Panizza, un abogado uruguayo, identificó una “relación de causalidad recíproca entre la debilidad de los partidos políticos y la incapacidad de los Estados”, lo que da lugar a outsiders, populistas o no, y a un “círculo vicioso” que “reproduce y amplía descontentos” sociales.
Esta “era de los descontentos”, como la llamó, se expresó, por primera vez en 120 años, en una pérdida de votos de los partidos gobernantes en los 10 países más grandes del mundo —incluido Estados Unidos y varios europeos— que celebraron elecciones en 2024. El académico mencionó a Uruguay entre ese grupo, en donde “también ganó la oposición”, refiriéndose a la reciente victoria electoral del Frente Amplio.
Interpretó que todo eso expresa un sentimiento “más profundo” de “resentimiento y desconfianza en lo que tiene que ver con el establishment y con los “vínculos entre gobernantes y gobernados”. Agregó, citando a un analista argentino, que en América Latina es “muy fácil ganar” una elección pero es “muy difícil gobernar”.
En el mismo panel realizado el pasado viernes, también Hans-Jürgen Puhle, profesor de Ciencia Política en la Universidad Goethe, de Frankfurt, marcó como una señal preocupante el avance de nuevos populismos en América Latina.
A Luciana Servo, presidenta del Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada de Brasil, le preocupa que entre la población de América Latina se vaya extendiendo la visión de que el Estado es un proveedor importante pero que los servicios públicos los “entrega con desigualdad”. Eso “va generando un terreno fértil” para que las “crisis de confianza” vayan mutando en “crisis institucionales”, en un “aumento de la indiferencia” y en expresiones de “odio”.
Ramos le hizo, según él, la “pregunta del millón”: cómo lograr aumentar las capacidades institucionales en los países de la región. La respuesta que dio la brasileña fue demasiado genérica para valer tanto: dijo que se precisa poner atención a preocupaciones específicas de la población, además de “construir un nuevo modelo económico” y fortalecer la integración regional.
El exjerarca uruguayo volvió sobre esa reflexión, para complementarla, al cerrar el panel. “¡No zafamos! Siempre estamos enganchados en cadenas bajas de valor. ¡Lo venimos hablando desde hace 30 años o más y no logramos salir de las trampas del desarrollo!”, se lamentó. Y matizó, dando algo de esperanza: “No está todo perdido” porque “las democracias están ahí”, pese a su reciente debilitamiento.
Estados “ineficientes”
Desde su chacra de Rincón del Cerro, sentado bajo los árboles y bastón en mano, el expresidente José Pepe Mujica dio un mensaje a los participantes del congreso refiriéndose al evento como “un poco de esperanza burocrática que tiene que ir más allá, porque la democracia contemporánea está en una crisis”. Y reprochó: “No formamos equipos que defiendan, por el camino de la eficiencia, la democracia”.
“Le echamos la culpa” al Estado por sus “ineficiencias” como “si fuera una responsabilidad abstracta de una herramienta” cuando es por acción de las personas, agregó Mujica en ese video, cuya realización fue gestionada por el propio Ramos.
“Gracias Pepe por honrarnos con estas valientes y sabias palabras en el acto de apertura de nuestro congreso”, saludó el exjerarca a través de su cuenta en X. Con picardía, el politólogo Daniel Chasquetti le comentó en la misma red social: “¡Conrado Ramos a la ONSC! El pueblo lo pide…”. El aludido, vinculado al Partido Independiente, dejó clara su frustración tras su pasaje por ese cargo: “Ni loco. Estoy feliz en el CLAD y no volvería a intentar modernizar algo que no es de interés de nuestro sistema político”.
El tema de la ineficiencia estatal estuvo presente en varias de las presentaciones del foro del CLAD, un organismo intergubernamental con sede en Caracas.
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), uno de los patrocinadores del evento, presentó un análisis donde asegura que la región experimentó un “declive en la capacidad estatal que ha generado una disminución de la confianza ciudadana en las instituciones públicas, la cual actualmente se sitúa entre los niveles más bajos del mundo”.
El estudio incluye una actualización de un índice de desarrollo del servicio civil que, en promedio para 12 países de la región, arrojó para 2024 un puntaje de 45, en un máximo de 100. Uruguay pasó de 55 puntos en la anterior medición (2014) a 60, con lo que subió al nivel “alto” (entre 60 y 100 puntos), que hasta ahora solo ocupaban Brasil (68) y Chile (73).
El BID constata “importantes diferencias en el nivel de madurez de la rectoría del servicio civil”, que define como “sólido” —por tener un buen desarrollo de sus funciones en materia de generación de normativa, metodologías, asistencia técnica y supervisión de la implementación— en los casos de Uruguay, Brasil, Chile, Colombia y Costa Rica, mientras que en otros países es “muy bajo” o con un rol inexistente.
Un subíndice evalúa la participación que se les da a las mujeres o a las minorías raciales, por ejemplo, ante la “evidencia de que un sector público diverso beneficia a los gobiernos y a la sociedad y que la diversidad y la inclusión robustecen la meritocracia en el Estado y contribuyen a fortalecer la confianza”. En esta medición de la “gestión inclusiva de los recursos humanos” Uruguay puntuó 33, en una escala “baja” y menor que el promedio regional (47).
“El éxito de las reformas del servicio civil depende no solo de su diseño técnico, sino también de factores políticos”, describe el BID en ese documento. Identifica siete, entre los que se encuentran la “alternancia entre regímenes políticos muy polarizados y la vulnerabilidad de los cargos de designación política” que “resultan en una elevada rotación, dificultando la estabilidad, profesionalización y continuidad en la administración pública”; el “círculo vicioso entre la desconfianza social en el gobierno que, casi paradójicamente, reduce los incentivos para fortalecer el servicio civil”; y los sindicatos u otros ”grupos de interés” que “bloquean” los cambios dentro de la función pública.
Según el estudio, con la necesidad de “optimizar” el gasto en recursos humanos en la región han tomado cinco tipos principales de acciones. Uruguay es mencionado junto con otros países en dos de ellos: para “reducir la fuerza laboral con el propósito de comprimir la masa salarial”; y en reformas de “política salarial de gran envergadura (…), si bien todavía se encuentran en una etapa temprana de su implementación”, aludiendo a la transformación que frustró a Ramos.
El Estado uruguayo tiene algo más de 300.000 vínculos laborales, una cifra que se ha movido muy poco en los últimos años, según el relevamiento que realiza la ONSC.
Analytics: CV Digital y compras públicas
En el marco del congreso del CLAD hubo otras referencias a Uruguay.
El Banco Mundial (BM) presentó un documento —titulado Datos para una mejor gobernanza— sobre el uso de la analítica en la gestión pública. El prólogo recuerda una estimación según la cual, debido a prácticas de adquisiciones inadecuadas, transferencias mal dirigidas y una gestión de recursos humanos mal diseñada, en América Latina se desperdician recursos por alrededor del 4% del Producto Interno Bruto o 17% de todo el gasto público.
Señala que, en comparación con hace 30 años, en los países de la región los “aumentos en la profesionalización y la eficiencia de los ministerios de Finanzas y los bancos centrales han pulido la reputación global de estabilidad macroeconómica”, algo que debería seguir en “otras funciones centrales del gobierno”.
En cuanto al uso de la analítica, que presenta en América Latina una “importante heterogeneidad”, destaca dos casos en Uruguay entre varios otros.
Primero menciona que el gobierno y la ONSC están desarrollando una “innovadora plataforma en línea para la gestión de recursos humanos que pone estos datos a disposición de los servidores públicos, los formuladores de políticas y el público para optimizar el uso de los recursos”. Un componente, el CV Digital, fusiona información del portal de contratación del sector público —Uruguay concursa— con datos de inteligencia artificial para “agilizar el reclutamiento, asegurando que los puestos públicos estén cubiertos con los candidatos más cualificados”. Esa herramienta “pretende mejorar la contratación” al mantener una “base de datos segura y organizada de empleos, sistemáticamente categorizado por categorías ocupacionales, que se pueden utilizar para la estratégica planificación y seguimiento de la fuerza laboral” en el Estado.
Un segundo caso es el apoyo de la analítica para la implementación de los llamados “acuerdos marco” para la compra centralizada de productos por parte de organismos públicos. “El algoritmo ha sido útil para identificar y priorizar sectores y productos con el mayor potencial para aumentar la eficiencia y orientar los próximos pasos en la preparación de acuerdos marco”, afirma. Según el estudio del BM, esta experiencia de Uruguay “demuestra el impacto de los análisis descriptivos y de diagnóstico para identificar intervenciones adecuadas y apoyar su diseño durante la etapa de implementación de un programa”.
