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Caja de Profesionales evalúa reclamar al Estado contribución por $ 1.000 millones que hizo en dictadura
El instituto paraestatal fue advertido de que entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983 hizo aportes a Rentas Generales por un monto que, actualizado a hoy, equivale a US$ 29 millones; evalúa pedir su reintegro
La CJPPU pretende el reintegro de partidas aportadas a Rentas Generales durante la dictadura
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Mauricio Zina/adhocFOTOS
La Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) estuvo intervenida durante la dictadura militar, tenía un único director y no hay demasiados registros de las decisiones del instituto en esa época. Desde el gobierno de facto se aprobaron normas que afectaron sus reservas y que, desde hace pocas semanas, pasaron a ser un tema de conversación entre sus autoridades.
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Durante la dictadura, el Consejo de Estado decretó que la CJPPU debía hacer una “contribución especial mensual” a Rentas Generales de $ 4,5 millones por mes. Estas transferencias ocurrieron entre 1982 y 1983. Con la democracia reinstaurada, los montos nunca fueron reintegrados al instituto paraestatal. Ahora, el Directorio evalúa reclamar al Estado que esos aportes sean devueltos, según resolvió en la sesión de este jueves 12.
El presidente de la CJPPU, Daniel Alza, informó a Búsqueda que recibieron un informe preliminar que detalla los montos y las fechas en las que el Estado recibió las partidas de los fondos de jubilaciones de la CJPPU. El monto actualizado de las transferencias es de $ 1.182.304.705, casi US$ 29 millones al tipo de cambio de hoy.
Indicó que se realizarán consultas jurídicas necesarias para definir los pasos a seguir. "Vamos a estudiar jurídicamente para ver qué es lo que se puede y qué es lo que no", dijo el presidente.
Alza explicó que las trasferencias fueron entre noviembre de 1982 y diciembre de 1983 por 4,5 millones de nuevos pesos. Para hacer la actualización de los montos, se tomó en cuenta la unidad reajustable (UR) hasta el 2000 y luego se siguió el "criterio de rentabilidad de las inversiones financieras", entre enero de 2001 y junio de 2024.
Los directores de la CJPPU tomaron conocimiento de la situación en mayo, a partir de una entrevista que tuvo la vicepresidenta, Virginia Romero, con un afiliado. El profesional había pedido la reunión para transmitir “algunas ideas” para mejorar los ingresos de la institución, que atraviesa un serio deterioro financiero.
Al cierre de 2023 la CJPPU tenía ingresos mensuales por US$ 35,8 millones y necesitaba US$ 39,2 millones para pagar las prestaciones. Para cubrir ese déficit mensual, el instituto debe vender sus reservas. Este patrimonio, sin embargo, se agotaría en abril de 2025, según las proyecciones. Por eso la CJPPU impulsó una reforma “exprés” en 2023, que no prosperó en su trámite parlamentario.
Además de la advertencia que dio el afiliado, el experto en seguridad social Álvaro Rodríguez Azcúe –profesor del Claeh– hizo referencia a esta erogación en una charla de la Asociación para el Estudio de la Seguridad Social del Uruguay.
Alza explicó en el Directorio por primera vez este asunto a fines de agosto. El presidente indicó que Rodríguez Azcúe realizó una conversión y “puesta al día” del monto transferido al valor actual de la UR y opinó que se debería analizar “la posibilidad de pedir un resarcimiento al Estado”.
En 1982, el Consejo de Estado de la dictadura creó esta “contribución especial, a cargo de las personas públicas no estatales de seguridad social”. “Tal contribución no podrá afectar el cumplimento regular de los servicios que prestan dichos organismos”, decía el “proyecto de ley” aprobado entonces. Un decreto posterior fijó esa contribución en $ 7 millones (a valores de entonces) para la Caja Bancaria; $ 6 millones, para la Caja Notarial y $ 4,5 millones para la CJPPU.
En la sesión de este jueves, Alza explicó que estas transferencias no habían sido investigadas por ningún Directorio.
