La industria de los videojuegos atraviesa un ciclo extraño: nunca hubo tantos jugadores en el mundo —más de 3.420 millones de personas, un 29% más que antes de la pandemia de Covid-19—, pero el dinero asociado al negocio no fluye con la misma intensidad.
En 2020, la facturación del sector se disparó porque el aislamiento no solo aumentó la cantidad de gamers, sino también el tiempo de juego y el gasto promedio, incluso en un contexto de menor ingreso disponible. Ese pico excepcional no volvió. La industria se normalizó a partir de 2021, pero con una recuperación mucho más lenta de la prevista.
El reciente estudio del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) estima que la industria a escala global movió US$ 187.700 millones en 2024, un 31% más que en 2019, pero tuvo solo un 6% de crecimiento real en cinco años. Para un sector que venía en expansión, es poco. Además, no se espera que los ingresos globales superen el récord de 2020 antes de 2027, cuando podrían alcanzar los US$ 213.300 millones.
El sector que parecía imparable ahora avanza con cautela, más fragmentado, más competitivo y con un crecimiento menos explosivo que el que lo llevó a consolidarse de forma global.
En ese mapa, Uruguay aparece como un caso llamativo: pequeño, con un ecosistema compacto, pero sorprendentemente competitivo por la densidad de estudios por habitante y la continuidad institucional que sostiene al sector, según dicho estudio, titulado Reconfiguración de las cadenas de valor: impactos, oportunidades, amenazas y estrategias para América Latina y el Caribe en el sector de videojuegos. Menciona, en concreto, que sobresale “el caso uruguayo por la coordinación entre entidades, la continuidad a lo largo del tiempo y la valoración positiva por parte de las compañías beneficiarias”.
El mercado
El informe del BID señala que el mercado continúa creciendo, pero ya no como cuando la pandemia infló artificialmente el tiempo de juego y el gasto promedio por usuario; la vuelta a la presencialidad recortó ambos, intensificó la competencia por la atención y encareció la adquisición de usuarios. A eso se suman retrasos en grandes producciones, la saturación del segmento mobile, regulaciones más exigentes y la irrupción de la inteligencia artificial, que introduce incertidumbre sobre costos, procesos creativos y propiedad intelectual. El ecosistema global es ahora más exigente, con márgenes más ajustados y un riesgo más alto incluso para los grandes estudios.
América Latina y el Caribe se mueven en un doble estándar. La región concentra más de 355 millones de jugadores —más del 10% del total mundial—, pero capta apenas alrededor del 5% de los ingresos.
Hay volumen, pero no necesariamente valor económico propio. Aun así, el ecosistema creció con fuerza: hoy existen cerca de 1.800 estudios activos que producen videojuegos. Brasil, México y Argentina lideran por tamaño, pero el BID destaca el dinamismo reciente de Chile, Colombia y Uruguay, países donde el número de empresas, la profesionalización y la integración a redes internacionales avanzan a mayor velocidad.
La mayoría de los estudios latinoamericanos son pequeños, combinan proyectos propios con servicios para terceros y enfrentan dificultades para financiar producciones más largas o ambiciosas. Las habilidades más escasas no son las técnicas ni las creativas, sino las gerenciales y comerciales: producción, marketing, negociación con publishers, estrategias de monetización y localización avanzada. A esto se suman obstáculos estructurales: acceso limitado a tecnología de punta, políticas públicas fragmentadas y ecosistemas que, en muchos países, todavía no logran consolidarse.
Uruguay como outlier
En este panorama, Uruguay aparece como una excepción. No por volumen, sino por estructura. El país combina una de las mayores densidades de empresas de videojuegos por millón de habitantes de la región —17, lo que se compara con entre cuatro y cinco en Argentina, Brasil, Chile y Costa Rica, y menos de dos en Colombia, México, Perú y Paraguay—, una articulación público-privada estable y una vocación internacional que forma parte de su identidad desde el origen.
Hoy funcionan en Uruguay unas 26 empresas formales de desarrollo de videojuegos. Si se incluyen emprendimientos informales y unipersonales, la cifra asciende a alrededor de 60, según datos citados en la investigación del organismo internacional. La mayoría de las empresas del sector desarrolla juegos propios o para terceros, en ambos casos destinados al mercado internacional (principalmente Estados Unidos y algunos países europeos). Algunos de estos estudios también se dedican al offshoring de servicios de amplio alcance o especializados (arte, sonido, game porting, QA, etcétera).
“Uruguay cuenta con políticas públicas de apoyo a la industria de videojuegos desde hace aproximadamente una década”, repasa el informe del BID. Las empresas del sector se benefician de la exención del Impuesto a las Rentas de las Actividades Económicas aplicable a firmas de tecnologías de la información.
Para los estudios uruguayos, la exportación no es una etapa avanzada, sino el punto de partida. Buena parte de las empresas facturan más del 75% en mercados externos, un comportamiento lógico en una industria cuya cadena de valor es global por definición, pero que en Uruguay se vuelve condición de supervivencia.
Propiedad intelectual en un mercado saturado
La novena edición de Level UY, que tuvo lugar hace pocas semanas, confirmó ese posicionamiento. Las discusiones giraron en torno a los mismos temas que identifica el BID en su informe: cómo sostener propiedad intelectual en un mercado saturado, qué implica migrar hacia modelos game-as-a-platform, cómo enfrentar costos crecientes de adquisición de usuarios y qué efectos tendrá la inteligencia artificial sobre los procesos creativos y técnicos.
Ese evento fue también la evidencia de un ecosistema coordinado. La presencia conjunta de la Dirección Nacional de Telecomunicaciones (Dinatel), Antel, el Instituto Uruguay XXI, la Agencia del Cine y el Audiovisual, el Ministerio de Educación y la incubadora Ingenio mostró una continuidad institucional, según el BID, poco frecuente en la región. En ese sentido, señala: “En Uruguay y en Costa Rica el sector público jugó un rol muy importante en la conformación y desarrollo de la entidad sectorial, la cual hoy cumple un papel clave”.
La articulación institucional tiene algunos años: en 2012 se creó la Mesa de Videojuegos para coordinar la acción entre los organismos públicos y el sector privado, un proceso que dio origen a la Cámara Uruguaya de Desarrolladores de Videojuegos, hoy con 20 miembros activos.
El BID remarca que “una característica distintiva del caso uruguayo es la continuidad de la política y su carácter evolutivo con el objetivo de mejorar los resultados y adecuar los instrumentos a las necesidades del sector a medida que fue madurando. Si bien se han producido cambios en las entidades públicas participantes y en los instrumentos utilizados para promover al sector, la Mesa de Videojuegos continúa funcionando con la coordinación de la Dinatel y se reúne periódicamente para monitorear y perfeccionar el acompañamiento al sector”.
El informe insiste en que América Latina tiene talento, creatividad y costos competitivos, pero carece de masa crítica, inversión y estructuras gerenciales fuertes. Según el informe, Uruguay comparte varios de esos desafíos: cómo pasar de ser exportador de servicios y talento a ser creador de propiedad intelectual con alcance global.
Entre las prioridades para el país categorizadas como de nivel “alto”, el BID plantea la “interacción entre programas/estudiantes de carreras de videojuegos con los de disciplinas vinculadas a la internacionalización/gestión”; la disponibilidad de “fondos específicos para la producción y comercialización”; “permitir/favorecer el financiamiento de capital de trabajo por parte del sistema financiero tradicional utilizando fuentes alternativas como garantía”; y dar “incentivos fiscales para empresas que realizan inversión en formación de recursos humanos”.
