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Jerarca resalta como un esquema maduro a las PPP, que otros en el gobierno critican
Silvia Panizza, directora de la Unidad de PPP del Ministerio de Economía, destaca en un reciente libro la consolidación de los fideicomisos para financiar los proyectos de participación público-privada
El Ferrocarril Central fue construido mediante el esquema de PPP
En 2010, el gobierno del Frente Amplio empezó a explorar posibilidades de financiamiento para obras de infraestructura y tomó contacto con experiencias, como los proyectos de participación público-privada (PPP) en Perú, Brasil, Colombia, Chile, España e Inglaterra, entre otros países. Se detectaron algunos obstáculos: “Se pensaba que lo más factible era recurrir a los bancos, pero ofrecían créditos de a ocho o 10 años, un plazo más acotado de lo que es el contrato de PPP en Uruguay, de aproximadamente 20 años”, repasa Silvia Panizza, directora de la Unidad de PPP del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La alternativa era ir al mercado de valores.
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La primera iniciativa de ese tipo que se concretó en Uruguay fue la Unidad Nº1 de Punta de Rieles, una cárcel que un privado construyó con financiamiento en el mercado de capitales que dieron las AFAP y el Banco de Seguros del Estado. Es una obra “icónica”, según esa jerarca, que ya trabajaba en esa oficina del MEF en el anterior gobierno. “Y para nuestra sorpresa, se financió directamente a través de una obligación negociable” emitida en la bolsa, agrega Panizza, citada en el libro El fideicomiso. Una herramienta transformadora, publicado en mayo por el Banco República (BROU) y su subsidiaria República AFISA (Administradora de Fideicomisos), en el marco de su 20 aniversario.
Por la modalidad de PPP, el Estado adjudica cierta obra de infraestructura y, eventualmente, los servicios conexos, el privado construye con fondos propios o que obtiene del mercado. Como contraprestación, el privado recibe un pago por determinada cantidad de años.
Los contratos bajo este esquema, firmados por los gobiernos del Frente Amplio, han sido cuestionados por el actual gobierno, visualizados como una “enorme restricción” fiscal por quien fue el primer director de Planeamiento y Presupuesto del período, Isaac Alfie, y por asesores ministeriales, por considerarlo caro respecto a otras modadalidades.
El libro describe, a partir de testimonios, una decena de fideicomisos en los que tuvo intervención República AFISA, entre los más de 100 en los que participó hasta ahora. El presidente del BROU, Salvador Ferrer, destaca en un texto introductorio que esa administradora, a través de sus fideicomisos, “ha emitido más de US$ 3.800 millones en títulos, con operaciones de oferta pública por un total de US$ 2.400 millones. Es, de esta manera, uno de los principales dinamizadores del mercado de capitales”.
Fabián Ibarburu, desde 2016 gerente general de CAF-AM —una administradora de portafolios de inversión de CAF-Banco de Desarrollo de América Latina—, afirma que el fideicomiso no es solo una oportunidad de negocio, sino también la posibilidad de hacer inversiones “en proyectos en los cuales el gobierno tiene interés en que sean financiables, canalizando fondos del ahorro de los uruguayos a través de la inversión de los fondos de ahorro previsional”, en manos de las AFAP.
Desde el MEF, se trabaja para que los proyectos sean viables financieramente y “abrir el camino”, con la participación de diversos organismos para generar competencia y no un monopolio, señala el texto, y cita otra vez a Panizza: “Todos los financistas son bienvenidos, no estamos para privilegiar a ninguno, sino para pagar, cuidando ciertos estándares”.
Antes de “salir al mercado hay un trabajo muy largo, de un año por lo menos”, agrega. Para la experiencia de la PPP Educativa N°1, el Instituto del Niño y el Adolescente (INAU) “diseñó cómo iba a ser, qué dimensiones, cuántas aulas… Después de eso hubo que modelar, a nivel financiero, cuánto cobraba un privado por hacerlo y cuánto estaba dispuesto a pagar el Estado”.
Un país pionero en materia de PPP como Inglaterra debió atravesar un proceso extenso para optimizar el mecanismo, señala el libro, escrito por Alexis Jano. “Los expertos del Tesoro británico nos decían que les llevó 10 años madurar el programa. En Uruguay pasó lo mismo; se empezó en 2010 y en 2020 se llegó a consolidar todo lo que tiene que ver con el portafolio de proyectos”, dice Panizza.
“La inviabilidad”
Algunos fideicomisos, a partir de los cuales se emiten certificados en la bolsa de valores, han buscado darle oxígeno a los gobiernos departamentales. El libro reseña el emitido por Canelones para reestructurar sus pasivos cuando el intendente era Marcos Carámbula (2005-2010). La colocación, de US$ 26 millones, fue “un día histórico” porque se realizó a un precio de 113% del valor nominal, cuando la expectativa que se emitiera a 105%-106%, comenta ese exjerarca departamental. El hoy precandidato presidencial Yamandú Orsi, quien entonces era secretario general de la intendencia canaria, acota que mediante ese fideicomiso —respaldado por el flujo de recaudación de tributos— la comuna pasó de “la inviabilidad a la viabilidad y credibilidad” financiera.
Martín Larrieu, gerente de Sistemas de Cobro de República AFISA, añade que para la Intendencia de Canelones se generaron “efectos inmediatos” porque, sin créditos en mora, los proveedores volvieron a prestar servicios y suministrar bienes a la comuna. “Antes nadie le daba un préstamo y, en ese momento, no solo que se lo dieron, sino que obtuvo un financiamiento a largo plazo con un interés razonable para el mercado, incluso más que un interés que puede conseguir una empresa en un banco”, destaca ese ejecutivo.