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    El tamaño de la plantilla estatal, en debate en cada campaña electoral, creció en 2023

    La cantidad de vínculos laborales con el Estado se incrementó en 1.765, a un total de 310.322, tanto por el aumento de los empleados públicos como de los no funcionarios, según datos de la Oficina Nacional del Servicio Civil

    Si la representación que se tiene del empleado público es la de una señora de mediana edad haciendo trabajo de oficina o dando clases en un aula, no está lejos de la realidad. De las 310.322 personas que a fin del año pasado trabajaban para el Estado, algo más de la mitad eran mujeres y tenían una edad promedio de 43 años en el caso de los que revestían como funcionarios públicos y de 37 entre aquellos con vínculos en general temporarios, como becarios, pasantes, los arrendamientos de obras y servicios o los contratados a término. Por escalafones, dentro de esa estructura predominaban los docentes, los administrativos y el personal policial y militar.

    Respecto a fin de 2022, la cantidad de vínculos laborales de empleados públicos se incrementó en 743 y la de no funcionarios lo hizo en 1.022. De esa forma, el personal total que trabaja para el Estado creció en 1.765 (0,6%), surge de la información recopilada por la Oficina Nacional del Servicio Civil (ONSC) entregada este 30 de junio al Parlamento por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de Rendición de Cuentas de 2023.

    Si se compara con el cierre de 2019, dos meses antes de que el Frente Amplio dejara el gobierno, la plantilla era ligeramente más chica. Entonces había 312.878 vínculos laborales.

    El gasto en remuneraciones realizado por los organismos vinculados al Presupuesto Nacional equivalió el año pasado a US$ 6.249 millones. Representó casi 30% del presupuesto global, conforme con la Rendición de Cuentas.

    Abatir el gasto público, incluido el relacionado con salarios y compensaciones a los burócratas públicos como parte de un “shock de austeridad”, era una propuesta de campaña en 2019 del hoy presidente Luis Lacalle Pou. Al inicio de su administración decretó un tope al llenado de vacantes (a una de cada tres), una restricción que tuvo algunas flexibilizaciones a solicitud de ciertos organismos que alegaron dificultades para funcionar con menos personal.

    La ministra de Economía, Azucena Arbeleche, considera que se hicieron avances en esta área a lo largo del período. Entrevistada en el evento Desayunos Búsqueda, en setiembre de 2023, recordó que por entonces se habían terminado de reglamentar varias reestructuras ministeriales. “La visión es que no hay que hacer una megarreforma sino que ir haciendo reformas pequeñas” para “ser más eficientes con los recursos del Estado”, indicó.

    Interrogada acerca de una plantilla que, en grandes números, a lo largo de los años oscila en torno a los 300.000 vínculos, Arbeleche contestó que “la palabra no es recorte, aquí la palabra es racionalizar y tener sentido común. Cuando se habla de recorte parece que van a haber despidos. Eso no está sobre la mesa. Sí ser muy cuidadoso” al “completar las vacantes (…). Lo que importa es que hay un abordaje diferente del uso de los recursos públicos”, que “no son del Ministerio de Economía, son de los uruguayos y vienen de los impuestos. Estamos hablando de la plata de los uruguayos”.

    En la actual campaña electoral han vuelto a aparecer alusiones a la eficiencia del Estado, algunas con medidas concretas. Un ejemplo es el programa del candidato blanco Álvaro Delgado, que propone reducir la cantidad de vínculos laborales con el Estado a razón del 1% anual, lo que permitiría tener 15.000 menos al final del quinquenio.

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    Cantidad

    El relevamiento anual de la ONSC abarca a todos los incisos de la administración pública (del 1 al 98) y al Congreso de Intendentes.

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    El mayor aumento de vínculos de funcionarios públicos el año pasado ocurrió en los organismos del artículo 220 de la Constitución; cerraron el 2023 con 152.693, 1.499 más que en 2022. Se explicó casi en su totalidad por la incorporación (1.485) de personal en la Administración de Servicios de Salud del Estado, en su mayoría por provisoriatos.

    En su conjunto, el Poder Ejecutivo redujo 518 vínculos, a 75.353. Los incisos que informaron mayores disminuciones fueron los de los ministerios de Ganadería (450), Defensa (270) y Transporte (136). Interior, por el aumento de efectivos policiales, fue el que más amplió su plantilla en 2023 (542).

    El Poder Legislativo disminuyó en 46 sus vínculos con calidad de funcionarios públicos, a 1.065.

    En los organismos del artículo 221 de la Constitución hubo 404 vínculos de funcionarios públicos menos; totalizaron 29.649. Las principales bajas ocurrieron en Antel (169) y en OSE (142).

    Los gobiernos departamentales en su conjunto engrosaron en 212 la cantidad de vínculos con calidad de funcionarios públicos —totalizaron 38.908—, en particular Montevideo (114), Rivera y Soriano (112 en ambos casos).

    Los no funcionarios aumentaron con respecto a 2022 en todos los grupos de organismos: 76 en el Poder Legislativo, 435 en el Ejecutivo —con 357 del Ministerio del Interior—, 24 en los organismos del artículo 220, 177 en aquellos del artículo 221 y 310 en los gobiernos departamentales.

    Contabilizadas aparte, el informe de la ONSC también trae datos sobre las personas de derecho público no estatal y las entidades de propiedad estatal en las que el Estado o cualquier entidad pública es el accionista mayoritario, cualquiera sea su naturaleza jurídica. Los releva en el entendido de que, si bien sus empleados no son funcionarios públicos, los alcanzan algunas normas de conducta como la “ley anticorrupción” u otras sobre la responsabilidad en la gestión patrimonial.

    Al cierre del año pasado había 6.736 vínculos con las personas de derecho público no estatal y 2.584 (más 79 integrantes de directorios) con las sociedades en las que, por ejemplo, el Banco República, Ancap, UTE o Antel eran accionistas principales.

    Género, edades y ocupación

    El 56,7% del total de vínculos de empleados públicos a fin del año pasado eran mujeres y 43,3% hombres. La feminización era mayor entre los no funcionarios (60,0%).

    La edad promedio era de 43 entre los empleados y de 37 entre los no funcionarios. La mayor cantidad de vínculos de funcionarios públicos se concentran entre los 30 y los 59 años (79,1% del total).

    Con base en las definiciones realizadas por la ONSC en 2021-2022 como parte de una reforma de la carrera que quedó en suspenso, el informe analiza las ocupaciones para los funcionarios públicos civiles de la administración central.

    Las ocupaciones más frecuentes son las de gestor/a administrativo/a (22%) —predominante tanto en mujeres como en hombres—; fiscalizador/a (6%) y gestor/a de políticas sociales (5%).

    Por inciso del Poder Ejecutivo, la ocupación de gestor/a administrativo/a es la que más se repite en 12 de los 15. Las excepciones son los ministerios de Ganadería (predomina el inspector/a), Desarrollo Social (gestor/a de políticas sociales) y Ambiente (analista de ambiente y recursos naturales).

    Entre las ocupaciones con menos personal identificadas por la ONSC figuran, por ejemplo, un partero/a, dos traductores, un intérprete de señas, tres asesores en seguridad de la información y siete examinadores de marcas.

    Cuotas

    Una ley vigente obliga a reservar un mínimo de 4% de los puestos en el Estado a ser llenados en el año para el ingreso de personas con discapacidad. En 2023, sólo se dio cabida a 121 personas —en ocho organismos—, un 0,99% de las incorporaciones totales, si bien la cantidad se multiplicó por 3,5 respecto a 2022.

    A su vez, el año pasado entraron a trabajar 398 personas afrodescendientes, lo que representa el 1,84% de los ingresos en los organismos del Estado y las personas jurídicas de derecho público no estatal. Ese porcentaje está por debajo de la reserva legal para ese colectivo del 8%. Sólo siete instituciones cumplieron con la norma.

    Once personas trans ingresaron a trabajar al Estado, un 0,06% de las incorporaciones totales de 2023. La ley 19.684 establece que se debe destinar el 1% de los puestos de trabajo a producirse en un año para el ingreso al ámbito de la administración pública de este colectivo.