Exjerarcas plantean dudas sobre la conveniencia para Uruguay de la inversión de HIF

Además de discusiones en el ámbito político, la demora en la concreción de un acuerdo entre las partes está dando lugar a posicionamientos públicos de académicos y expertos, que cuestionan la falta de información y la conveniencia para el país de concretar o de dejar pasar una inversión en el incipiente mercado de los combustibles sintéticos.

“Si UTE pierde US$ 80 millones porque esto es bueno para Paysandú, porque se van a crear 3.000 puestos de trabajo o porque se va a recaudar tal cifra por impuestos a la importación, hay que decir las cuentas, que la contrapartida para el país sea clara, que la gente sepa qué se va a hacer”, declaró a Búsqueda.

Si eso no se admite y no se transparenta, alegó Alem, después “hay que bancar” cuando se pide “bajar el costo del Estado”, se acusa a UTE de ser “ineficiente” o se cuestiona que Uruguay tenga las tarifas “más altas” de la región.

Vista aérea del proyecto de HIF Global en Paysandú.

HIF Global

Alem apuntó que, además de la pérdida que implicaría para el ente subsidiar la tarifa de suministro eléctrico a HIF Global, si la empresa inversora está indecisa, acordar un precio de energía y además comprometerse a invertir en líneas de transmisión y centrales de generación renovable, dejaría “empantanada” a UTE hasta fines de 2028, cuando se maneja que la firma chilena tomaría la decisión final respecto a la inversión.

“Se empantana porque no podría negociar o disponer de capacidad de inversión o transporte para otros proyectos que puedan llegar a presentarse (mientras no se define HIF) y tengan la certeza de invertir en el país. Las líneas de transmisión son como las carreteras: si tengo capacidad para 500 (camiones) y quiero que circulen 600, no se puede si no sé cómo se van a utilizar y cuándo, porque se corre el riesgo de caer en responsabilidad por no tener la energía disponible”, ilustró.

En un artículo publicado el jueves 13 en el portal del diario Iberoamérica Central de Noticias, titulado Las cuentas claras sobre el hidrógeno: la verdad os hará libres, Alem reconoció haber sentido “dolor” cuando, en una conversación que mantuvo con amigos, se responsabilizara “más que al gobierno en general a la ministra de Industria, Fernanda Cardona, en particular y a UTE especialmente” por la demora en llegar a un acuerdo que posibilite la concreción de la megainversión en un horizonte cercano.

Sostuvo que “sería bueno que la empresa que solicita ese sacrificio (el subsidio en la tarifa) a la sociedad uruguaya demuestre que tiene contratos para vender el producto y financiación” para llevar a cabo la inversión. “(Eso es) algo que se dice, pero en mi opinión no basta, sino que debe demostrarse, más aún cuando en el mundo no hay plantas como la proyectada. ¿No será por algo?”, planteó.

Alem reconoció en ese artículo que se le puede calificar como “uterino” por “defender a UTE” —lo que dijo aceptar “con honor”—, pero pidió que “no se le eche” la culpa al ente “de cualquier fracaso” si se diera la circunstancia de que la pérdida asociada al proyecto de HIF no permitiera “bajar las tarifas”, o cuando se “retrasen inversiones” o se rebajen las utilidades que todos los años vuelca el ente a Rentas Generales.

“No es negocio” para UTE

Consultado por Búsqueda, el exgerente señaló que si bien UTE “tiene resto, va a tener un problema”, porque no es lo mismo “si tiene que transferir a Rentas Generales $ 7.000 millones, como lo hizo en 2025, y aparte dejar de cobrar US$ 80 millones al año” por acordar con HIF un valor de venta de energía menor al costo. Y opinó: “Hoy no lo veo como un negocio para UTE, y si es un negocio (por otros beneficios esperados) para el país, que lo digan claramente”.

Sobre las distintas visiones dentro del Poder Ejecutivo a las que se refirió el intendente de Paysandú, el nacionalista Nicolás Olivera, entre el Ministerio de Industria y la cartera de Economía, Alem afirmó que “los dos tienen razón” en sus posturas. Indicó que Economía y el presidente de la República, Yamandú Orsi, así como Olivera, buscan dar las condiciones para que la inversión se concrete porque es capital que ingresaría a la economía y que crearía empleo. En tanto, interpretó, desde Industria se piensa en “lograr un equilibrio” para que no se perjudique a la empresa pública y comience un “desfinanciamiento”, porque va a terminar siendo “inevitable” un incremento de tarifas.

Igualmente, el exjerarca reconoció “escepticismo” respecto a que en este momento HIF Global esté en condiciones de concretar la inversión en producción de hidrógeno verde en Uruguay cuando no se están concretando proyectos similares en el mundo, ni tiene una demanda concreta o certeza de financiamiento. “¿No tendría que tener eso antes o asumir alguna obligación y no solo reservarse el derecho hasta el 2028 para entonces confirmar o pagar alguna garantía” por lo que UTE haya tenido que renunciar o postergar de acordar para hacer otro negocio?, interrogó.

Alem también cuestionó que los “defensores” de que el gobierno acuerde con HIF Global señalan que ese megaproyecto permitiría avanzar en el paso siguiente para el cambio o la ampliación de la matriz energética: “Cuando se amplió la matriz con fuentes renovables se hizo porque convenía, fue muy bueno, porque supuso un ahorro estimado en unos US$ 600 millones al año. El problema es que lo que ahora piden es que UTE le venda a un menor precio energía que hoy no tiene disponible y por lo que tiene que invertir y financiarlo, sabiendo que terminará perdiendo. No es negocio, no sirve”.

“Precio hipersubsidiado”

Por su lado, el ex director nacional de Energía Ramón Méndez señaló que el negocio de HIF está pensado en el entendido de que surgirían “rápidamente compradores de metanol, como combustible limpio, pero ese mercado aún no existe”, recogió un artículo publicado el lunes 17 en la edición online de la revista Caras y Caretas.

Méndez apuntó que un elemento fundamental para que el negocio funcione es que le cierre “a quien invierte y los costos de producción deben ser acordes a los precios a los que podrá vender, y eso los inversores actualmente no lo tienen asegurado”.

Ramón Méndez.

Nicolás Der Agopián / Búsqueda

Alegó a su vez que “para salvar su idea la empresa multinacional está tratando de que el Estado uruguayo a través de UTE le venda la energía que precisa para producir a un precio hipersubsidiado”, el mismo que viene planteando “desde que se iniciaron las conversaciones” con la anterior administración. “Bienvenidas las inversiones siempre que no sean a costa de un subsidio de 1.000 millones de dólares que tendrían que aportar los ciudadanos”, señaló.

Por su parte, Gabriel Storch, director ejecutivo de la organización Deres, planteó en una columna de opinión publicada en Crónicas el viernes 13: “Falta la cuenta: cuánto cuesta, cuánto rinde, en cuántos años se recupera y qué se pone en juego si no se hace la inversión. Publicada, y comparable con las que el país ya aprobó antes”, en relación con la megainversión de UPM, por ejemplo. “Las oportunidades de posicionarse en un mercado sostenible que todavía no terminó de nacer no se presentan muchas veces. Sería una lástima dejar pasar esta sin saber cuánto valía”, remató.