Ese deterioro en torno a la pesca es, al mismo tiempo, institucional. En lo simbólico —al referirnos a la sigla del Ministerio de Ganadería y Pesca, “siempre hablamos de Ministerio de Ganadería; a veces, de Ministerio de Ganadería y Agricultura, y es probable que muy pocas veces lleguemos a la pe del fondo”, de Pesca, reconoció el subsecretario, Matías Carámbula— y también de manera concreta, porque la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara) tiene hoy una capacidad de fiscalización “muy acotada”, por las limitaciones de recursos humanos y presupuestales.
“Probablemente, el deterioro institucional del Estado en torno a la pesca no explique la situación actual del sector”, pero “hay un proceso que acompaña esta crisis, que no es de hoy, porque hay factores que se han venido acumulando en el tiempo”, reflexionó Carámbula al comparecer el martes 1º ante la Comisión de Ganadería, Agricultura y Pesca de la Cámara de Diputados. Junto con la directora de la Dinara, Yamila Olivera, y asesores de la cartera, describió un panorama preocupante para el rubro, aunque comunicaron la intención de tomar medidas para tratar de sacarlo a flote: el gobierno elaborará un plan nacional de desarrollo pesquero y acuícola.
La pesca industrial involucra barcos mayores a 10 toneladas de registro bruto. “Las pesquerías se han visto bastante reducidas”, afirmó.
Los permisos se dan por especie. En la categoría A, para pesca de merluza y su fauna acompañante, había 13 embarcaciones habilitadas en 2024. “Es verdad que tenemos una flota bastante añeja, con un promedio de antigüedad de 15 años o más”, comentó la jerarca. Eran 33 los buques para la categoría B, que capturan corvina, pescadilla y las especies costeras; su antigüedad promedio ronda los 35 años, aunque algunos barcos “tienen ya 50 o 60 años de operabilidad”, describió.
La categoría C abarca a las demás especies, como el cangrejo rojo, la merluza negra, el atún, el pulpo y el calamar; los buques son siete, con un promedio de 15 años.
En los últimos años, desde 2020, el empleo en el sector cayó de algo más de 3.000 a 2.000 personas dedicadas a la pesca como actividad principal, informó.
Pescadores
Un barco de pesca artesanal en el puerto de Piriápolis
Daniel Rodriguez / adhocFOTOS
La pesca artesanal se realiza en embarcaciones —610 en 2024— de menos de 13,8 metros de largo (eslora). Los permisos son por zonas y las capturas aumentaron su participación a la cuarta parte en la pesca nacional total, en cierta medida porque hace unos años la Dinara comenzó a exigir que los partes de pesca artesanal se entreguen “en tiempo y forma y confiables”.
El rubro pesquero, que hace pocos años representaba un 2,5% de las exportaciones totales del país, pasó a ser 1% en 2022.
“O sea que veníamos decayendo en la cantidad de barcos y en la cantidad de empleo, y esto refleja también la disminución que hemos tenido también con la diversificación” de las especies, con las más tradicionales “sobreexplotadas”, resumió la directora de la Dinara.
Como dato positivo, señaló el incremento en la exportación de pescado entero congelado, aunque admitió que “no tiene un valor agregado”. También rescató algunos proyectos vinculados con la acuicultura en los que la Dinara participa haciendo investigación y la actividad de “dos empresas bastante grandes, que están como hace ocho años en Uruguay, que son las del caviar, en el río Negro y en Polanco”, una producción apreciada “en algunos restaurantes internacionales “como de las “mejores”.
“Pulpos”, crisis y plan
La repartición del MGAP encargada de monitorear este sector también tuvo una reducción de su plantilla, que pasó de 165 en 2005 a 101 funcionarios en 2024, con la consiguiente “pérdida de conocimiento técnico e institucional”, observó Olivera. Son “multifuncionales” y actúan “como un pulpo”, atendiendo “un montón de temas a la vez, porque hay que seguir haciendo las cosas y cada vez hay menos personal”, comparó la jerarca, sin salirse de su rubro.
“Hay que visibilizar que la crisis pesquera, en realidad, es algo que viene desde hace años ya, y siempre ha habido algunos que otros conflictos. El año pasado la pesca estuvo parada ocho meses”, recordó. En 2024 se le dio apoyo con una reducción de la “tasa de pesca” a la mitad durante un año, y del 10% y 20% en años siguientes, además de la jubilación bonificada y las tarifas energéticas, entre otras medidas.
Mirando para adelante, las autoridades del MGAP dijeron que “los objetivos del quinquenio, a los 50 años del último plan pesquero en el país, implican que se vuelve imprescindible replantear la actividad pesquera y acuícola nacional”.
Carámbula anticipó que se va a implementar un plan nacional de desarrollo pesquero y acuícola que “consolide una política de Estado orientada, una gestión soberana, equitativa y sostenible de los recursos acuáticos”. En sus líneas estratégicas figura, por ejemplo, el propósito de “salir de estas especies objetivo tradicionales, que ya muestran una sobreexplotación, como la corvina y la merluza, y empezar a buscar nuevos recursos”, aseguró. También la negociación de cupos de pesca con Argentina, la reglamentación este año del Fondo de Desarrollo Pesquero —previsto en la “ley de pesca” de 2012—, la intención de dar “incentivos” al sector y abrir mercados “con foco en el valor agregado”. Según dijo, los ejes transversales de ese plan tienen que ver con el empleo, la gobernanza, la capacitación y la infraestructura.
“Lo único que hemos conseguido en estos últimos tiempos es tener un sector que no genera ningún ambiente de inversión en los niveles que mencioné: público, privado, de empresas, nacional, extranjero”, reconoció el subsecretario, alentando a asumir “responsabilidad” para dar un golpe de timón.
“Yo creo que si realmente empezáramos a demostrar la importancia que tiene la pesca, cambiarían muchísimas cosas. El tema de la crisis también tiene que ver con lo que hablaba con diferentes actores. Si en un año logramos que los barcos entren y salgan todo el tiempo, cambia un poco la perspectiva de la pesca, se le da esa importancia que debe tener”, reflexionó Olivera.
“Ahora ya estamos en plena zafra y estamos parados nuevamente. Creo que uno de los grandes problemas que tenemos es esto de los trabajadores y de las empresas. Son cinco empresas, 50 barcos, y no hemos podido lograr tener dos años corridos sin problemas; ese es uno de los factores que incide”, lamentó.
¿Carne o pescado?
Olivera planteó ante los legisladores la necesidad de darle importancia al pescado también en la dieta de los uruguayos. “Estamos en un lugar geográfico superimportante y creo que tenemos que empezar a dejar la carne y empezar a consumir más pescado. Esa es la idea que tenemos”. El comentario provocó dialogados en la comisión y luego ella acotó que la intención es “variar un poco el consumo hacia la carne de pescado”.
El subsecretario amplió y dijo que se trabaja en una “articulación interinstitucional” para “recomponer, fortalecer y proyectar el sistema de compras públicas de alimentos, que no es solo la pesca, sino que, en realidad, engloba otros productos. Y ahí, a través del INDA (Instituto Nacional de Alimentación), los gobiernos departamentales, la educación, indudablemente el Ministerio de Ganadería y otros asesores del Estado estamos como armando algo”.
Admitió que “el tema de la pesca, indudablemente, es un desafío que pueda ser parte de la propuesta de alimentación, particularmente escolar; ese puede ser un objetivo concreto”. En ese sentido, se entusiasmó porque ya hay una cooperativa de pescadores, en Andresito, que se registró y entró al sistema de compras públicas de alimentos.