La democracia también se gasta

Pero también tienen sus límites nuestro “modelo de convivencia”, al decir de nuestro ministro de Economía, y nuestro estado de bienestar, cualquiera sea la valoración que hoy les demos. Aparecen diversas alarmas que deberíamos atender o que, al menos, deberían servir para sacarnos del estado de adormilamiento en el que parecemos vivir, hablando mucho, en política, pero haciendo poco.

Así, conviene mirar el iceberg entero y no quedarnos escandalizados ante una de sus puntas: como los pagos de un edil a sus “asesores”, por nada y con fondos públicos. Hay muchos más de estos “vicios” que el Estado permite, más importantes y que juntos pesan demasiado.

Por eso se preguntaba Jorge quién del sistema político va a tener el coraje de bajar el gasto del Estado (como mínimo en relación con las ineficiencias) para así ir reduciendo el nivel de la deuda y el consiguiente riesgo. Y, en lo posible, también para destinar fondos a lugares que lo necesitan. Él habla de coraje porque sabe que quien tome esas decisiones se expone a que la gente lo critique y castigue después en las urnas. No hay mejor forma de evitar críticas, al parecer, que mantener las cosas como están.

Pero más que coraje, creo que se necesita responsabilidad y sentido de servicio. Si la gente va a estar peor si no se toman las medidas que si se las toman, hay que tomarlas. El gobierno es responsable de hacerlo. Los gobiernos no son electos para volver a ser electos, sino para hacer lo que el país necesita.

Se puede discutir políticamente si es mejor gastar en educación, en salud, en seguridad o en obras de infraestructura, y qué porcentaje en cada área. Lo que no se puede hacer, si se actúa con responsabilidad, es gastar mal: hacerlo en cuestiones que no se necesitan mientras que no se gasta en asuntos prioritarios, o gastar más de lo que se tiene y más de lo que es prudente pedir prestado.

Sin embargo, así venimos desde hace tiempo. De tanto en tanto se hacen algunos ajustes puntuales, generalmente sobre los aumentos de presupuesto de cada nuevo gobierno, que representan una porción relativamente menor del gasto total. El grueso permanece fijo e indiscutido. Una política de gasto aluvional, como la llamó el secretario Sánchez, con cierta ingenuidad y brillante precisión.

Hace pocos días se dio a conocer el resultado del Latinobarómetro de 2026, que mostró que el 45% de los uruguayos sería indiferente a que un gobierno no democrático llegara al poder si resolviera los problemas. En 2024 ese porcentaje era del 37%.

Y acá conviene analizar la situación como se da en la realidad, sin polarizar artificialmente las opciones. Aceptar una versión menos democrática no necesariamente equivale, para el encuestado, a aceptar una dictadura, el encarcelamiento de inocentes o la imposibilidad de expresarse. Es posible que muchos hayan pensado en una mayor concentración del poder, con menos contrapesos institucionales y cierta tolerancia a privilegios y acomodos. Un deterioro de la democracia —no su completa desaparición— que estarían dispuestos a aceptar a cambio de una mejora franca en su vida y en la del país desde un nivel que se les hace duro de soportar.

No creo que sea para alarmarse, sino para tomar acciones. Pienso que no se trata de que los ciudadanos uruguayos valoren menos la democracia, sino de que valoran más tener sus necesidades básicas satisfechas: tener trabajo, recursos económicos suficientes, educación, salud, justicia y seguridad, entre otras cosas.

Si bien el problema al que aludimos no es solo de la actual fuerza de gobierno, esta es particularmente responsable de los pobres resultados que se vienen obteniendo. El gobierno viene mostrando una llamativa carencia de empuje y logro de soluciones a los problemas que todos conocemos.

Por eso no resulta tan extraña, si lo pensamos bien, la respuesta antes mencionada del Latinobarómetro, aún en una sociedad tan democrática como la uruguaya.

De lo que se trata es de que los gobiernos tomen el toro por las astas y encaren las medidas que sean necesarias para mejorar el nivel de vida de los uruguayos y hacerlo sustentable en el tiempo. Aunque pudieran tener un costo político de corto plazo. Es necesario hacerlo rápido.

Puede que, de no hacerlo, lo paguemos con democracia.

Leonardo Decarlini