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    Centro Militar rechaza que Fuerzas Armadas combatan el narcotráfico porque sus miembros pueden terminar presos, como sucedió tras la dictadura

    Para el centro que agrupa a militares retirados “está fuera de discusión que la entidad y poder del narcotráfico es varias decenas de veces más amenazante” que “la subversión marxista” de fines de los años 60 e inicios de los 70

    El Centro Militar, una de las principales instituciones que agrupa a retirados de las Fuerzas Armadas (FF.AA.), criticó las propuestas de dirigentes políticos oficialistas que pretenden involucrar a los militares en el combate contra el crimen organizado. En un paralelismo con lo sucedido tras la última dictadura, señaló que la participación de los militares en esa “guerra” puede derivar en que terminen encarcelados.

    “¿Con qué rostro el Estado o los que aspiran a conducirlo se atreven a proponer que las FF.AA. se envuelvan en una guerra que cualquiera sea el resultado en pocos años se puede convertir en una perversa celada para terminar sus miembros recluidos de por vida?”, cuestiona el editorial de la edición de setiembre de El Soldado, la revista oficial de la institución.

    El Centro Militar es presidido por Carlos Silva Valiente, coronel retirado del Ejército Nacional, que finaliza este año su gestión al frente de la institución. En el editorial de la revista, Silva Valiente realiza un balance de los puntos más importantes en los que las Fuerzas Armadas tienen que enfocarse actualmente. Menciona las condiciones de equipamiento y de materiales con los cuales trabajan el Ejército, la Armada Nacional y la Fuerza Aérea; la difícil situación económica y social en la que viven los militares, sobre todo los de rangos más bajos; y, en última instancia, hace referencia a la relación entre el sistema político y las Fuerzas Armadas.

    En ese punto, señala que ciertos dirigentes “piden o exigen que los militares asuman” la lucha contra el narcotráfico. “¿Acaso creen que pueden utilizarlos y luego deshacerse de ellos como si fueran un desecho una vez que hayan cumplido, con rectitud y abnegación, la misión asignada?”, cuestiona.

    El editorial lamenta que la situación actual recuerde a los años previos a la última dictadura cívico-militar (1973-1985), cuando sectores del sistema político apoyaron la creciente participación de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública del país. Esta dinámica culminó en un régimen de facto, con casi 200 personas torturadas, asesinadas y desaparecidas y casi 100 personas juzgadas posteriormente por los crímenes cometidos en el período dictatorial. Para el Centro Militar, tras la dictadura los políticos no apoyaron a los militares y temen que lo mismo pueda repetirse ahora en el contexto del narcotráfico.

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    Familiares de militares presos durante un acto en la Torre Ejecutiva en 2023

    Familiares de militares presos durante un acto en la Torre Ejecutiva en 2023

    “Cuando en 1972 el sistema político reconoció la incapacidad para afrontar la guerra que el marxismo desató contra el país y el Estado, se llamó de urgencia a las FF.AA. para que respondieran de manera condigna y salvaguardaran las instituciones y aseguraran la paz en la República. Los políticos de entonces acompañaron. Años después los militares comenzaron a ser hostigados y despreciados”, afirma la publicación, que reprocha “el silencio y la indiferencia” de la clase política en todo este tiempo.

    Junto con otras organizaciones y con los familiares de militares, policías y civiles presos por violaciones a los derechos humanos, el Centro Militar ha sido activo en pedir al gobierno por su liberación, en especial durante el actual gobierno. Llevaron adelante manifestaciones frente a la Torre Ejecutiva e incluso plantearon soluciones ante las Naciones Unidas. Para el Centro Militar “los militares y policías que enfrentaron la subversión resultaron condenados infamemente”, ya que se trata de prisioneros políticos que actuaron a pedido del Estado y en defensa de las instituciones democráticas.

    “Ancianos que sobrepasan los 70 y los 80 años, enfermos, enclenques, desfallecientes fueron y todavía son cruelmente separados de sus familias y terminan encerrados sin ninguna consideración. La traición del sistema no puede ser más grande; es una abominación de todo lo santo y de todo lo moral que debe haber en la conducción y sostén de los bienes de la República”, argumenta el editorial.

    ¿Cuál es la postura del Centro Militar sobre las Fuerzas Armadas en la calle?

    Amparados por una ley aprobada en el último gobierno del Frente Amplio, desde marzo de 2020 los militares patrullan distintos puntos de la frontera con jurisdicción para inspeccionar vehículos y registrar personas con el objetivo de disuadir actividades ilícitas y actuar ante delitos flagrantes. En un inicio el patrullaje se centró en el narcotráfico y en la frontera seca con Brasil, a cargo del Ejército. Luego se incorporó a la Armada en los límites fluviales con Argentina. Meses atrás el Ministerio de Defensa Nacional decidió aumentar la acción militar más allá del narcotráfico y sumó como prioridad el control del tráfico y la explotación de personas.

    Para el Centro Militar “está fuera de discusión que la entidad y poder del narcotráfico es varias decenas de veces más amenazante” que “la subversión marxista” de fines de los años 60 e inicios de la década de los 70. “Fue un espanto para la sociedad” pero “en términos comparativos —de armas, de víctimas, de personas armadas desafiando los poderes del Estado— tuvo un tamaño bastante menor a este flagelo que no tiene miras de menguar”, compara respecto al narcotráfico. Y añade: “El problema es que seguirá creciendo e inevitablemente se sumarán voces cada vez más perentorias solicitando que la guerra sea librada por los profesionales de la guerra, que son los soldados; porque es indiscutible que se trata de una guerra crispada, diversa, desmedidamente violenta y sin duda de largo trámite”.

    Uruguay se ha convertido en una escala usual de rutas marítimas y organizaciones globales que utilizan el río Uruguay, el Río de la Plata y el océano Atlántico para despachar megacargamentos de cocaína a Europa y también en refugio para el lavado de activos provenientes del tráfico de drogas internacional. Además, el microtráfico y el narcomenudeo de sustancias como la pasta base generó un entramado delictivo de bandas locales que pululan en zonas metropolitanas y resuelven sus diferencias con homicidios, lo que afecta sensiblemente los índices de violencia e inseguridad dentro del país.

    El senador Jorge Gandini, del Partido Nacional, es uno de los más enérgicos en reclamar la intervención de las Fuerzas Armadas en ciertas zonas de Montevideo y Canelones para intentar solucionar un problema complejo para la Policía Nacional. Gandini, posicionado en quinto lugar por la lista de senadores del sector Aire Fresco en las próximas elecciones, presentó su idea en persona al presidente Luis Lacalle Pou.

    También Gustavo Zubía, actual diputado y candidato al Parlamento por el Partido Colorado, insiste en la necesidad de que los militares actúen en la vía pública, con énfasis en patrullar zonas especialmente conflictivas de barrios de la capital.

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    Jorge Gandini durante un acto electoral del Partido Nacional

    Jorge Gandini durante un acto electoral del Partido Nacional

    Las propuestas, sin embargo, no han contado con impulso desde el Ministerio de Defensa, desde las propias Fuerzas Armadas ni desde distintos sectores ligados al ámbito militar. “Tenemos que blindar las fronteras mediante el control terrestre, aéreo y marítimo. Para ello debemos contar con los recursos necesarios, y en esa función de blindaje de las fronteras sí las Fuerzas Armadas pueden ser protagonistas, no en otras funciones como algunos proponen”, sostuvo Guido Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército y candidato presidencial por Cabildo Abierto. Manini Ríos manifestó su posición dos semanas atrás durante una charla en la Escuela Naval a integrantes de la Armada.

    Gustavo Sánchez Paleo, comisario general retirado de la Policía y asesor en seguridad de Cabildo Abierto, calificó de “demagogos” a quienes promueven que los militares compartan funciones operativas en la calle con la Policía. “¿Qué quieren? ¿Ponerlos en las esquinas como maniquíes para que hagan tiro al blanco con ellos?”, ironizó.

    Más allá de las opiniones individuales, el programa de gobierno 2025-2030 del Partido Nacional no se refiere al tema, aunque propone la creación de un Grupo Especial Conjunto contra el Crimen Organizado y el Narcotráfico, “el cual estará integrado por funcionarios de todas las dependencias estatales con vinculación en la tarea investigativa”.

    Por su parte, el programa del candidato colorado Andrés Ojeda advierte que el crimen organizado transnacional se “presenta como la amenaza más importante” que enfrenta Uruguay. “La temática también requiere la colaboración de las Fuerzas Armadas”, sostiene. Llama a una mayor colaboración de la Armada en el control de los contenedores de los puertos nacionales y en la protección del espacio marítimo uruguayo y de la Fuerza Aérea al aumentar el número de radares e “instrumentar mecanismos precisos para el control de aeronaves que circulen por el espacio aéreo nacional con la toma de decisiones represivas para los casos que así lo ameriten”.

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