de apelación que imputa a los militares uruguayos que cometieron delitos —como torturas y desapariciones— bajo acciones ilegales coordinadas por las dictaduras de Uruguay, Argentina, Brasil, Chile, Bolivia y Paraguay.
“Gracias a la actividad procesal que se llevó a cabo en la segunda instancia, logramos acreditar con certeza los hechos que estaban ausentes en la primera instancia”, dijo Toma a la Secretaría de Comunicación de Presidencia. Añadió que la orden que recibió de Vázquez fue “intensificar y usar todos los elementos” posibles para lograr una sentencia condenatoria contra 13 militares uruguayos, entre los que se encuentran Gavazzo y Jorge Tróccoli, ya que no se trata de “un capricho político” ni “un capricho de un gobernante” sino del “capricho de los hechos”. La sentencia de la Corte de Assise de Roma se dará a conocer en julio.
Toma había quedado en el centro de los cuestionamientos al conocerse —a partir de una nota del 30 de marzo en El Observador— que la Presidencia había fallado en enviar a la Justicia actas que tenía desde febrero, donde Gavazzo confesó a un tribunal militar de honor que en 1973 arrojó al río Negro el cuerpo del tupamaro Roberto Gomensoro. Según señalaron fuentes oficiales a Búsqueda, la ida y los resultados conseguidos por Toma en Italia demuestran la “seriedad” con la que él y el gobierno han intentado dirimir los crímenes de la dictadura, entre otros, los relacionados con el Plan Cóndor, juicio que el jerarca ha coordinado para el Estado durante este período. Su trabajo en Roma fue especialmente destacado por la Secretaría de Comunicación, en un mensaje que, aunque engloba también a la interna del Frente Amplio, se dirigió especialmente al votante de izquierda y a la población en general, dijeron las fuentes.
No fue el único enviado por el gobierno en los últimos días. El 6 de mayo se publicó una carta escrita por Vázquez a Inés Invernizzi, directora ejecutiva de Amnistía Internacional en Uruguay, donde sostiene que “la lucha por verdad y justicia es una lucha que este gobierno no está dispuesto a desestimar”. La carta respondió a un agradecimiento de Amnistía Internacional a Uruguay por su contribución en un proyecto sobre crímenes de lesa humanidad que elabora su Comisión de Derecho Internacional.
Sin embargo, el miércoles 15 el Frente Amplio no tuvo en el Senado los sufragios necesarios (19) para aprobar la destitución de estos cuatro generales, ya que el Partido Nacional, el Partido Colorado y el Partido Independiente no dieron sus votos con el argumento de que con la solicitud Vázquez quiso trasladar el problema al Parlamento. Los legisladores opositores opinaron que Vázquez firmó un “fallo vergonzoso” con su decisión tomada el 1º de abril. “Ha sido un mal comandante en jefe de las Fuerzas Armadas”, criticó el nacionalista Jorge Larrañaga.
La permanencia de Salaberry, Fajardo, Romano y Sequeira implica que Vázquez los tendrá aún bajo su mando en momentos en los que intenta encauzar la relación con el Ejército. El sábado 18 el presidente participará en la plaza Independencia del acto por el 208º aniversario de la Batalla de Las Piedras; días atrás se reunió con el nuevo comandante en jefe de la institución, Claudio Feola, quien le elevó la invitación y con quien conversó sobre los ajustes necesarios a los discursos oficiales y actividades conmemorativas que se realizarán durante la jornada.
En el debate del miércoles 15 en el Senado, los legisladores del Frente Amplio mostraron su preocupación porque entre los oficiales todavía no se ha entendido la relevancia de los derechos humanos. “No podemos tener en nuestras Fuerzas Armadas personas que consideran que torturar y matar no es un acto deshonroso”, dijo Charles Carrera, quien señaló que los cuatro generales involucrados en el debate tuvieron un “desprecio” por la Constitución.
De todas formas, en la órbita del Poder Ejecutivo argumentan que desde el retorno de la democracia el Ejército “efectivamente hizo” acciones para intentar aclarar lo ocurrido con los desaparecidos en la dictadura. “Basta leer el informe del 2005 con sentido crítico para confirmarlo, con avances de casos concretos, más allá de los eufemismos”, dijo un integrante del Poder Ejecutivo en referencia al documento reservado presentado en aquel año a Vázquez por los entonces comandantes en jefe del Ejército Ángel Bertolotti, de las Fuerzas Aéreas Enrique Bonelli y de la Armada Tabaré Daners. No obstante, el funcionario agregó que “todavía falta un enorme camino por recorrer para terminar de dar respuesta a lo que la sociedad o gran parte de ella reclama para aclarar lo que pasó”.
Una encuesta de Opción Consultores exclusiva para Búsqueda muestra que una mayoría (58%) de los uruguayos considera que en los últimos años el aporte del Ejército para esclarecer el destino de las casi 200 personas desaparecidas durante la dictadura ha sido escaso (35%) o nulo (22%). El 19% dice que el Ejército ayudó “bastante” para aclarar los casos, el 9% entiende que prestó “mucha” colaboración y el 15% “no sabe/no contesta”.
La consulta, realizada telefónicamente entre el 15 y el 29 de abril, indica que quienes tienen una evaluación negativa sobre el rol del Ejército en la búsqueda de personas desaparecidas son en su mayoría votantes del Frente Amplio: 73%, divididos en mitades entre quienes creen que los militares ayudaron poco (37%) y nada (36%). A su vez, el 18% dice que ha sido “bastante” y apenas el 4% evalúa que la colaboración fue “mucha”.
Una gran parte de los votantes de los partidos tradicionales también sostienen que el Ejército ha ayudado poco en el tema de los desaparecidos; eso opinan el 36% de los blancos y el 46% de los colorados. El 14% de cada una de estas colectividades entiende que el aporte ha sido nulo, aunque entre los nacionalistas el 27% destaca que el Ejército ayudó “bastante” y el 10% cree que “mucho”, mientras que entre los colorados opinan así el 17% y el 16%, respectivamente.
