La aprobación del plebiscito de la seguridad social va a “desprestigiar” la Constitución al convertirla en una “lista de deseos”

—Los dueños del capital, por ejemplo —le respondió Giometti.

IN-Plebiscito-Seguridad-Social-Mauricio-Zina-Adhoc.jpg

Los promotores del plebiscito desestiman que vaya a haber juicios por la eliminación del ahorro individual

Mauricio Zina-adhocFotos

Este tercer punto causó cuestionamientos en el público. Jorge Fernández, un abogado jubilado, preguntó qué sucede con el ahorro voluntario aportado en las AFAP. Su intervención produjo un cruce con Michael Dicmarch, asesor jurídico de la Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social (ATSS). Le explicó que todo el dinero que está en las AFAP pasa a un fideicomiso público que se crearía si el plebiscito se aprueba. La respuesta no conformó al asistente, quien continuó discutiendo con el asesor. “Si no creemos en el lucro, tenemos un lío bárbaro”, cerró.

En otra intervención, Dicmarch fue consultado por los posibles juicios que se generarían si la papeleta por el Sí del plebiscito se aprobara. Sus promotores le quitan trascendencia a esa advertencia. El asesor de la ATSS aseguró que, si los hay, los juicios van a ser “mínimos” porque la propuesta es “garantista en derechos”. El argumento principal para esta afirmación es que el texto a plebiscitar garantiza que ningún jubilado cobrará menos que con el sistema actual.

El abogado diferenció el sistema que impulsa el PIT-CNT del modelo argentino, al que los promotores de la última reforma jubilatoria buscan asimilar. Además de que el cambio en el país vecino fue por ley, se provocó una “desfinanciación” que llevó a un “incumplimiento a los pagos”, aseguró Dicmarch, al explicar que las denuncias no se dieron porque el sistema haya fracasado. Esto está contemplado en la papeleta. “Somos claros en que las obligaciones que tienen las AFAP hay que cumplirlas”, expresó.

Los reyes magos

Con una semana de diferencia, el constitucionalista Martín Risso planteó una opinión completamente distinta. Lo que la papeleta establece, según él, es una “expropiación” del “patrimonio de los trabajadores”, que se perdería si se aprueba la enmienda el 27 de octubre. El abogado aseguró que habrá juicios, que en una primera instancia serán tratados en los tribunales uruguayos pero que luego pasarán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Risso estimó que los juicios no serán por el total del dinero que están en el Fondo de Ahorro Previsional —de unos US$ 24.000 millones— sino por una cifra algo menor, cercana a los US$ 15.000 millones.

El constitucionalista aventuró que habrá dos momentos “muy complicados” para Uruguay. El primero será cuando los trabajadores comiencen con las demandas al Estado. “El grado inversor se va a ir al diablo. Nadie le va a prestar sensatamente nada a Uruguay. Si se precisa plata, habrá que caer en manos de usureros internacionales, que no sé si le van a prestar”, expresó. El segundo momento será cuando estén las sentencias de condena de esos juicios, porque Uruguay, según Risso, no podrá pagar. “Vamos a un default seguro”, expresó.

martin risso en evento.jpeg

El constitucionalista Martín Risso en un evento organizado por la Asociación de Jubilados de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios

Asociación de Jubilados de la CJPPU

El abogado sostuvo que con sus afirmaciones no “está asustando a nadie”, como aseguran los promotores del plebiscito. “Si un médico te diagnostica y te dice que tenés una enfermedad terminal, que agotaron todos los estudios y no hay absolutamente nada que hacer, ¿vos pensás que te está asustando? No, te está diciendo lo que corresponde”, comparó.

Risso cuestionó que en la papeleta se establezca la edad de retiro a los 60 años, pero el punto que más le preocupa es que se convierta en una “lista de deseos”. “Las constituciones no son cartas a los reyes magos”, dijo. Comentó el caso de Ecuador, que incorporó en su Carta Magna condiciones que la hacían “inviable”. “La gente se desilusionó de la Constitución, se desacreditó. Ya nadie habla de la Constitución”, relató sobre lo que sucede en ese país.

La papeleta impulsada por el PIT-CNT tiene un artículo que a Risso le recuerda a ese ejemplo de la región. El texto establece que ningún jubilado cobrará menos de lo que hubiera cobrado si no se hubiera reformado el sistema. “Eso es una palabra, una oración. Si no hay plata, por supuesto que van a cobrar menos (...). Va a desprestigiar a la Constitución porque mucha gente dirá que va a cobrar siempre lo mismo, cuando lamentablemente no es así. Las constituciones no son listas de deseos, tienen que ser realizables”, advirtió.

La distribución

Después de su interrupción, el médico Martinelli pidió la palabra para opinar de forma más ordenada. Se presentó, dijo que fue militante en la década de los 70 y que estuvo preso en la dictadura. En esa época ya se escuchaba una sugerencia de financiamiento que ahora de repite: “Hay que sacarles a los ricos para darles a los pobres”.

Giometti, el economista del PIT-CNT, dijo que hay que pensar en “alternativas de financiamiento” para “afrontar” el mayor déficit que se generará en el sistema. El integrante del Instituto Cuesta Duarte comparó con otros países que utilizan “impuestos progresivos” y aseguró que los sectores con “mayor acumulación de riqueza” pueden aportar “un poco más” para financiar la seguridad social.

El PIT-CNT estima en US$ 400 millones el costo anual de igualar la jubilación mínima al salario mínimo, una cifra que “podría cubrirse con el presupuesto nacional”, señaló Giometti. Pero —agregó— para un financiamiento global de la seguridad social debería haber una “reforma tributaria de segunda generación”, con una “fiscalidad mucho más progresiva” que la actual. Y aclaró que la discusión de los impuestos “es algo a futuro”, que no está presente en la papeleta.