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El 18 de diciembre de 2024, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) tomó la decisión de expulsar a dos dirigentes del sindicato tras comprobar que estaban vinculados a manejos irregulares de dinero del Fondo Social de Vivienda de Obreros de la Construcción (Fosvoc).
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El Comité Ejecutivo del sindicato decidió que esa misma medida se le aplicaría a cualquier otro integrante cuando se probara un vínculo con maniobras que estuvieran por fuera de los mecanismos establecidos para acceder a los beneficios que brinda el Fosvoc.
La expulsión de Santiago Bernaola y Victor Rivero, ambos integrantes de la lista 658 vinculada al Partido Comunista, marcó el inicio de un camino que sacudió la interna del Sunca durante todo el 2025. En enero comenzó la investigación de la Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos de 3er turno, a raíz de una denuncia presentada por la directiva del Fosvoc, compuesta por dos representantes sindicales y dos del sector empresarial de la construcción.
Bernaola, Rivero y Bruno Bertolio, quien fue presidente del Fosvoc en representación del Sunca, fueron condenados en la causa en junio. Para ese entonces, las maniobras de desvío de dinero investigadas superaban los US$ 1,1 millones.
Expulsiones de dirigentes
En paralelo a la investigación de Fiscalía, el sindicato expulsó por tener algún tipo de participación en los desvíos de dinero en el Fosvoc a 10 dirigentes.
Un año después de aquellas primeras expulsiones, el Sunca sigue en medio de tensiones internas asociadas a las irregularidades en el Fosvoc. El pasado lunes 8, una reunión del Comité Ejecutivo Nacional del sindicato que había empezado a las 14 horas se extendió hasta las dos de la madrugada. El último punto que abordaron los 15 miembros de ese órgano fue una discusión sobre las eventuales responsabilidades políticas y sanciones a un conjunto de dirigentes por asuntos vinculados al Fosvoc, dijeron a Búsqueda fuentes sindicales. Para algunos de estos casos se planteó la posibilidad de expulsión.
Sin llegar a un acuerdo respecto a cómo proceder, la reunión pasó a un “cuarto intermedio”.
Michael Pistone, integrante del Comité Ejecutivo Nacional del Sunca por la lista 14411, dijo a Búsqueda que aún no hay fecha definida para retomar la discusión. Según dijo, las situaciones en debate involucran a “seis o siete” dirigentes.
A diferencia de casos anteriores, señaló que en varios de estos casos “no es tan clara la maniobra”. Eso lleva a que existan distintas posiciones sobre si corresponde o no aplicar la resolución del 18 de diciembre de 2024 de expulsar a todos los involucrados en irregularidades vinculadas al Fosvoc.
“Se va a analizar caso por caso”, dijo Pistone, secretario general del Sunca en Maldonado. El dirigente señaló que en algunas de las situaciones en análisis hay quienes sostienen que los documentos no permiten confirmar que exista una falta. También hay casos en los que los implicados dicen que los documentos que los involucran son falsos y que nunca recibieron dinero del fondo.
Pistone adelantó la posición de su lista: “Si alguien se aprovecha de la responsabilidad que tiene para hacer trámites especiales a beneficio propio o de algún allegado es una falta grave”.
Lista 658
Fuentes sindicales indicaron a Búsqueda que también hay situaciones en las que no se acusa a los implicados de cometer delitos o irregularidades, sino de actuar con “negligencia” y ser omisos a la hora de ejercer “controles”.
La lista 658 tiene la amplia mayoría del Comité Ejecutivo Nacional con 11 de los 15 cargos. Casi todos los casos que se pide analizar involucran a dirigentes de esa agrupación.
De acuerdo con las fuentes consultadas por Búsqueda, la corriente Manuel Barrios —principal fuerza opositora— insistió en el Comité Ejecutivo en que estos casos deben analizarse y deben definirse “responsabilidades políticas”. En particular apuntaron en la reunión a la necesidad de aclarar una situación que involucra al secretario general del Sunca, Javier Díaz.
En 2019 el Fosvoc le otorgó a Díaz —que también es vicepresidente del PIT-CNT— una “partida especial” de unos $ 160.000 que se cobró mediante un cheque. Él asegura que no solicitó esa partida y que nunca recibió el dinero. Como entre los documentos asociados al trámite figura una fotocopia de su cédula y una firma presuntamente suya, el dirigente se sometió a una pericia caligráfica cuyo resultado no se dio a conocer. Por un caso similar, el exsecretario general del Sunca, Daniel Diverio, también se sometió a una pericia caligráfica que determinó que su firma había sido falsificada.
El presidente del Sunca, Richard Ferreira, consultado sobre la discusión del lunes 8, dijo a Búsqueda que el sindicato no actúa “sobre supuestos”. Reivindicó la resolución tomada en diciembre de 2024 de expulsar a todo dirigente o militante implicado en maniobras irregulares vinculadas al Fosvoc, pero dijo que para tomar decisiones como esa deben existir hechos “corroborados”.
El dirigente defendió las expulsiones que hicieron hasta ahora. “Tenemos la convicción de que esas personas estuvieron involucradas”, dijo. Y marcó, en ese sentido, una diferencia respecto a algunas de las situaciones que fueron objeto de discusión en el último Comité Ejecutivo: sostuvo que, si bien pueden existir “muchas opiniones” sobre esos casos, hasta el día de hoy no hay elementos para determinar una expulsión.
