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“Es una locura” que el IASS de los profesionales lo recaude el BPS, afirma constitucionalista
La Suprema Corte recibió una demanda por la inconstitucionalidad del gravamen a las pasividades; para el abogado Martín Risso, “es momento de probar de vuelta”
La Asociación de Afiliados de la CJPPU impulsa un reclamo por “daños y perjuicios” a raíz del IASS
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Mauricio Zina/adhocFOTOS
Los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) tienen la certeza de que el Impuesto a la Asistencia de la Seguridad Social (IASS) que pagan sus pasivos debe ser recaudado por ese instituto paraestatal y no por el Banco de Previsión Social (BPS). En el gobierno, sin embargo, rechazan esta propuesta porque consideran que sería “desvestir un santo para vestir a otro”, como lo definió el actual ministro de Trabajo y Seguridad Social, Mario Arizti.
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Si bien en el anteproyecto original de reforma la CJPPU incluyó este planteo, el texto que envió el Ejecutivo al Parlamento —y no tuvo aprobación— lo excluyó. Pero algunos colectivos de profesionales pretenden que sea la Justicia la que laude esta discusión y defina si se debe redireccionar este impuesto.
La Asociación de Afiliados de la CJPPU es una de las organizaciones que impulsa esta acción legal. En marzo, le propuso al directorio de la caja que demande al Estado por los “daños y perjuicios” que ocasionó una “omisión legislativa” en la ley que creó el IASS, en 2008. Sin embargo, la institución rechazó esta acción tras recibir un informe de su asesoría jurídica, según informó la diaria en abril.
El grupo de afiliados insiste en recurrir a la Justicia. En una actividad organizada el pasado 26 de agosto para hablar sobre el plebiscito de la seguridad social, uno de los integrantes de la asociación aprovechó la presencia del constitucionalista Martín Risso para consultarle su opinión. El hombre aseguró que la CJPPU todavía no le había contestado por ese planteo y luego matizó: “Diría que nos contestó negativamente”.
Risso opinó que el modelo actual, en el que se destina la recaudación del impuesto al BPS, “no pasa el principio de proporcionalidad” y le “falta razonabilidad”. “Es una locura. Estoy totalmente seguro de que eso es inconstitucional”, señaló, aunque luego bromeó que los abogados no pueden tener seguridad de lo que definan los tribunales.
Otro integrante de la asociación le consultó específicamente por el reclamo judicial que impulsa ese grupo y el constitucionalista contestó: “La caja tiene legitimación activa. No cabe la más mínima duda. Le están metiendo la mano en sus ingresos”.
martin risso en evento.jpeg
Evento con la participación del abogado Martín Risso
Asociación de Afiliados de la CJPPU
Si bien la CJPPU no presentará una acción —al menos con la actual integración del directorio—, sí hubo reclamos particulares. El martes 27, el abogado Óscar López Goldaracena presentó ante la Suprema Corte de Justicia una demanda de inconstitucionalidad contra la ley que estableció el IASS. Lo hizo patrocinando a 67 pasivos del instituto, que en su mayoría pertenecen a la Asociación de Profesionales Independientes, según un comunicado de prensa. La demanda es contra los poderes Ejecutivo y Legislativo, el BPS y la CJPPU.
En el escrito —informado por la diaria el 28 de agosto—, el abogado recordó que la Suprema Corte resolvió en 2006 que aplicar un Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) era “inconstitucional”, una decisión que motivó la creación del IASS. El nuevo tributo, según López Goldaracena, es “idéntico, con otro nombre y artilugio técnico, pero igual en sustancia”. El tribunal supremo, sin embargo, consideró que este sí era constitucional.
El “anunciado colapso” de la CJPPU y “el hecho de que el producido del IASS no se vuelque al organismo” motivaron la necesidad de actualizar “el análisis de la compatibilidad constitucional de la normativa”, dice la introducción de la acción judicial.
En la charla de la semana pasada, Risso recordó que, para él, desde la reforma constitucional de 1989 los impuestos a las pasividades que impliquen que los jubilados “no cobren el mínimo” son inconstitucionales. “Se puede gravar lo que sea extra al aumento, pero en este caso no lo es”, comentó. El constitucionalista recordó que en 2009 presentó un recurso de inconstitucionalidad que fue rechazado. “Capaz que está llegando el momento de probar de vuelta. Ha cambiado la integración de la Corte y se puede ver”, dijo.
