Problemas en la caminería rural “no se resuelven por un cambio de jurisdicción”, dice ministra de Transporte

En la década de los 90, un conjunto de leyes desafectaron de forma paulatina los caminos rurales de la órbita de la Dirección Nacional de Vialidad del MTOP y hoy su gestión es de potestad absoluta de los gobiernos departamentales.

Un viejo problema

En la red social Facebook, la Asociación Nacional de Control y Participación Ciudadana comparte denuncias que recibe desde distintos puntos del país. Vecinos señalan aparentes irregularidades en el mantenimiento de los caminos que resultan en su mal estado. Por ejemplo, publican un video de Río Negro sobre el Paso de los Mellizos donde un productor rural remolca una patrulla policial con su tractor. En el mismo departamento, en Pueblo Sauce, afirman que los niños suelen perder días de clase por la intransitabilidad de los caminos. “Tenemos tambo y cuando llueve no me levantan la leche porque no pueden transitar”, comentó otro vecino en una de las publicaciones.

Este tipo de problemas se acumulan desde hace “muchísimos años” y afectan a todos los rubros productivos, aseguró en mayo el presidente de la Asociación Agropecuaria de Artigas, Juan José Senattore en el suplemento Agro de Búsqueda. Las citrícolas, relató, solo pueden trabajar con camiones “amortiguadores de aire” porque, de lo contrario, la fruta llega en mal estado; los productores ganaderos en algunos puntos del interior deben trasladar el ganado en tropa hasta una ruta para poder embarcarlo; y los servicios de salud se ven perjudicados en el traslado de pacientes.

Senattore comentó además que “siempre hay un desvío (de fondos) de la intendencia” hacia otros destinos que no son la caminería rural. Una expresión similar —y polémica— fue la de Alfredo Fratti, actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, que en el último Congreso Anual de la Federación Rural celebrado a principios de junio dijo que el dinero enviado a las intendencias se “borronea”.

De inmediato, el ahora jefe departamental de Rocha, Alejo Umpiérrez, lo acusó en la red social X de “agraviar a las intendencias sin pruebas” y apuntó que los fondos que provee la OPP “son absolutamente insuficientes”. Añadió que la caminería rural “debe de ser asumida por el gobierno nacional” porque “por ella sale toda la producción nacional sobre la cual el Poder Ejecutivo cobra todos los impuestos nacionales”. Al mismo tiempo, según el intendente rochense, los gobiernos departamentales “solo cobran la contribución rural, que significa un ingreso muy bajo para hacer frente a todo lo que se exige”.

El mes pasado, en la 54ª Sesión Plenaria del Congreso de Intendentes, el intendente electo de Florida, Carlos Enciso, también había reclamado que “todos los departamentos” sufren la presión del tráfico y el tonelaje de los vehículos pesados en su caminería rural porque “son vías de paso que pasan por el departamento sin tributar nada”. Agregó que es “injusto” que las intendencias deban “subvencionar” las roturas, dado que “ni siquiera se deben a la producción local”.

¿Cómo solucionamos?

En el último Congreso anual de la Federación Rural, se resolvió plantear al gobierno nacional la posibilidad de que en la Ley de Presupuesto se incluya el traslado de la gestión de 800 kilómetros de caminería rural al MTOP, un reclamo similar al de la Asociación de Participación Ciudadana. El presidente de esa gremial del agro había denunciado un mes antes en Medios Públicos repetidas dificultades para mantener un “diálogo fluido” con los gobiernos departamentales sobre este tema. Incluso, había solicitado audiencia con el Congreso de Intendentes, sin obtener respuesta.

Consultada por Búsqueda, la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry, consideró que los problemas en la caminería rural “no se resuelven por un cambio de jurisdicción”, por lo que es necesario consolidar “ámbitos de diálogo” para diseñar “mejores alternativas”.

También se debería analizar “la subejecución de varias intendencias” de los recursos del Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos o “cómo efectivamente se aplicaron los recursos del Proyecto 999 de mantenimiento”.

Apuntó además a las “dificultades” del gobierno anterior, donde “no se avanzó en el análisis de los indicadores” ni se realizaron certificaciones de las obras por parte de la OPP, por lo que “no se tuvo asesoramiento técnico a los efectos del mejor desempeño de la tarea”.

El Área de Descentralización de la OPP decidió revocar un criterio del gobierno anterior donde las transferencias destinadas a los gobiernos departamentales para el mantenimiento de caminería rural no necesitaban de la certificación de técnicos de esa oficina, sino que bastaba con una certificación de la propia intendencia.

Más recientemente, el director del área, José Manuel Arenas, agregó a Búsqueda que se comenzó a solicitar a las intendencias una declaración firmada por el encargado de caminería rural en donde “asegure bajo juramento que las obras se hicieron bajo los manuales que distribuye OPP y las reglas de buenas prácticas que rigen en arquitectura y en la ingeniería vial”. Esto sería como paso previo y condicional para que estas reciban la transferencia.

Actualmente, Descentralización de la OPP se encuentra en etapa de retomar sus equipos técnicos —que el gobierno anterior “desarticuló”— para inspeccionar las obras. Para eso evalúa un nuevo convenio con la Facultad de Ingeniería como apoyo adicional.

La Comisión Sectorial de Descentralización que funciona en el Congreso de Intendentes, evaluará hoy, jueves 17, algunos “avances” en el Programa de Mejora de Caminos Rurales Productivos, donde se presentarán certificaciones por unos $ 40 millones. En cuanto al Proyecto 999, se informará una ejecución acumulada de 71% para este año.