Tras un temporal que afectó a zonas rurales de Canelones y causó daños en estructuras productivas, las autoridades del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca (MGAP) advirtieron que tanto el Fondo Agropecuario de Emergencias (FAE) como el Fondo de Fomento de la Granja no tienen recursos para asistir a los productores.
El FAE “no tiene un peso para este año y el año que viene, porque ya se gastó”, afirmó el ministro de Ganadería, Alfredo Fratti.
Ese fondo, además de “no tener plata, tiene comprometidos gastos para 2025 y 2026, o sea que está debiendo dinero”; mientras que “al Fondo de la Granja le queda muy poco remanente, está todo comprometido lo de 2025” y “el Fondo de Desarrollo Rural tiene algún recurso todavía, pero se fueron consumiendo casi todos los fondos en gastos de funcionamiento de la Dirección de Desarrollo Rural”, dijeron a Agro de Búsqueda fuentes del MGAP.
Esta situación de los fondos de apoyo oficial con la que cuenta el gobierno está vinculada a la utilización de los recursos en los años recientes, considerando la seguidilla de declaraciones de emergencias agropecuarias determinadas entre 2020 y mediados de 2024.
Lo cierto es que para la administración entrante del presidente Yamandú Orsi representa un desafío encontrar fuentes de financiamiento, que le permitan dar respuesta a los efectos de fenómenos climáticos adversos, como sequías, inundaciones y temporales, que son cada vez más extremos, atendiendo al impacto del cambio climático en la producción agropecuaria.
Ampliaciones y rubros
El 9 de marzo de 2020, a pocos días de asumir, el gobierno de coalición liderado por el presidente de Luis Lacalle Pou, decretó la emergencia agropecuaria por déficit hídrico en algunos departamentos del sur del territorio, para los rubros de la ganadería y la lechería.
En ese mismo mes amplió la medida a otros departamentos y secciones policiales, ante el impacto de la crisis agroclimática generada por la falta de lluvias entre noviembre de 2019 y febrero de 2020, según consta en las resoluciones firmadas por el entonces ministro de Ganadería, Carlos María Uriarte.
Luego, en abril y en mayo, hubo nuevas resoluciones para ampliar la declaratoria de emergencia en el agro a otras zonas del campo local, al sector granjero, a la apicultura y autorizar el pastoreo de animales en la vía pública, para facilitar la alimentación de vacunos, ovinos y equinos.
Estas resoluciones habilitan al Poder Ejecutivo, específicamente a los ministerios de Ganadería, Agricultura y Pesca y de Economía y Finanzas (MEF) a disponer de recursos económicos correspondientes al Fondo Agropecuario de Emergencias.
Ese mecanismo de financiamiento fue creado por la ley 18.362 de Rendición de Cuentas, promulgada en 2008, y entre las fuentes de recursos figuran saldos disponibles de la recaudación del Impuesto Específico Interno al azúcar refinado, del Fondo de Compensación para la Industria Láctea, rembolsos derivados de la ejecución de convenios que se celebren con organismos públicos, nacionales o extranjeros, y partidas de Rentas Generales, entre otras.
81420.jpg
El ganado, afectado por la sequía, pasta y bebe agua al costado de la ruta
adhocFOTOS
A fines de 2021, el ministro de Ganadería, Fernando Mattos, quien sustituyó a Uriarte en junio de ese año, resolvió declarar la emergencia agropecuaria en zonas de los departamentos de Durazno, Florida, Paysandú, Río Negro y Tacuarembó, por 90 días.
En la resolución correspondiente, Ganadería estableció además un anexo referido a los beneficiarios del FAE, a partir de esa declaración, en la que se indicó que los productores ganaderos, lecheros y apicultores deben encontrarse en la zona declarada de emergencia y tener un registro “activo” en el Registro de Productor Familiar o contar con la superficie física total de su producción de hasta 500 hectáreas.
Se dispuso igualmente que los potenciales beneficiarios del fondo deben tener una “declaración jurada” de la Dirección de Contralor de Semovientes (Dicose) vigente y “estar al día con sus obligaciones” con el MGAP.
Es que el apoyo otorgado en las emergencias agropecuarias en algunos casos es no reembolsable y en otros es reembolsable, y hay antecedentes de productores con deudas acumuladas con el FAE y con otros fondos que operan en la órbita del Ministerio de Ganadería.
Algunas diferencias
Durante la administración del gobierno de coalición hubo reiteradas ampliaciones de la declaración de emergencia agropecuaria y con algunas diferencias respecto a las determinaciones adoptadas en los gobiernos del Frente Amplio (FA).
En enero de 2022 el ministro Mattos firmó una resolución en la que extendió por 90 días la emergencia en el agro e incorporó al rubro forestal, específicamente en Paysandú y Río Negro. En las administraciones del FA el apoyo de los fondos se limitó a los rubros: ganadero, lechero y granjero, e incluso las autoridades del MGAP del momento dejaron en claro que los rubros de la producción de granos, como la soja, y la forestación no son considerados prioritarios en estos casos.
En 2009 el entonces ministro de Ganadería, Ernesto Agazzi, recibió una serie de críticas de algunas gremiales rurales por la demora en determinar la declaración de la emergencia agropecuaria por la sequía, además de cuestionar ciertas medidas adoptadas con el argumento de tener un escaso impacto en el sector.
En el primer mes de 2022, el gobierno del presidente Luis Lacalle Pou también declaró la emergencia agropecuaria en todo el territorio para el sector avícola, debido a la “ola de calor extremo”, que provocó la mortandad de gallinas en los criaderos.
Mediante una nueva resolución, fechada en octubre de ese año, el MGAP volvió a declarar la emergencia en el agro, debido al déficit hídrico y forrajero, por 90 días en todo el territorio, correspondiente a la zona rural, y esta vez además incorporó al sector agrícola, que se sumó al ganadero, lechero, hortícola y frutícola.
La última resolución adoptada por esa cartera de Estado en el marco de una emergencia agropecuaria fue en mayo de 2024, debido a la situación de exceso hídrico e inundaciones ocurridas en abril de ese año en zonas de los departamentos de Treinta y Tres y de Rocha.
Los actuales jerarcas del MGAP se enfrentan a la interrogante de saber con qué recursos efectivamente disponen para una próxima emergencia, principalmente si fuera un fenómeno climático que afecte mayor área productiva y se extienda en el tiempo. Lo de abril en Canelones fue fugaz, un temporal de unos minutos y en pocas localidades.
